La nueva ley de cultura apuesta por la diversidad cultural. (Foto archivo)
Costa Rica requiere con urgencia una nueva ley de cultura, porque su visión sigue anclada en parámetros de 1970, aseguró Giancarlo Protti, el coordinador de la comisión del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en este campo.
Protti destacó el enorme esfuerzo que han hecho los representantes de los diferentes sectores de la cultura para enriquecer el texto que data del 2009, el cual fue presentado en su oportunidad por la entonces legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Elizabeth Fonseca, hoy presidenta de esa agrupación.
El principal desafío para la comisión y el grupo de apoyo que impulsa la nueva Ley General de Cultura (LGC) y la Política Nacional de Cultura (PNC) es que el texto —validado y consultado con suficiente amplitud— esté listo para que en junio del 2013 lo puedan analizar los diputados.
En criterio del ministro de Cultura y Juventud, Manuel Obregón, Costa Rica necesita de una nueva ley de cultura porque “faltan estímulos a la innovación y la creatividad, y falta reconocimiento de la dimensión productiva de la cultura”.
Ambos puntos son considerados esenciales dentro de la nueva propuesta que articula el MCJ y que deberá pasar por las distintas fases en la Asamblea Legislativa.
Para el coordinador de la nueva Ley General de Cultura, la respuesta de los diferentes grupos ha sido extraordinaria, lo que permitirá moldear una visión de cultura más acorde con los tiempos actuales.
“Costa Rica, que fue uno de los primeros países de América Latina en crear un Ministerio de Cultura, hoy está rezagada en su política pública y cuenta con una ley exigua, que no responde a sus necesidades”, afirmó.
Según Protti, si se comparan las políticas de cultura de Costa Rica con un país de América Latina —como el caso de Colombia—, se notan claras y marcadas diferencias en cuanto a la forma en que se abordan sus problemáticas.
“En la actualidad, tenemos una ley de cultura muy limitada, que no contempla estímulos a la creación, a la promoción, no es una ley que ampara a la cultura como medio para desarrollarse un pueblo y, por lo tanto, no la conecta con lo recreativo, con el desarrollo social, con el ocio y el esparcimiento”.
Percibir a la cultura como un factor de desarrollo y como un mecanismo para incentivar la cultura de la paz y combatir la violencia —como ha sucedido con experiencias en Brasil, por ejemplo— es el viraje que tendrá que dar la visión cultural a la que apunta el nuevo texto, cuyo proceso de consulta y validación ha sido extenso, de acuerdo con Protti.
“Tenemos una visión de cultura heredada de los años 70 y debemos ampliar la visión para integrar a los diferentes grupos”, agregó.
Para Protti, en las condiciones en que se concibe la política cultural en el presente, hacen que “haya una serie de contradicciones” y ello conlleva a la ausencia de una “visión de lo que la cultura puede aportar”.
“Todavía prevalece una visión de cultura basada en las bellas artes y aspiramos a que la nueva ley apueste por la diversidad cultural, es decir, porque haya una amplitud en el concepto de cultura, que incluya la manera en que construimos los valores, la simbología y que tengamos conciencia de que la cultura, en efecto, contribuye con el mejoramiento y la calidad de vida de las personas”.
EL ETERNO CABILDEO
Sobre las posibilidades de que la ley sea aprobada antes de que termine el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, Protti reconoció que una vez que el texto entra en el Congreso puede suceder cualquier cosa, a sabiendas de que las posiciones políticas varían según los nublados del día.
El coordinador de la nueva ley destacó, no obstante, que a la Asamblea llegará un proyecto muy consolidado, cuya base está en que ha convocado a numerosos grupos y estudiosos de la cultura.
“No queremos que se presente un proyecto que los sectores no sientan como suyo y en el que no sea sientan reflejados. Por eso, hemos considerado las opiniones de gente de arquitectura, afrodescendientes, de indígenas, grupos artísticos, entre otros”.
El proyecto para la nueva Ley General de Cultura entró, por primera vez, al Congreso en junio del 2009 y se le asignó el número 17.359 y fue presentado por Fonseca.
El objetivo inicial consistía, expresó en su oportunidad Fonseca, en llenar el vacío que en materia cultural arrastra el país. En ese sentido, la exlegisladora apuntó que en torno a la cultura existían al menos 181 decretos, de los cuales solo 21 estaban en vigencia, lo que equivaldría al 12 por ciento.
Del texto original, si bien no se han desechado todas sus partes, en realidad queda muy poco.
El proyecto de la LGC ha contado con tres etapas. En la primera de ellas intervinieron 669 personas y se hicieron 80 consultas. En la segunda, que incluyó a los “informantes clave” y a los pueblos indígenas, se realizaron “35 talleres, tres grupos focales, 26 entrevistas a profundidad y se consultaron 600 personas”. El proceso de validación convocará a 400 personas y se harán talleres y foros, resaltó Protti.
Como muestra de la amplitud con que se ha pretendido manejar el proceso de consulta y validación, aclaró que han sido sumamente respetuosos con la visión de mundo y la manera en que conciben la cultura los pueblos indígenas del país.
Como el proceso quiso asumirse con suma responsabilidad, expuso que el MCJ contrató al grupo consultor Centro de Acción Pro Derechos Humanos (CAPDH), el cual está conformado por Carmen Lía Meoño, Gonzalo Elizondo, Ana María Trejos y José María Valverde, y ha respondido a las expectativas creadas.
Una cultura que se expande a muchas de las ramas del quehacer humano y que incluso es productiva desde el punto de vista económico son dos de las claves que contempla la nueva Ley General de Cultura.
