La huelga de los sindicatos de la Caja del Seguro Social, en busca de la defensa de derechos laborales y en defensa de la institución, sumida en una grave crisis financiera, es el espejo de una Costa Rica dirigida desde hace catorce meses por un gobierno que parece no encontrar el rumbo, dijo el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.

“Si doña Laura Chinchilla quiere dar un golpe de timón, debe dar un frenazo al modelo neoliberal”, comentó el politólogo y exrector de la Universidad para la Paz, Francisco Barahona.

Otros  líderes sindicales consultados,  como Carlos Hernández, de APSE, Fabio Chaves, presidente de la Asociación de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE), Luis Chavarría, Secretario General de la Unión de Empleados de la Caja del Seguro Social (UNDECA) y Walter Navarro, de Acueductos y Alcantarillados, coincidieron también en alertar que el gobierno de la presidenta Chinchilla está activando una peligrosa “bomba social” debido a la “incapacidad” para administrar el país y por estar “sometida” a las políticas “neoliberales”.

En los últimos meses “hemos visto desfilar por las calles a productores, educadores, taxistas, transportistas, inspectores de tránsito, reclamos de policías, el llamado a  huelga en la Caja, hay pequeños empresarios turísticos desesperados, los aumentos salariales son miserables y se sigue con los intentos de privatización”, esto puede tornarse explosivo, dijo Vargas a UNIVERSIDAD.

La socióloga Montserrat Sagot  explicó que se trata de una coyuntura que puede conducir a una gran efervescencia social y “llevarnos a lo que se conoce como una democracia fallida”.

Mientras las últimas encuestas revelan que  la popularidad de la presidenta Laura Chinchilla se encuentra en claro desplome, el Gobierno ha tenido que enfrentar este año una veintena de acciones de protesta de grupos de presión, que no encuentran respuesta a sus demandas. Entre esas acciones, está la multitudinaria marcha del 10 de marzo contra la reforma fiscal, y un paro de educadores, realizado el 28 de junio, contra el proyecto para trimestralizar el curso lectivo.

“Doña Laura no ha encontrado un rumbo claro, vamos a ver si rectifica y eso tiene que pasar por aplicar un frenazo a la aplicación del modelo neoliberal, del Consenso de Washington, que es percibido ahora en el mundo entero como una receta fracasada”, dijo Barahona a UNIVERSIDAD.

Barahona dijo que si el Gobierno insiste en seguir por la vía tomada en el primer año, tendrá un rumbo de “colisión” con los intereses de las mayorías en Costa Rica. “Si no hay rectificación podría agravarse, sin la menor duda, el descontento social. Este descontento que comienza a observarse en las calles crecerá en la medida en que se le nieguen los elementos y respuestas a los sectores que reclaman”, añadió Barahona.

“El problema es que a estas alturas, un año después de la toma de posesión, queda en evidencia que hay poca posibilidad de cumplir con el plan de gobierno y que Chinchilla haga realidad las  promesas de campaña. Todo eso apunta a que Costa Rica podría convertirse en lo que se llama una democracia fallida. Son sectores sociales diversos que comienzan a sentir que la democracia se descompone y hay poco espacio para la construcción y participación ciudadana y para encontrar respuestas a las demandas de la ciudadanía”, dijo Sagot a UNIVERSIDAD.

Consideró que este escenario puede convertirse en una “bomba social”, pues hay “bastantes señales de descomposición de un sistema democrático que en el pasado fue bastante robusto”.

Por su parte, en declaraciones a UNIVERSIDAD, el secretario general de la ANEP criticó el modelo neoliberal al que a su juicio sigue aferrado el gobierno de la presidenta Chinchilla.

“El modelo económico impuesto por los últimos gobiernos y que se prolonga con el actual  tiende cada vez a golpear a sectores muy importantes que se sienten abandonados a su suerte, con rumbo hacia la pobreza, afectados por políticas públicas que ya no son inclusivas e inspiradas en el bien común sino marcadas por un grupo de poder económico muy reducido”, dijo Vargas.

“El sistema tributario es tremendamente injusto, hay una doble moral ambiental, no existe una conducción articulada del país ni un liderazgo convocante inspirador de que podemos vivir en una paz en la que quepamos todos. Sentimos que hay un gigantesco vacío conceptual, con la existencia de ‘repúblicas institucionales’, cada cual trabajando por su lado según los intereses a los que respondan”, agregó.

Vargas dijo que esta situación es muy peligrosa para el país,  porque “hay una bomba social, hay una candela de dinamita que alguien puede encender en un barril de pólvora debido al descontento social”, denunció. (Ver recuadro 1: Protestas que se avecinan)

“Hay una sensación de que cada vez somos  más los sectores que nos sentimos excluidos, relegados, invisibilizados, explotados y rumbo hacia la pobreza total”, afirmó.

Por su parte, el presidente de ASDEICE consideró también que el país está a las puertas de una grave efervescencia social si la presidenta Chinchilla no imprime un cambio de timón a su Gobierno. “Está en ciernes un conflicto social”, afirmó Chaves.

El secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (ASTRAA), Walter Navarro, dijo que el país está lleno de “demandas insatisfechas” y por eso los focos de desasosiego social. (Ver nota aparte: Trabajadores de AyA a paro el viernes)

Mientras tanto, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) espera que el ministro de Educación, Leonardo Garnier, dé marcha atrás con el proyecto dirigido a trimestralizar el curso lectivo.

Los gremios del sector realizaron una multitudinaria marcha el 28 de junio contra esa iniciativa y para  reiterar el rechazo a intentos por establecer un salario único en el gremio magisterial y reclamar otras reivindicaciones laborales.

“Estamos esperando la respuesta, pero si no son satisfechas adoptaremos las medidas que sean necesarias”, dijo a UNIVERSIDAD el Secretario General de APSE, Carlos Hernández.

La ANEP por su parte, estudia la posibilidad de convocar a paros o una huelga para expresar el rechazo al aumento salarial de 2,78% impuesto por el ministerio el Trabajo el 12 de julio.

El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, dijo que en Costa Rica se han venido acumulando una serie de problemas sociales, como vivienda, salarios, reducción de presupuestos en educación, salud, que incuban el descontento social y añadió que en esa dirección ha surgido la huelga indefinida convocada a partir del martes por los sindicatos de la Caja de Seguro Social.

Trabajadores de AyA a huelga el viernes

La Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (ASTRAA) irá a una huelga nacional este viernes, para exigir que a los trabajadores de la institución se les dote de uniformes, se cumpla con el pago de viáticos y horas extras, dijo a UNIVERSIDAD el secretario general del gremio, Walter Navarro.

“El país parece una olla a punto de explotar”, debido al descontento social y a la escasa respuesta del Gobierno, dijo el dirigente sindical.

“Hemos decidido convocar a esta huelga porque no encontramos respuesta de la institución a nuestras demandas”, explicó.

En medio del desasosiego social, en Siquirres vecinos bloquearon calles el lunes contra aumento de tarifas de agua.

Protestas anunciadas:

Los sindicatos de la Caja del Seguro Social convocan a huelga general indefinida.

Trabajadores de AyA van a huelga nacional.

Arroceros anuncian bloqueos en la zona sur.

Paperos y cebolleros organizan manifestaciones.

Vecinos de Atenas amenazan medidas de presión por instalación de puentes peatonales.