Por otra parte, la imposibilidad de encontrar vías alternativas para la solución de conflictos que vayan más allá de los modos de acción basados en los dogmas del pensamiento único neoliberal, ha terminado por agotar y privar de sentido a muchas de las formas tradicionales de la protesta social dentro de las sociedades mestizas de la región y mientras estas últimas se hunden en la inmovilidad, aquellos sectores de la población que continúan teniendo estructuras y modos de acción comunitarios, como es el caso de las naciones y pueblos aborígenes del continente, vienen marcando la pauta de la lucha y la resistencia por una verdadera democracia que tome en cuenta sus intereses específicos, tales como su identidad cultural y sus formas de relacionarse con la naturaleza, pero además proyectando ese afán democratizador hacia el conjunto del estado-nación de referencia.
El creciente protagonismo que han asumido las etnias de los ngöbes y los buglés, dentro de la formulación de los términos la agenda política del vecino estado-nación de Panamá, las ha llevado a ser un factor decisivo en la toma de las decisiones más importantes dentro de ese país en el orden de lo político, económico y social, tal y como sucedió a mediados de 2010, con la llamada ley chorizo del presidente Ricardo Martinelli que terminó siendo desechada, a pesar de haber recibido aprobación parlamentaria previa. Todo esto se pone en evidencia especialmente en lo que se refiere a las materias laborales y ambientales, cuando una serie de acciones de resistencia arrancando desde la comarca ngöbe-buglé, un extenso vértice entre las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, en respaldo de una huelga de los trabajadores bananeros de Changuinola, en su mayoría provenientes de ambas etnias, terminaron incidiendo en beneficio del medio ambiente y de los derechos de los trabajadores del conjunto de la nación panameña, que estaban amenazados por la mencionada ley del presidente Martinelli. Esos acontecimientos arrojaron un saldo muy cruento, de al menos 7 trabajadores muertos y numerosos heridos, algunos de los cuales sufrieron daños irrecuperables en sus ojos, dada la desmesurada violencia con que actuaron los cuerpos policiales, en nombre del monopolio en el uso de la violencia legítima, que Max Weber atribuía a esas asociaciones políticas que conocen bajo el nombre de estados.
El reciente conflicto que estalló en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, limítrofes ambas con Costa Rica, durante el pasado mes de febrero, originado a partir de temas ambientales referidos a la minería y a la construcción de represas en los territorios de la comarca ngöbe-buglé, no es otra cosa que la continuación de una serie de episodios de lucha de los pueblos originarios que han venido ocurriendo durante toda la Administración de Ricardo Martinelli, cuyo inicio se ubica en septiembre de 2009, con una agresiva agenda neoliberal. La violencia afloró, una vez más, en esta nueva fase del conflicto, cuyo episodio más cruento se tradujo en la muerte de dos campesinos gnöbes, al enfrentarse estos con la policía que pretendió romper el bloqueo que habían establecido en la carretera interamericana, a la altura de San Félix, en la provincia de Chiriquí, haciendo demandas sobre el tema de la minería y las represas.
