Para poder absorber la cantidad de carbono que lanzarían las plantas térmicas sustitutas,  se necesitaría reforestar o sembrar bosque nuevo, por una cantidad cercana a los 2.500 kilómetros cuadrados (prácticamente el 5% de la extensión total  de Costa Rica).

O sea, que hacer Diquís, evitando con ello la generación térmica de esa misma cantidad de electricidad, equivale a la reforestación del cinco por ciento del país. Cantidad positiva tan aplastante,  que debería motivar a todas las fuerzas ambientalistas y probosque, a exigir –en vez de oponerse- que se haga el PH Diquís y otros similares.

(II Parte)

Asimismo, este inmenso efecto evitado de emisión de carbono, sería una contribución muy importante del país a la conservación y reforestación de bosques en el mundo, por el que podría recibir incluso alguno de los bonos que los países desarrollados pagan para compensar sus propias emisiones. Ganancia neta.
Por otra parte, no solo disminuiría la factura petrolera  en cuanto a lo que en este momento se gasta en generación térmica por insuficiencia de la generación hidroeléctrica, sino que, conforme avance la tecnología de los vehículos puramente eléctricos, se podría sustituir gradualmente el petróleo que consume el parque automotor del país, y que constituye la mayor parte de la factura petrolera del país, ya que la energía eléctrica que los movería sería producida por caídas de agua u otras fuentes limpias de electricidad, y no por petróleo importado. Ganancia neta también.
Habría que sumar también el destrozo de las carreteras. Para transportar la enorme cantidad de diésel que requerirían las plantas térmicas sustitutas, se necesitaría anualmente la movilización de unos 60.000 camiones cisternas, o sea más, 150 diarios, o poco más de seis por hora, lo que  además  de aumentar la congestión vial, incrementa gravemente el  efecto desgastante sobre los pavimentos. Para que se tenga una idea, el tránsito de un solo furgón, cargado a su capacidad permitida, supone para el desgaste de las carreteras, tanto como el de 12.500 vehículos livianos.
Del lado de los beneficios de hacer Diquís y sus equivalentes, estarían también los considerables ingresos que recibiría el país por exportación de electricidad, mediante la existente red de intercomunicación centroamericana y con México. La gran cantidad de electricidad producida por un proyecto como el de Diquís, debe diferirse en el tiempo localmente, mientras el consumo creciente lo absorbe, y mientras tanto se exporta. Con operación con petróleo solo importaciones; con agua solo exportaciones y enormes ahorros: ganancia neta por todas partes.
Una obra de este calibre  tiene un alcance sistémico sobre todo el sistema nacional, y no puede prescindirse  en su análisis ambiental –lo que no se ha hecho curiosamente- de los anteriores  aspectos obvios. A priori, por consiguiente, los análisis ambientales de quienes se oponen al Proyecto Diquís están mal  hechos y son falsos en sus conclusiones.
Al parecer, tal distorsión la originan intereses indigenistas mal orientados. Los indígenas gozan de los mismos derechos y obligaciones de los demás costarricenses, en cuenta, la de soportar en su caso las expropiaciones por motivo de utilidad pública. En la medida en que algunas comunidades indígenas deban ser trasladadas, porque las afecta el embalse, tendrán que ser trasladadas, y a ello no se opone el Convenio 169 de la OIT, que se ha aducido, porque este Convenio lo que garantiza es que serán tratados por igual y que serán oídos previamente, lo que se ha cumplido. Tampoco la propiedad comunal que igualmente se presenta como argumento, ya que igualmente está sujeta expropiación. Se manipulan tales intereses para pretender hacerle un grave daño al país y al ambiente.