El enfrentamiento entre la Fuerza Pública y manifestantes de los Comités de Salud y estudiantes, quienes protagonizaron una protesta el pasado 8 de noviembre, y la publicación sin previo aviso de la Ley de Delitos Informáticos —también llamada ley mordaza—, la misma semana, llevan al país a un clima de represión y restricción de libertades.

Esa es la lectura que analistas y testigos de la manifestación expresaron a UNIVERSIDAD. Por ejemplo, la diputada de oposición Carmen Granados —del Partido Acción Ciudadana (PAC)—, quien fue arrojada al suelo luego de treparse en una patrulla, manifestó que “lo que más me duele es que ya se nos dijo que ni ciudadanos ni diputados pueden protestar, ese es el mensaje que envió la presidenta, cuando se cerraron las posibilidades de negociación y nos tiraron la violencia encima”.

Al ponderar el hecho de que la represión de la marcha se dio dos días después de la publicación  de la llamada ley mordaza, Granados apuntó que “ya nos amordazan por todo lado”.

Por su parte José Rodolfo Ibarra, presidente del Colegio de Periodistas (COLPER), calificó la publicación de la ley mordaza como “un movimiento muy desafortunado en el ajedrez político”, sobre todo “a sabiendas de cómo se encuentra la situación social, con la piel tan sensible”.

“No tuvieron ni siquiera la diplomacia de informar al Colegio de Periodistas que eso sucedería, fue una mala jugada, pero se les devuelve el golpe bajo que quisieron dar”, añadió.

Al considerar ese hecho junto al desenlace violento que tuvo la manifestación, consideró que la sociedad costarricense ha sido “muy golpeada tanto en sus bolsillos como en sus derechos” y puntualizó que son los sectores sociales más desposeídos “los que están sin voz, por eso una cosa se amarra con la otra: amordazar a los medios de comunicación y a las redes sociales es muy peligroso”.

“Llamo la atención del Gobierno y de los poderes del Estado, para que hagan la lectura de lo que acontece en los sectores más necesitados del país, en el pensamiento universitario, en el trabajo de los funcionarios públicos y en trabajadores de la empresa privada, hay que tender puentes en vez de construir muros”.

El diputado José María Villalta del Frente Amplio —quien también fue golpeado por la policía durante la manifestación— declaró que el Gobierno de Costa Rica “ha tomado la decisión política de recurrir a la represión y a la violación de libertades y derechos ciudadanos para frenar el descontento social, ante la realidad de que crecen y aumentan las movilizaciones y protestas por sus graves y recurrentes errores”.

Además, expresó que “no es ninguna coincidencia” el hecho de que la represión haya sucedido en el mismo momento de la publicación de la ley mordaza.

“Así como el Gobierno más corrupto de la historia quiere ponerle mordaza a la prensa independiente, también se la quiere poner al pueblo para que no proteste, al igual que quieren ponernos mordaza a los diputados que denunciamos la corrupción”, aseveró.

Cabe destacar que según datos del reciente XVIII Informe del Estado de la Nación, durante el 2011 la administración Chinchilla vio 632 movimientos de protesta organizarse, un récord de la historia reciente solo sobrepasado por los más de 700 que se registraron a mediados de los años 90 durante la administración Figueres Olsen.

ACCIÓN POLICIAL

La marcha realizada el pasado 8 de noviembre reunió a personas miembros de los comités locales de salud de varias comunidades, además de sindicatos y diversas asociaciones que pedían una mayor inversión a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según explicó la diputada Granados.

Detalló que a la 1 p.m. —justo cuando estaba programado el levantamiento de la actividad— le avisaron de los arrestos y más tarde, después de varios intentos infructuosos de negociación y cuando se había colocado frente a una patrulla, vio el avance de los antimotines, “me puse de espalda, sentí la presión de ellos y fue cuando para salvaguardarme subí con ayuda a la patrulla. Una vez ahí pensé que podría negociar, pero no hubo tal, me agarraron de una pierna y me botaron”.

“Me preocupa mucho que el ministro de Seguridad hace un espectáculo mediático tratando de hacernos quedar como revoltosos, mientras que el problema de la injerencia política en la CCSS se deja de lado”, expresó.

