En las últimas semanas ha existido una controversia sobre la sustitución por parte del INVU del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) por el Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (POTGAM); ambos planes tratan sobre la organización de la expansión de la ciudad en el país. El último plan es amparado por el INVU. Los cuestionamientos surgieron porque en la elaboración del PRUGAM se invirtieron alrededor de 10 años de trabajo y de ¢12.000 millones entregados por la Unión Europea y el INVU decidió desecharlo. La presidenta ejecutiva del INVU, Eugenia Vargas, expresó como argumento para rechazar el PRUGAM que este “se quedó corto” (La Nación 03/10/2011) y luego que el plan tiene un “diagnóstico no completo, donde la parte social no estuvo completa” (Semanario UNIVERSIDAD edición 1934).
El razonamiento planteado por Vargas no parece convincente. Pasar de un proyecto costoso, pagado por los costarricenses, obvio, a otro aduciendo nada más que «las cosas están incompletas» me parece insensato; pero bueno, así viene la vara desde hace años en la función pública. Por mencionar un caso reciente: en el gobierno pasado Rodrigo Arias utilizo ¢1.000 millones donados por el BCIE para lo que quiso; por ejemplo, gastó el dinero en contrataciones de guitarristas y mecánicos (SU edición 1886). Un despilfarro total, el cual pasó desapercibido o no le importó a los circuitos judiciales de Tiquicia. Por cierto, que la cosa venga así en la función pública desde hace años no implica que no haya que hacer nada, es decir, no quiere decir que haya que naturalizar el comportamiento corrupto de los políticos y funcionarios públicos. Hay que hacer algo; lo primero podría ser, al decir del Secretario del Partido Vanguardia Popular, “cabrearse” por lo que sucede.Además del despilfarro de recursos, como mencionan Eduardo Brenes, el exdirector de PRUGAM, y Allan Astorga, coordinador de los estudios ambientales del PRUGAM (SU edición 1932), la planificación urbana, es decir, el ordenamiento territorial que requiere el crecimiento de los habitantes en Tiquicia, que propone el POTGAM afecta zonas catalogadas como de “muy alta o alta fragilidad ambiental”. Lo que quiere decir que se planea construir en zonas de protección ambiental (bosques/agropecuarias), en áreas de agua subterránea que recargan los acuíferos del Valle Central y en lugares sensibles a deslizamientos y peligros volcánicos.
En el PRUGAM se detectaron estas zonas y por ello se recomendó expandir la urbanización en otros lugares, en áreas seguras, en zonas llamadas de “moderada fragilidad” para tratar de evitar problemas ambientales y sociales; sin embargo, el plan fue rechazado. Otra de las críticas al INVU, relacionada con este último punto, es que este no aceptó el PRUGAM, pero pretende mantener los estudios ambientales aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de este para su nuevo plan. Si la planificación urbana de ambos proyectos no es la misma, como ya vimos, entonces no es lícito usar el análisis ambiental de un proyecto en otro que es distinto.
No sé ustedes, pero esta serie de sucesos me genera desconfianza cual caminante que transita por el centro de San José a las 3 a.m. lleno de sospechas. Si no se ve por ningún lado algún criterio técnico para desechar el PRUGAM, pero aun así se le descarta y si se plantea aumentar el tamaño de la cuidad sin estudios ambientales, entonces se pondría dudar de los motivos que impulsan el comportamiento del INVU. Y, ¿qué podría alentar las acciones del INVU? Como ya advierte el “manifiesto público POTGAN 2030, el INVU es una grave amenaza para la sostenibilidad ambiental del país” (Elpaís.cr 06/03/12), lo que podría motivar al INVU a realizar la sustitución de los planes de urbanización de la GAM son los intereses que tienen las empresas inmobiliarias por expander sus operaciones en Tiquicia. Lo mueve el interés empresarial. No podría ser de otra forma en Tiquicia: los intereses egoístas imperan sobre los intereses de la colectividad. La organización urbana debería fundamentarse en la construcción de un medio ambiente y social en el que valga la pena vivir (debo esta frase a David Harvey) y no reducirse a los intereses de unos cuantos por obtener ganancias. A como está pintando la vara con el INVU, debería ser nuestra responsabilidad conocer/denunciar todo acto o actos que hagan de las instituciones públicas el hogar de los intereses empresariales.
