El Movimiento Libertario lidera una vez más su permanente campaña contra las instituciones públicas, esta vez con especial fuerza contra la Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Su presidente, el señor Otto Guevara, ha utilizado cifras inexactas sobre los salarios de sus funcionarios (as), a pesar de los datos y explicaciones suministrados tanto por las autoridades universitarias como por voceros del ICE.
Es importante preguntarnos: ¿por qué se insiste en una información desactualizada en donde se mencionan cargos que en la UCR ni siquiera existen? ¿Por qué se comparan salarios del sector público con los injustos salarios del sector privado?
La respuesta a ambas preguntas la encontramos en los fundamentos ideológicos del Movimiento Libertario, que inclinan la balanza en la defensa incondicional de los intereses de sectores con poder económico a costa de los derechos laborales de los trabajadores (as), situación que se puso de manifiesto en el año 2007, durante la discusión sobre el TLC.
En marzo del 2007, el señor Guevara hace un viaje urgente a Washington para reunirse con representantes de la administración Bush y empresarios estadounidenses; el objetivo era explicar con lujo de detalles por qué no se había aprobado aún el TLC en Costa Rica. Semanas después se constituye el movimiento Alianza Ciudadana a favor del TLC, liderado por don Otto para responder a las demandas del “consenso de Washington”.
Los estudios realizados por investigadores (as) de la Universidad de Costa Rica mostraban el peligro de la aprobación del Tratado de Libre Comercio ante su impacto social, económico, ambiental, y la pérdida de soberanía nacional. Por otra parte, los trabajadores del ICE defendieron en las calles la sobrevivencia de una de las instituciones emblemáticas del país, cuyo carácter solidario se ha venido extendiendo a lo largo del territorio a través de la energía y las telecomunicaciones. El papel destacado de las universidades públicas, del ICE, la organización de la ciudadanía en comités patrióticos contra un Tratado lesivo para los sectores medios y bajos de la población, puso en alerta al poder económico nacional y extranjero, que no dudaron en utilizar toda clase de subterfugios para amedrentar a los costarricenses dispuestos(as) a votar con un rotundo “No” el día del referendo.
Los designios del gobierno de Bush eran muy claros: privatización de instituciones públicas, desregulación y apertura total de mercados. El Movimiento Libertario, junto al Partido Liberación Nacional liderado en ese momento por un presidente Premio Nobel de la Paz, sectores fundamentalistas y los medios de prensa al servicio del gran capital, iniciaron entonces una de las campañas más vergonzosas y manipuladoras de la opinión pública. Se publica el famoso “memorando del miedo”, el cual podría haberse titulado también: cómo engañar a los ciudadanos para que voten a favor del TLC. Se amenazó a trabajadores (as) de la empresa privada con el despido en caso de ganar el “No” en las urnas. El propio Presidente de la República garantizó autos BMW y Mercedes Benz a estos mismos trabajadores si se aprobaba el Tratado. No obstante, el resultado final de la votación se convirtió prácticamente en un empate virtual.
Las promesas engañosas nunca se cumplieron, en su lugar fueron desmantelados importantes derechos ciudadanos. Sin embargo, instituciones del sector público que no se privatizaron gracias a la movilización de la ciudadanía, están nuevamente en la mira de los mercaderes de la Patria. La benemérita Universidad de Costa Rica sigue aportando al país todo su potencial en el campo de la docencia, la investigación y la acción social. El ICE continúa su política de inclusión social. Sin embargo, tanto las universidades públicas como el Instituto Costarricense de Electricidad continúan bajo la amenaza de quien lideró la aprobación del TLC y de sus ad-láteres. De la misma manera que en el 2007, se vuelven a presentar datos falsos que tergiversan la realidad sobre los salarios del sector público. El objetivo sigue siendo el mismo: manipular la opinión ciudadana en contra de la institucionalidad pública, y seguir alimentando los poderosos intereses privatizadores de unos pocos.
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