Álvaro Colom, presidente de Guatemala: Lucha contra el narcotráfico llega al límite de capacidad institucional

Un dramático llamamiento a la comunidad internacional hizo el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, al advertir que estaba “llegando al límite de nuestra capacidad

Un dramático llamamiento a la comunidad internacional hizo el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, al advertir que estaba “llegando al límite de nuestra capacidad institucional” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El reciente asesinato de 27 campesinos en el departamento del Petén, fronterizo con México y Belice, provocó estupor en Guatemala. Ahí hablan de narcotraficantes jugando fútbol con la cabeza de sus víctimas.

O, como explicaba un taxista: – Yo trabajo de 5: a.m. a la 10:00 p.m. Tengo que darle 150 quetzales al dueño del carro (unos 20 dólares) y poner otros 100 de gasolina. Al final de un día bueno, puedo ganar unos 250 o 300 quetzales. Y, el domingo, el carro es mío, no tengo que pagarle nada al dueño.

O sea, para vivir trabaja ¡17 horas diarias!

La otra opción, me dice, es manejar unas busetas rojas, que usan para el transporte urbano. El problema es que las maras exigen de 10 a 15 mil quetzales de “impuesto” para que empiece a trabajar, además de una cuota mensual. Si no pagan, advierten, los matamos.

ÍNDICE DE HOMICIDIOS

Esa es la realidad humana que subyace detrás de las cifras. Un estudio del Banco Mundial (BM) difundido la semana pasada en Guatemala, durante la “Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica” –la cual contó con la presencia de los presidentes de los países de la región, incluyendo México y Colombia, y las responsables de la cartera de política exterior de Estados Unidos y España, Hillary Clinton y Trinidad Jiménez–, citaba impresionantes índices de homicidios en Centroamérica. La región tiene una población similar a la de España, de poco más de 45 millones de habitantes. Sin embargo, aquí se producen casi 40 asesinatos diarios, mientras que en España ocurre cerca de uno por día.

Lo que se usa para medir esa expresión extrema de violencia es un indicador de homicidios por cada cien mil habitantes. En Centroamérica, El Salvador encabeza la lista, con 58, seguido por Guatemala y Honduras, con 45 y 43, respectivamente. Para comparar, Nicaragua tiene 14 y, Costa Rica, apenas 8. En México, donde los crímenes provocan horror por su violencia, este índice es de 11; y de 37, en Colombia, otro país donde el narcotráfico se ha implantado fuertemente en la sociedad.

La tasa de homicidios para toda Centroamérica, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es la más alta de América Latina. Son 33,3 asesinatos por cada cien mil habitantes, una cifra que cuadruplica el promedio mundial, el cual es de 8. Una violencia que, según los expertos, tiene como origen el crimen organizado, principalmente el narcotráfico.

COSTOS

Los organismos internacionales desarrollaron diversas fórmulas para calcular el costo de la violencia y del crimen. El mismo estudio del Banco Mundial indica que eso le costó a Guatemala $2.291 millones en el 2008, lo que representó 7,7% de su Producto Interno Bruto (PIB). A El Salvador le costó algo menos: $2.010 millones; pero, como su economía es menor que la de Guatemala, esta cifra representó 10,8% del PIB.

Se puede discutir estos cálculos, pero son indicadores generalmente citados en estudios sobre el tema y dan una dimensión del problema económico que representan. Pero hay otra cifra que ayuda a dimensionar el desafío del narcotráfico para América Central: un kilo de cocaína tiene un costo aproximado de mil dólares en la costa caribeña de Colombia. Un precio que aumenta rápidamente a medida en que circula por la región, hasta llegar a los $13 mil en Guatemala. De ahí a Estados Unidos, el principal mercado consumidor, su valor de venta mayorista supera ligeramente los $30 mil. Ya en las calles, en la venta al menudeo, los mil dólares originales, que costaba el kilo de cocaína en Colombia, se habrán transformado en más de cien mil.

