Parte III
Mercado como ente de selección. Si dividimos el monto real pagado por estudiante a través del Ministerio de Educación, entre los estudiantes del país (exceptuando lo referente al presupuesto para seguimiento y planificación educativa), ello nos brinda un monto aproximado de recursos disponibles, más el incremento esperable por la mejora del PIB.
Al trasladar las instituciones educativas a una administración autogestionaria comunal, se maximiza el impacto local, se potencia el posicionamiento del centro educativo como imán cultural y de desarrollo y se focaliza el involucramiento de los padres en el desarrollo de sus hijos controlando los resultados del sistema educativo al que asisten. Una participación ciudadana responsable generará ciudadanos más críticos y con mejores oportunidades reales. El padre de familia, tomando en cuenta los resultados públicos de evaluación anual de las diferentes instituciones, y los recursos disponibles en su familia, escoge la institución que mejor se ajusta a sus necesidades y posibilidades.
Este monto puede ser un bono educativo, que los padres puedan utilizar en la institución que escojan, el cual tendría un valor económico, sujeto a condiciones mínimas de resultados. Si el monto de colegiatura es mayor, entonces deberá pagarse la diferencia y los impuestos sobre ese monto máximo aceptado. Este recurso solo es aplicable si se utiliza, no debe ser una transferencia sin control.
¿Se debe tasar a la Educación? Tener un educación desigual de acuerdo con la procedencia socioeconómica, no solo es clasista sino inmoral. Significa que la Costa Rica que conocimos, en la cual TODOS éramos iguales va desapareciendo en función de una Costa Rica en la cual algunos, gracias a la intervención de sus padres serán mas iguales que otros, cuyo único denominador común de exclusión es no haber nacido en cuna de oro.
Es por ello que se hace necesario tasar a la educación por la cantidad que cobre por encima de un monto preestablecido. Esta tasa debe ser significativa, pero permitiendo a esos centros utilizar el impuesto administrando directamente el recurso, brindando becas totales para estudiantes esforzados. El monto sobre el cual se calcula el costo tasable incluye TODAS las actividades generadas dentro de la institución y que representan una erogación para los padres de familia.
Estos centros colateralmente tendrán la obligación de llevar a buen término la conclusión de estudios del estudiante como condición para recibir esa exoneración autoaplicable, o en su defecto recibir un incremento creciente en la tasa impositiva como impuesto social. La beca debe incluir las condiciones de soporte económico y equidad razonables para no segregarlos dentro del cuerpo estudiantil. Un porcentaje de inclusión del 15-20% no sería crítico y permitiría que un grupo de 20 estudiantes al tener 3-4 más, mantenga sus niveles de calidad, pero con mezcla social, facilitando a estudiantes esforzados una ventana de oportunidad. La alternativa, sería pagar un monto creciente impositivo para mantener su exclusividad y segregación, lo cual los obligaría a ser inclusivos tarde o temprano.
Invertir en el futuro no solo es adecuado, sino responsable con la población del país. Aquellos que pertenecemos a la generación perdida de los 80 recordamos con dolor la manera en que muchos buenos estudiantes tuvieron que abandonar sus estudios y no continuar en la universidad o el colegio por la crisis económica. Es por ello que nos preocupa que los recursos se gasten de manera efectiva, pues de otra forma, terminaremos con un país víctima del clientelismo político y de la consecución de dádivas electorales, lo cual enseña a sus ciudadanos a pedir, pero no a pescar.
Tal vez es tiempo de afrontar los nuevos retos con decisión y voluntad de cambio a todo nivel. Requerimos más líderes y menos políticos que eviten hacer olas en los puestos de elección.
