La negativa del pueblo cubano a la presión internacional y a la disidencia interna en favor de un proceso de apertura, parece haber sido contundente.
Fidel Castro convocó al parlamento a sesiones extraordinarias con el fin de tramitar la reforma constitucional de la manera más expedita posible.
Más de 8.1 millones de firmas, que representa el 99.2 % del padrón electoral, respaldaron una petición a la Asamblea Nacional para que se reforme la Constitución de 1976 y se declare «intocable» o «intangible» el actual sistema político y económico en Cuba.
La recolección de firmas fue acompañada de una campaña mediática sin precedentes que, durante cuatro días, instó a la ciudadanía a firmar el documento, con el objetivo de demostrarle al mundo que Cuba se encuentra unida ante aquellos que pretenden interferir en sus asuntos internos y en su proceso revolucionario.
La petición de firmas fue realizada por una serie de organizaciones obreras, estudiantiles y femeninas ligadas al Partido Comunista. El inicio de la campaña fue precedido de un multitudinario acto en las calles de La Habana, que reunió a cientos de miles de personas en el Malecón, frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en la isla.
Las cajas con las firmas fueron entregadas al presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, en un acto realizado en la Plaza de la Revolución.
Este excepcional esfuerzo de la maquinaria política no tiene parangón en la historia de la isla. Los motivos que esgrimen los dirigentes comunistas para esta descomunal manifestación de apoyo a la revolución, son las constantes declaraciones del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien ha indicado que no piensa levantar el embargo sobre la nación caribeña, hasta que La Habana no dé signos de un cambio hacia una democracia al estilo occidental y un sistema económico de libre mercado.
Sin embargo, para aquellos críticos del régimen, las razones de este despliegue son otras. El disidente interno Oswaldo Payá, junto a un grupo de personas que el gobierno califica de «contrarrevolucionarias financiadas por Estados Unidos», presentaron el pasado 10 de mayo ante la Asamblea Nacional un documento denominado el «Proyecto Varela».
Ajenos a las intrigas urdidas desde Miami, la idea de Payá y sus compañeros, algunos de ellos funcionarios del Estado cubano que prefieren mantenerse en el anonimato, es reformar el sistema desde adentro, sirviéndose de los mecanismos legales que la Constitución de 1976 deja abiertos para tal efecto.
El «Proyecto Varela», que fue acompañado por más de once mil firmas, pretende la convocatoria a un referéndum sobre un eventual cambio en el sistema político y económico vigente. Algunas de las propuestas son permitir elecciones libres multipartidarias, reconocer la libertad de expresión y la de poseer negocios propios.
La iniciativa era prácticamente desconocida para la población hasta que, en su visita de mayo a Cuba, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, la dio a conocer a través de un discurso emitido sin censura por la radio y la televisión estatales.
Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha dado trámite al «proyecto Varela»; sin embargo, la disidencia considera que la apresurada iniciativa de recoger firmas para proclamar «intocable» el socialismo y el sistema político unipartidista, es una respuesta a esta petición.
El atraso en la tramitación legislativa no ha sido igual para la propuesta gubernamental. En pleno uso de sus facultades como presidente, Fidel Castro ha convocado al parlamento a sesiones extraordinarias con el fin de tramitar la reforma constitucional de la manera más expedita posible.
De este modo, el socialismo de un solo partido se afincaría definitivamente en la isla. Esto se comprueba si se compara el número de firmas que recibió la propuesta gubernamental con las que obtuvo el «Proyecto Varela».
No obstante, la oposición no está de acuerdo con esto. Para los disidentes, las firmas del gobierno fueron recogidas bajo presión.
Los «Comités de Defensa de la Revolución», organizaciones de base que según la oposición sirven al gobierno de policía secreta, se encargaron de verificar quiénes apoyaron la propuesta de reforma constitucional y quiénes están a favor de la iniciativa de la disidencia.
De acuerdo con los que apoyan el «Proyecto Varela», no hubo represión formal para aquellos que se negaron a firmar los papeles del gobierno; pero corren el riesgo de sufrir veladas represalias en sus lugares de trabajo, en las escuelas de sus hijos, en los servicios de salud y en otras instancias del Estado.
Un hecho destacable es que el ejecutivo, así como el Partido Comunista de Cuba (PCC), han declinado referirse a la iniciativa «Varela» directamente. La campaña a favor de la reforma constitucional que perpetuaría el socialismo se ha hecho como si esta propuesta no existiera.
Para los disidentes, sólo la emisión del sufragio secreto en un referéndum con todas las garantías democráticas, podría dar una luz sobre cuáles son las verdaderas posiciones políticas del pueblo.
