La población de menores de edad privados de libertad en Costa Rica tuvo un brusco aumento respecto de hace un año, con lo cual empeoraron los problemas de hacinamiento, riesgo de violencia y daño psicoemocional de esas personas que demandan de programas efectivos de formación y reinserción social, advierten autoridades y expertos en el tema.
En el Centro de Formación Zurquí, ubicado en San Luis de Santo Domingo de Heredia, la población penal pasó 100 a 172 en un año, según datos del Ministerio de Justicia vigentes a junio último.
Tras una visita realizada la semana pasada al Centro, en compañía de las máximas autoridades del Ministerio de Justicia, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, dio la voz de alarma ante el plenario legislativo porque la población penal juvenil se haya prácticamente duplicado en tan corto tiempo.
El Centro presenta condiciones inadecuadas, insalubridad, aguas negras estancadas, falta de colchones y mucho hacinamiento, entre otros problemas, y lo que más preocupa es que en menos de un año haya aumentado tanto la población recluida, dijo Villalta posteriormente.
En el Centro Zurquí, principal establecimiento de privación de libertad de la Justicia Penal Juvenil, ha sido gravemente afectado y sus proyectos y programas han prácticamente colapsado, a causa del hacinamiento. El centro contaba al final del 2009 con 50 personas adolescentes, y la cifra aumentó entre el 2010 y 2011 con más personas adolescentes y jóvenes adultos, pues se le impuso por la administración penitenciaria abrir un módulo para este grupo poblacional que ya no cabe en el Centro Adulto Joven.
De acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Justicia a junio último la población juvenil privada de libertad era de 329 personas, mientras que en el mismo mes del 2010 eran 266, una cifra igual a la registrada en el 2009. Por otra parte, las sanciones alternativas (no privación de libertad) sumaban 322, frente a 270 en el 2010.
Las estadísticas del país, en general, muestran un notable incremento de los hechos de violencia y de delitos, mayormente a partir del 2008. En el 2009 se experimentó un aumento de 194 delitos más por cada 100.000 los habitantes del país, lo que significó que la población costarricense recibiera una carga delictiva 14% mayor a la registrada en el 2008, situación que pone en mayor riesgo la seguridad personal de los habitantes, según datos del Compendio de indicadores judiciales 2000-2009 de la sección de estadística del Poder Judicial.
En relación con la delincuencia juvenil, la Fiscalía Penal Juvenil registró 16.723 casos entrados, entre el 1 de octubre del 2009 y el 31 de setiembre del 2010, mientras que para los años 2008 y 2007 las cifras habían sido de 11.789 y 9.921, respectivamente, de acuerdo con datos de la Memoria anual (2010) del Ministerio Público.
Los analistas llaman la atención de que a pesar del aumento de las penas que supuso la puesta en vigencia hace 15 años de La Ley de Justicia Penal Juvenil, no han bajado los hechos de delincuencia y violencia juvenil, la cual causa mayor alarma social que la adulta, en parte porque se percibe que esa va a ser la delincuencia de los adultos, y también porque operan una serie de mitos en torno a la participación de la población joven en el delito y la delincuencia (ver recuadro “Mitos sobre delincuencia juvenil”).
POLÍTICAS Y PROGRAMAS
Rosaura Chinchilla, jueza de casación penal, dijo que aunque no tiene un estudio específico del tema, desde su trabajo observa un incremento de la tasa delincuencial para personas menores de edad en cierto tipo de delitos, como robos, tentativas de homicidio y homicidios, por ejemplo, y que, frente a ese fenómeno, nuevamente se aboga por hacer modificaciones en la legislación.
Sin embargo, la modificación de la ley no parece ser el mejor camino, salvo en lo atinente al tiempo de duración de la detención provisional, que actualmente es de cuatro meses y por votos de la Sala Constitucional se ha extendido a casi un año.
En lo que se refiere a la gama de sanciones y el monto de estas, el país cuenta con el dudoso privilegio de tener la mayor sanción para la población penal juvenil (15 años) y de responsabilizarse a los niños a partir de los 12 años de edad, dijo Chinchilla.
