Continuamos investigando las diversas facetas de la IPPF. En un primer artículo, reportamos como esta organización se nos presenta como una “obra de caridad” y como observatorio de opinión.
A pesar de ser una falta moral grave, el aborto es legal en muchos países, en los cuales la IPPF se presenta como defensora de la mujer embarazada.
A las mujeres les promete una ayuda “neutral”. Planned Parenthood, la filial de la IPPF en los EE.UU., promete a las embarazadas a través de su sitio web que “informarse sobre el aborto puede ayudarla a tomar una decisión.
Quizá también desee tener más información sobre la opción de criar a un hijo y la adopción” (TinyUrl.com/ykcgjwg). La verdad es que, fuera del aborto, las otras “opciones” son una cortina de humo. Según STOPP International, Planned Parenthood es una organización netamente abortista: por cada 180 abortos practicados, remitieron una adopción (TinyUrl.com/yzsxteq).
II parte
En su supuesta defensa de la mujer, la IPPF encuentra aliados entre colectivos feministas radicales. Sus mayores obstáculos son organizaciones como Vida Humana Internacional que ayudan a las mujeres embarazadas a considerar seriamente el valor de criar a su futuro hijo o de darlo en adopción.
Como organización no gubernamental (ONG), la IPPF busca influenciar la legislación en diversos países para promover la libertad sexual y el aborto como derecho. Recibe el apoyo de otras ONGs que promueven los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, las cuales recientemente han incluido el aborto dentro de la lista de derechos que reivindican, de acuerdo a LifeSiteNews (TinyUrl.com/y9fzlaa).
La IPPF busca también obtener de las Naciones Unidas el reconocimiento al llamado “derecho al aborto”. Ante la ONU, la IPPF goza de un estatus privilegiado por encima de otras ONGs. Sus mayores obstáculos son organizaciones que promueven ante la ONU el derecho humano a vivir como derecho fundamental, como por ejemplo la Catholic Family and Rights Institute, que opera desde Nueva York.
En su rol como promotora de mercados, la IPPF busca abrirles campo a los medicamentos abortivos, tales como la llamada “Píldora del Día Siguiente”, buscando no sólo su legalización sino también su libre distribución.
En este rol, encuentra el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de compañías farmacéuticas que se beneficiarían con un mercado más amplio para sus productos. En el 1995, la IPPF se alió con otras seis organizaciones para formar un consorcio internacional auspiciado por la Fundación Rockefeller con el objetivo de promover la “anticoncepción de emergencia” en países en vías de desarrollo.
Concretamente, el consorcio promovió el producto Postinor de la farmacéutica Gedeon Richter. Tiempo después, la IPPF decidió lanzar su propia píldora del día siguiente, que llamó Optinor. Además, algunas de las filiales locales, incluyendo la Asociación Demográfica Costarricense, también se financian vendiendo anti-conceptivos.
En este respecto, el mayor obstáculo para la IPPF y su familia de afiliadas son las organizaciones que trabajan junto a legisladores y jueces en cada país para educarlos sobre la naturaleza abortiva de productos farmacéuticos de “emergencia”, y así impedir que sean legalizados. Un ejemplo es el Population Research Institute, que opera desde los EE.UU. con una filial en Perú. Para la IPPF, también son un obstáculo las jerarquías eclesiales que, siguiendo la encíclica papal Humanae Vitae, se oponen públicamente contra el uso de anticonceptivos, como sucede en las Filipinas.
Negocio de la Muerte. El aspecto más crudo de la IPPF quedó al desnudo con la denuncia de una de sus ex-dirigentes, Abby Johnson, quien dirigía la clínica de Planned Parenthood en Bryan, Texas. Johnson renunció en octubre pasado porque no soportó ver por ultrasonido la muerte de un feto, que intentaba escabullirse de la aguja que buscaba matarlo.
Johnson afirmó que sus jefes la presionaban para aumentar las ganancias a través de más y más abortos. Por cada aborto, las pacientes pagaban entre $505 y $695. Señala que los gerentes de Planned Parenthood afirmaban que “no tenemos suficiente dinero – tenemos que hacer que estos abortos continúen llegando”, según reporta FoxNews.com (TinyUrl.com/yagqtc6). “Es un negocio muy lucrativo y por ello quieren aumentar el número de abortos”, afirmó.
En Costa Rica, la Asociación Demográfica Costarricense estima que podrían llegar a existir 27,000 abortos por año. Si el aborto fuese legal y cada mujer pudiese pagar 100,000 colones por abortar, supondría un mercado potencial de 2,700 millones de colones al año, cifra que nos obliga a sospechar que las intenciones de la IPPF y su afiliada en Costa Rica no son altruistas. Más bien, pueden estar marcadas por un ávido interés comercial de explotar a la mujer costarricense negando el derecho a la vida de los hijos que llevan dentro – una actitud para nada caritativa y que merece ser combatida.
