Según usted, don Henning, entre lo expresado en el oficio VI-2485-2009 y mi carta del 25 de agosto del mismo año, lo único que hay es una desatención mía (quizás me estoy volviendo esquizofrénico), que me condujo a preguntar lo mismo que ya se había resuelto.
Lo que usted ignora son los entretelones de ambas comunicaciones. Más o menos el 14 de abril de 2009, yo llamé a su oficina legal, intentando entender cómo va a resolver la Maestría en Literatura Latinoamericana algo que es producto de su propia e ilegal invención jurídica. ¿Cómo va ser juez y parte? ¡Absurdo! Respuesta: si se quisiera proteger algo, sería un buen plan.
Hablando con personal de esa oficina, esta me dice que “la secretaria se equivocó” (punto inicial para el perfil de tal funcionario que usted podría continuar); que lo que ella debió comunicarme era que la oficina legal de su vicerrectoría resolvería. Después, escuché “que ellos de inmediato estudiarían el caso para dar la resolución”. Pasaron los días, las semanas, y entonces decidí telefonear de nuevo a esa oficina. En ese momento, me solicitaron mi dirección electrónica para hacerme llegar la resolución. Pero, nuevamente, pasaron los días, las semanas y también los meses. Por eso, el 25 de agosto de 2009, pedí formalmente respuesta. En esa carta hago constar que habíamos tenido comunicación telefónica. Repentinamente, por una acto de (mala) fe, la secretaria contra la cual se había sembrado una sombra de ineficiencia, es redimida en la frase “el oficio VI-2485-2009 es correcto”.
Vea, don Henning, yo expliqué a su oficina legal vía teléfono (14-04-09, aproximadamente) que ya me habían atrasado, en el mismo proceso, una respuesta seis meses, debido a que alguien olvidó enviarla y que todo esto me estresa y desata los síntomas de mi ansiedad. Les dije que les agradecería que fueran claros y diligentes, ya que la ansiedad produce síntomas muy molestos. No obstante, uno nota, aunque sea por teléfono, cuando alguien asume la ansiedad como si fuera un pretexto, una coacción disimulada, manipulación o simplemente una rareza.
El juego de constantes retrasos, de comunicaciones telefónicas que se oponen a lo que realmente se hace y el cubrirse tras un expediente que solo incluye precisamente lo permite excluir. O sea, la legalidad del expediente presenta algo claro, pero detrás del resplandor de esa claridad yace el proceso discriminatorio.
No se puede someter a personas con ansiedad, depresión, etc., a un estrés innecesario. Cumplan la ley 7600 no con rampas, sino con educación. En lugar de tanta actividad social entre los empleados de la universidad, deberían preocuparse por crear espacios formativos, donde estos aprendan a tratarnos.
Don Henning, contestar algo no significa darle realmente respuesta.
Responda de oficio a mi consulta. Yo no estoy cuestionando a nadie, solamente quiero que se me diga cuál es el valor de la norma positiva que, en el caso de la Maestría en Literatura, se ha enterrado bajo el velo de un invento que quieren hacer pasar por legal.
Don Henning, necesito graduarme y sinceramente no puedo confiar en nadie activo del área de filología de nuestra universidad. La corrupción ha hecho casa en la crítica literaria costarricense. Necesito su respuesta.
Yo sé que con el bendito Régimen Académico, todos pelean por ejercer actividades académicas y, por ende, se crean “tradiciones” para proteger el acceso de los profesores de la UCR a ellas. Pero, si para proteger los sueldos de tales docentes hay que sacrificar a los estudiantes y a la cientificidad, entonces cerremos mejor nuestra Universidad.