Lo que sí considera necesario la jurista es que se invierta para poder hacer aplicable la Ley de Justicia Penal Juvenil y de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, pues ambas suponen un compromiso estatal en políticas y programas, por ejemplo, de desintoxicación de drogas, combate de la deserción escolar, oportunidades laborales y otras.
Estos compromisos no se cumplieron con la emisión de la ley de Justicia Penal Juvenil que, en muchos casos, “solo contempla sanciones de papel, que el Estado tiene poca o ninguna posibilidad de supervisar, y cuya carga de cumplimiento recae, en muchos casos, en la víctima”, manifestó entre otras consideraciones Chinchilla.
Javier Llobet, especialista en derecho penal y profesor de la Universidad de Costa Rica, indicó por su parte que el endurecimiento de la ley penal y el aumento del número de privados de libertad en materia penal juvenil está ocasionando problemas de hacinamiento que antes no había, temas a los que en el país no se les da mucho seguimiento.
Comentó que cuando se producen ciertos hechos de violencia, o en ocasiones como ahora, al cumplirse un año de que un estudiante disparara contra la directora de su colegio en Heredia y le ocasionara la muerte, se intensifican las demandas en la opinión pública para que se reforme la legislación en lugar de ver más bien los problemas de la puesta en práctica de la existente.
Llobet dijo que el abogado Carlos Tiffer planteó la situación en la perspectiva correcta, en un artículo publicado la semana pasada en el diario La Nación (con motivo de los 15 años de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que se cumplieron en mayo último).
La delincuencia juvenil sigue siendo un tema de actualidad igual que hace 15 años, pues en este período se ha producido un aumento del delito y la gravedad de los hechos delictivos. El problema no es la ley, sino la falta de programas especiales de prevención del delito juvenil y de políticas de reinserción social y familiar de los condenados. Esos eran parte de los objetivos de la ley, que no se han cumplido, señaló Tiffer.
Mitos sobre la delincuencia juvenil
Las personas adolescentes son las responsables del aumento del número de homicidios en el país.
-En general se ha producido un incremento significativo de las violencias y los delitos. Entre 1992 y el 2009 los homicidios en Costa Rica pasaron de una tasa de 4.4 a 11.1 por 100.000 habitantes.
De los 512 homicidios del 2008, se produjo sentencia condenatoria por esta clase de delito solo para 26 adolescentes. Es decir para dicho año los adolescentes participaron con el 5% de los homicidios y las personas adultas con el 95%. En el 2007 las condenas por homicidio fueron para 16 adolescentes y así participaron con el 4.33% y las adultas con el 95.67%.
La Ley de Justicia Penal Juvenil es pura alcahuetería, no contempla penas para los delitos graves o los jueces no las aplican.
-La Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica contempla las penas de prisión más altas de Latinoamérica; prevé hasta 10 años para el grupo etáreo entre 12 y 15 años, y hasta 15 años para el grupo entre 15 y 18 años. En casos de delitos graves se están aplicando sentencias de esta magnitud.
El problema se resuelve con penas más largas y metiéndolos todos a la cárcel.
-Entre 1992 y 2009 se duplicó la tasa de personas privadas de libertad en Costa Rica. En 1992 la tasa de población penitenciaria por 100.000 habitantes era de 109 y para el 2009 subió a 237. La respuesta de penas largas y más uso de la cárcel no ha servido para disminuir los delitos.
Hay que cambiar la ley penal juvenil por la justicia de adultos.
– Si se van a hacer cambios, habrá que hacerlos después de una serena evaluación de sus logros y resultados. Y no para pasar al Derecho Penal de Adultos, sino para perfeccionar los componentes de un Sistema Especializado, con jueces y otros actores especializados y con recursos para los programas
de reinserción e inclusión social.
Fuente: Extracto del folleto “Mitos sobre la participación de personas menores de edad en el delito y la violencia”. Defensa de Niños y Niñas Internacional-sección Costa Rica (DNI).
