Un proyecto de Ley auspiciado por el exgeneral Efraín Ríos Montt, podría otorgar impunidad a los culpables de violaciones a los derechos humanos en Guatemala.
Los acuerdos de paz que pusieron fin en 1996 a casi cuatro décadas de guerra civil en Guatemala, han sido violados sistemáticamente por el gobierno del presidente Alfonso Portillo, lo que pone en riesgo el proceso electoral que culminará con los comicios del próximo 9 de noviembre.
Así lo denunciaron varias organizaciones defensoras de derechos humanos y la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que verifica el proceso de diálogo.
Al menos ocho activistas políticos fueron asesinados en los últimos meses y otros muchos han sido agredidos, extorsionados y amenazados por grupos paramilitares vinculados a la inteligencia castrense.
Detrás de estas y otras violaciones a los derechos humanos, se encuentra una oscura organización que, desde que se firmó la paz en 1996, todos los presidentes han prometido a eliminar: el Estado Mayor Presidencial.
Se trata de una especie de «poder detrás del trono», un canal por medio del cual los militares siguen influyendo en los poderes civiles.El presidente Alonso Portillo ha asegurado que eliminará al Estado Mayor Presidencial antes de que acabe su mandato; no obstante, la persona que mueve los hilos políticos en el gobierno, el exgeneral Efraín Ríos Montt, — presidente del Congreso –, no parece dispuesto a ceder un ápice y planea continuar la guerra sucia que inició cuando derrocó al poder civil mediante un golpe de Estado en 1983.
De acuerdo con la misión de la ONU y las organizaciones de derechos humanos, en el proyecto de ley que eliminaría al Estado Mayor Presidencial se esconde una iniciativa para que los militares que hayan cometido delitos comunes, no puedan ser juzgados en los tribunales ordinarios.
Este es el último as bajo la manga de Ríos Montt, quien está acusado de genocidio y violaciones a los derechos humanos; pero no ha podido ser encausado debido a que goza de inmunidad como diputado.
Es evidente que dentro del fuero castrense, el exmilitar sería exculpado y sus crímenes y los de otros miembros de las fuerzas armadas quedarían impunes.
El otro camino de Ríos Montt para escapar de la cárcel, sería ser elegido presidente en los comicios del 9 de noviembre; sin embargo, su agrupación política apenas tiene un 6% de las intenciones de voto, según las encuestas.
Ante estas circunstancias, la eliminación del Estado Mayor Presidencial, — culpable de las más atroces violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil guatemalteca –, tendría un precio demasiado alto: la impunidad de los asesinos que lo conformaban.
MÁS VIOLENCIA
La nueva situación jurídica de los miembros de las fuerzas armadas, haría que incluso los juicios ya realizados pudieran recurrirse. De esta manera, los responsables del crimen del obispo Juan Gerardi quedarían en libertad.
Con los antecedentes que presenta la situación política en estos días, pareciera que la democracia guatemalteca sigue tutelada desde los cuarteles.
Desde la prensa, también se acusa a la cúpula castrense de estar tejiendo una conspiración contra la estabilidad constitucional.
Juan Luis Font, director de El Periódico, ha denunciado las amenazas que se le han hecho a él y a su familia. Algo similar ocurre con muchos otros comunicadores, que ejercen la libertad de expresión bajo la sombra de que, en cualquier momento, pueden aparecer muertos.
Otra de las denuncias de la ONU es que el presupuesto militar ha aumentado, en lugar de recortarse, como establecían los acuerdos de paz.
Además, en las últimas semanas el ejército ha intervenido en acciones contra la delincuencia común, que deberían ser ejecutadas exclusivamente por la Policía Nacional Civil.
Esta intromisión en asuntos que no le corresponden a la milicia, hace que muchos sectores teman una nueva escalada de violencia política.
Por esta razón, los partidos políticos guatemaltecos firmaron un acuerdo para tratar de evitar enfrentamientos violentos de cara a la campaña política.
No obstante, este acuerdo es nulo si los que encabezan el ataque contra la democracia se esconden en los cuarteles y bajo fueros jurídicos especiales.