“Los recursos de los traficantes son enormes”, afirma el estudio del BM. El valor agregado de la cocaína, conforme viaje por la región, es 20 veces el presupuesto de defensa combinado de Panamá y Guatemala; y supera en más de 100 veces los 65 millones destinados por Estados Unidos, en el marco de la iniciativa Mérida, para respaldar los esfuerzos de intercepción de la droga que realizan las naciones centroamericanas.

Un experto internacional, consultado por UNIVERSIDAD que estuvo en el Alto Huallaga, en la ceja de los Andes peruanos, una zona de producción de coca, explicaba la dimensión de la tarea al señalar que los narcotraficantes ofrecen a los campesinos créditos, paquetes tecnológicos, asistencia de ingenieros agrónomos y la compra segura de su producto. “La gente no tenía que preocuparse de nada”, afirmó.

Se trató de disuadirlos y ofrecer una alternativa a la producción de la hoja de coca.

“Usted gana más, pero pierde en términos de seguridad”, decía la campaña de publicidad. “Pero a la gente le importaba poco. La idea era sustituir la coca por palma aceitera. No solo quedarse en la siembra, sino generar toda una línea de producción de aceite para la industria cosmética. También se organizaron cooperativas comunales para sembrar frutales y hacer concentrados de jugos. Introdujeron las tarjetas de créditos, avaladas por un fondo bancario de cuatro millones de dólares y liberaron a la gente de los usureros. Pese a todo, al final, el programa fue un fracaso. Tan rápidamente te haces rico con la coca, que no hay muchas alternativas disponibles”, aseguró.

PROGRAMAS

Centroamérica presentó, en la reunión celebrada en la capital guatemalteca, una Estrategia de Seguridad conformada por 22 proyectos regionales, agrupados en cuatro programas. Estos van desde la capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad, hasta la adquisición de armamentos y equipos de alta tecnología, el fortalecimiento de los sistemas carcelarios y de inteligencia y programas de prevención, especialmente para jóvenes. Se estimó que, en tres años, esos programas podrían costar de 900 a 1.200 millones de dólares, una cifra que esperan recibir como aporte de la cooperación internacional.

Además, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, exigió a los empresarios y clases acomodadas centroamericanas «pagar su parte de los impuestos» para enfrentar esos desafíos, mientras la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Trinidad Jiménez, advirtió a los países centroamericanos que “asumir el desafío al que se enfrentan exigirá más recursos nacionales».

Esto implicará «reformas fiscales» y lucha contra la evasión «que garanticen la sostenibilidad de las políticas públicas en materia de seguridad», afirmó. Algo que, en países como Guatemala, donde la carga impositiva es de las más reducidas de la región, nunca se ha podido lograr.

ELECCIONES EN SEPTIEMBRE

En ese clima de alarma por la creciente violencia del crimen organizado, Guatemala se alista para celebrar elecciones el 11 de septiembre próximo. Cerca de 6,4 millones de guatemaltecos deberán elegir al presidente y vicepresidente de la República, 158 diputados, 333 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Si ninguno de los candidatos presidenciales supera el 50% de los votos, habrá una segunda ronda entre los dos más votados, el 6 de noviembre y el ganador asumirá el cargo el 14 de enero del 2012.

Dos candidatos parecen concentrar la preferencia de los votos, según todas las encuestas. Se trata del general Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, ampliamente favorito, con 32%, y la exesposa del presidente Colom, Sandra Torres, candidata de una coalición entre la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional (GAN), con 25%. Sobre esta última, su candidatura estaba aún pendiente de inscripción, en medio de un debate sobre su legalidad, por su condición de exesposa del mandatario actual.

Pérez Molina es el hombre de la “mano dura”, imagen con la que desarrolla su campaña electoral para dar respuesta a la creciente inquietud de los guatemaltecos en materia de seguridad.

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