Cabe recordar que el también diputado del PAC, Claudio Monge, se vio envuelto en un incidente en el que cayó al suelo junto a una efectiva de la Fuerza Pública.

Villalta calificó la acción policial como “totalmente fuera de lugar y desproporcionada”, y dijo tener informes de que “el Gobierno se ha asesorado por cuadros del Movimiento Costa Rica Libre y tomó la decisión de enfrentar el descontento con una política de garrote, claramente siguen adelante con la militarización de la policía”, agregó.

MORDAZA

Desde el pasado mes de julio todos los medios del país denunciaron la aprobación en la Asamblea Legislativa de la ley mordaza, la cual establece penas de prisión para quien divulgue, obtenga o difunda documentos o comunicaciones “dirigidos a otra persona”, según establece el artículo 196 de la reforma.

El Colegio de Periodistas en colaboración con directores de varios medios de comunicación presentó una propuesta de reforma. Se esperaba que el Poder Ejecutivo no publicara la ley mordaza a pesar de haberla sancionado la Presidenta Laura Chinchilla, pero el balde de agua fría cayó el pasado 6 de noviembre, cuando se publicó.

Ibarra expresó que al publicar la ley se la da la espalda al proyecto que la reforma que “camina despacio” en la Asamblea Legislativa, “al parecer sin el beneplácito de la fracción liberacionista ni de algún otro diputado”, indicó.

JUEGO DE VIOLENCIA

Para el sociólogo José Carlos Chinchilla, es importante recordar que fueron 40 los diputados que aprobaron la ley mordaza antes de que la mandataria la avalara con su firma, por lo que “no es gratuito” que esta iniciativa se impulse por parte de la clase política del país, indicó.

Igualmente, dijo que la ley impedirá la denuncia de actos de corrupción en altas esferas, como fueron los casos de los expresidentes Calderón y Rodríguez, el Memorando del Miedo o las denuncias sobre el mal manejo de la construcción de la trocha fronteriza.

“Esta ley juega en contra de la democracia, pues la libre expresión es necesaria para el ejercicio de la ciudadanía”. Sin embargo, mostró algún optimismo en que será un triunfo de la ciudadanía lograr que la ley sea reformada, de lo contrario “estaríamos ante una situación amenazante a la democracia”.

Al referirse a la marcha, en primer lugar indicó que si la CCSS respondiera a las necesidades de las diversas comunidades, las personas no hubieran tenido que trasladarse a marchar ese día a San José.

El analista Chinchilla expresó que hubo un mal manejo de la situación por ambas partes: “hubo gente interesada en provocar la violencia en ambos lados, algunos han perdido el entendimiento de que la violencia solo provoca más violencia y no beneficia a nadie; por otro lado, hay sectores que piensan que el Estado debe ser más duro”.

El sociólogo expresó que la violencia perjudica al Gobierno que la ejerce, al que emplazó por falta de diálogo. También, clamó por más control de parte de los manifestantes, porque la violencia “anula en parte las demandas de la gente, pues no se habla de lo que se reclama con justo derecho, sino de la violencia que se generó”.

“No hay que confundir firmeza con violencia”, añadió.

Afuera también condenaron la represión

Ambos casos llamaron la atención internacional hacia Costa Rica. Por ejemplo, a través de un comunicado firmado el 9 de noviembre, 36 organizaciones sociales de América Latina condenaron “la brutal represión ejercida por el gobierno de Costa Rica (…) en el contexto de una marcha pacífica” el día anterior.

Esa condena fue firmada por organizaciones como la Unidad Ecológica Salvadoreña —de El Salvador—, Voces Nuestras y Ditsö —de Costa Rica—, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales —de Panamá—, Servicios para una Educación Alternativa —de  México—; el Colectivo de Mujeres Samka Sawuri —de Bolivia—, y a Asociación de Forestería Comunitaria UTZCHE —de Guatemala—.

Por otra parte, el Colegio Latinoamericano de Periodistas (COLAPER) —organización que agrupa a representantes de 21 países— emitió un documento referido exclusivamente a la publicación de la ley mordaza en Costa Rica, en el que “rechaza y condena todas las agresiones en contra de la libertad de prensa de nuestros compañeros periodistas de Costa Rica y exigimos respeto absoluto a la libertad de expresión”.