Es célebre la fábula del escritor Christian Andersen de aquel rey embaucado por dos sastres bribones que lo convencieron de que sus finos trajes estaban tejidos con hilos invisibles.
Así, cuando el rey se luciese, ¡ ay de aquel que siquiera le insinuase la verdad de que iba desnudo por las calles! Algo parecido empieza a suceder con el reciente Convenio Presupuestario acordado entre el CONARE y el Gobierno… ¡empieza a develarse en toda su desnudez, pese a los hilos invisibles de bondad de que ha sido revestido!
En efecto, el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica recién terminó de aprobar el Presupuesto institucional para el 2011. Es por cierto un presupuesto restrictivo y regresivo, con relación a los índices de crecimiento de los últimos años y expresa el segundo gran efecto mediato y negativo del reciente Convenio Presupuestario firmado por los Rectores (as) y el Gobierno, a espaldas y sin consulta alguna con las comunidades universitarias.
El primer efecto negativo inmediato se acaba de tener –al menos en la UCR– con el pírrico reajuste salarial de “medio período” de apenas un 1.5%, contra el 3% que demandaban los trabajadores sindicalizados. Ya habrá espacio en próxima edición, para referirse con más detalles a los recortados alcances del Presupuesto UCR 2011. Aquí sólo adelantamos algunas consideraciones y conclusiones políticas.
Es definitivo que el nuevo Convenio Presupuestario selló una alianza política entre el Gobierno y los Rectores (as), mediante la cual estos últimos se someten a los planes de austeridad impuestos contra el pueblo y los trabajadores costarricenses por el Gobierno y los organismos financieros internacionales. En ese sentido, teniendo en cuenta por un lado el Presupuesto Nacional del 2011 con un déficit fiscal del 49% sujeto a financiarse con más endeudamiento, y, por otro, el discurso oficial de los Rectores (as) de que se obtuvo “el mejor Convenio dentro de lo posible”, la aprobación del Presupuesto UCR 2011 encuadra perfectamente en esa política antiobrera y antinacional, de los Planes Escudo de Óscar Arias antes, y de Laura Chinchilla ahora.
Algunas referencias muy reveladoras: el Presupuesto 2011 UCR implica una drástica disminución de los programas de becas estudiantiles (disminución de la matrícula, deserción); una no menos drástica disminución en la creación de plazas nuevas docentes (es decir, a menos profesores, menos cursos, menos estudiantes, menos admisión, etc.); un estancamiento en los recursos girados para la regionalización (se desploma así el demagógico discurso de desarrollo regional, sólo la Sede de Occidente requería 36 tiempos completos y se están aprobando 9, la Sede de Limón 10 y se aprueban 3); un “atraso” indefinido en los planes de inversión en infraestructura (menos aulas, menos laboratorios, menos estudiantes, menos servicios), una no menos drástica disminución en los programas de becas de especialización en el exterior para el personal docente y administrativo (afectación de la excelencia académica y condiciones laborales). El crecimiento en un 11% del FEES (Fondo Especial de la Educación Superior) en la UCR, esconde dos datos: 1- es un crecimiento nominal, es decir, incluye la inflación proyectada de un 7%, siendo que el crecimiento real será entonces de un 5%; 2- comporta un reducción del porcentaje de crecimiento habido entre 2009-2010 que mantuvo una media de 13% de crecimiento real más la inflación anual.
También cabe destacar que el Presupuesto de la UCR empieza a someterse a las imposiciones bancomundialistas del Gobierno. Se inicia entonces una tendencia a depender de fuentes de financiamiento distintas y hasta condicionadas. Tal es el caso del llamado Fondo de Sistema, que es un fondo de recursos propios de las universidades, los cuales, además de disminuir en el 2011, asumen obligaciones presupuestarias institucionales que debieron ser garantizadas en el Convenio. El otro caso y más grave es que se pasa a depender del endeudamiento externo (préstamo del Banco Mundial por $200 millones), el cual marca la transformación del modelo público y democrático de la Universidad, entronizando así el condicionamiento en los programas institucionales (lesión de la autonomía universitaria) y un modelo “corporativista” de gestión universitaria.
Pero como dicen los abogadillos: “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Sin ánimo comercial, sugiero leer la última edición del periódico El Financiero. Allí se desnudan de cuerpo entero rectores y rectoras en un artículo-entrevista, sobre los obligados planes de ajuste en las universidades estatales a raíz de la aplicación del nuevo Convenio. Baste decir que allí ellos mismos anuncian que no se abrirán las nuevas carreras que estaban proyectadas para 2011 y los años venideros.
