La bancarrota de la CCSS es obra maestra del PLN y del PUSC concebida, paso a paso, desde 1970, con precisión de cirujanos. Trasladaron enormes gastos al Seguro de Salud (SS) con la promesa de enviarle los recursos, pero no solo hicieron lo primero incumpliendo lo segundo, sino que le redujeron al Estado el aporte para pensiones (IVM) de 2,5% a 0,25% y el de salud de 3,25% a 0,25%. En la década de los 90, por aquello de que alguien saliera a salvar a la Caja, le trasladaron lo que quedaba del Ministerio de Salud, con el mismo engaño de pagar. Con ello, estaban seguros, el paciente no levantaría cabeza.
A partir de 2006 y hasta la fecha, el PLN no cesa de garrotear a la Caja, con la esperanza de trancarle el resuello de una vez por todas. En el período 2006-2012 el despojo a la institución es de al menos ¢470.000 millones (algo así como ocho hospitales llave en mano), de los que ¢362.000 millones se los sacaron al SS y ¢108.000 millones al IVM. Solo en 2012 el SS dejará de percibir ¢86.000 millones y el IVM no recibirá ¢27.000 millones, lo que suma ¢113.000 millones (suficientes para construir dos hospitales llave en mano por año), ello gracias a la intervención de estos políticos que usted y yo conocemos. Esta nueva “movida” es inédita y es, a mi humilde juicio, la causa de la cacareada crisis de la Caja.Este nuevo esfuerzo por desfinanciar a la CCSS es sencillo y lo dejo a su conocimiento. Anualmente la Junta Directiva de la Caja aprueba lo que se denomina la Base Mínima Contributiva (BMC), que utiliza para calcular la factura del Estado por 275 mil hogares pobres que reciben los servicios de salud. Sobre esta base también cotiza la mayoría de los 400 mil trabajadores independientes asegurados al SS y los 320 mil de IVM; en estos casos el aporte es por cuenta del Estado y los trabajadores, más o menos en partes iguales. Cuanto más pequeñita sea la BMC, menor será la factura del Estado y la de los trabajadores independientes. Ningún trabajador asegurado en la CCSS puede cotizar por debajo de esta base, salvo excepciones establecidas. Pues bien, de 2001 a 2006 la BMC creció un 83%, aumentando gradualmente de ¢62.519 a ¢101.000. En términos del Salario Mínimo (SM), la BMC pasó de 67% en 2001 a 76% en 2006. Con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador en 2000, la meta de la Junta Directiva de la CCSS era que la BMC alcanzara el 92% del SM en 2012 y que a finales del 2016 igualara al SM. A partir de 2006 –año en que don Eduardo Doryan, procedente del Banco Mundial, tomó el timón de la CCSS- la BMC no se aumentó durante cinco años, sino que fue hasta el 2011 que pasó al valor actual de ¢116.600, con lo cual se redujo dramáticamente desde un 76% del SM en 2006, a sólo un 47% en 2011. Si la BMC se hubiera mantenido en el 76% del SM, el monto actual sería de ¢184.183 en lugar de ¢116.600, es decir, un 58% mayor que la cuantía vigente. De esta forma, el cobro que la Junta Directiva de la CCSS le hace al Estado por los 275 mil hogares pobres está reducido en un 58% y en un 30% el de los trabajadores independientes. ¿Por qué la Junta Directiva de la Caja abortó la meta que tenía para el 2016? Muy sencillo. Porque si no lo hubiera hecho, hoy la factura anual del Estado sería ¢110.000 millones superior a la vigente, lo cual arruinaría el plan de ahogar a la CCSS.
Para esconder las nefastas consecuencias de esta ingrata jugada contra la CCSS y sus asegurados, el PLN acudió a otro maquillaje similar de grotesco, ofreciendo beneficios laborales que, según sus expertos, tendrían un impacto “insignificante” en las finanzas, para luego –por medio de la OPS-, responsabilizar a los trabajadores de la bancarrota de la Caja ocasionada por ese partido.
Como queda claro, ellos sabían que semejante jugarreta lesionaría no solo al SEM, sino también a IVM, agravando la frágil situación financiera de estos seguros. Además, cuando Doryan llegó a la CCSS, la Pensión Mínima de IVM era el 50% de la BMC, pero al salir en 2010 y hasta la fecha, supera el 100% de la BMC. Así, con este maquillaje, muchos trabajadores que evaden por voluntad de los políticos, reciben una pensión superior al monto cotizado, mientras que los trabajadores que no evaden y sostienen a la CCSS, reciben menos del 50% del salario cotizado y son obligados a buscar atención médica privada, pagando otra vez por el servicio.
¿Qué dijo entonces la OPS? ¿Qué propuso la Comisión de Especialistas? ¿Qué hicieron los auditores de la CCSS? ¿Qué hizo la CGR? ¿Qué hará la Comisión Investigadora de la CCSS de la Asamblea Legislativa? ¿Y el Ministerio Público? Nada. Todo marcha de maravilla en el país más feliz del mundo. Dentro de pocos años el Seguro de Salud, como lo conocemos, será innecesario, pues los hospitales privados y las clínicas empresariales ya habrán absorbido el 70% u 80% de las necesidades sanitarias; cuando ello suceda, la CCSS ya no respirará.
