Aumento de diputados llegará costar alrededor de ¢6 millones: La Presidenta y la Sala IV tienen “la papa en la mano”

Pese al repudio popular expresado por diversos medios de comunicación la mayoría conformada por los diputados y diputadas del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN)

La bancada oficialista le pidió al diputado y exministro Guillermo Zúñiga no revelar las razones por las que retiró apoyo al proyecto.

Pese al repudio popular expresado por diversos medios de comunicación la mayoría conformada por los diputados y diputadas del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) y otras cuatro agrupaciones aprobaron un jugoso aumento que prácticamente duplica el sueldo de los legisladores a ¢4.3 millones en vez de los ¢2.5 actuales.

Sumado el incremento semestral de 5% que contempla la ley actual, la cifra llegaría a alrededor de ¢6 millones al final de este gobierno. Cada diputado podrá decidir si acepta o no el aumento.

El proyecto fue aprobado la noche del lunes en primer debate con el voto de 35 diputados y diputadas a favor y 20 en contra, entre un total de 55 presentes al momento de la votación.

La iniciativa tuvo el voto de 21 diputados del PLN, nueve del Movimiento Libertario (ML), tres de la Unidad Socialcristiana (PUSC), y los dos de los evangélicos Renovación Costarricenses y Restauración Nacional. En contra votaron  los 11 del Partido Acción Ciudadana (PAC), los cuatro de Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y el único del Frente Amplio (FA), dos oficialistas (Guillermo Zúñiga y Víctor Hugo Víquez) y dos del PUSC (Luis Fishman y Roberto Rodríguez). Se ausentaron de la votación Gloria Bejarano (PUSC) y Óscar Alfaro (PLN).

Férreamente opuestos desde el inicio a la “barbaridad” del aumento,  el PAC y el FA anunciaron que enviarían el proyecto a consulta de constitucionalidad de la Sala IV. Los magistrados tienen hasta 30 días para pronunciarse sobre la legalidad de la iniciativa y devolverla al plenario para el segundo y último debate. La Presidenta Laura Chinchilla tiene la posibilidad de vetarla si es aprobada.

 “Que se vayan, que se vayan”, coreaban el lunes cientos de manifestantes que a pesar de un aguacero llegaron a protestar frente a la Asamblea Legislativa contra la decisión de los diputados de autorrecetarse el incremento. “Si el sueldo no les sirve, que renuncien”, repitieron oradores improvisados que desfilaron frente al micrófono para censurar el “abuso” de los parlamentarios, a los que acusaban de cometer “el crimen” de utilizar la política para enriquecerse.

El jefe de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Juan Carlos Mendoza, otros diputados de la agrupación y Villalta hablaron a los manifestantes y pidieron a la ciudadanía seguir apoyándolos en la lucha contra el aumento. “No existe ninguna justificación ni técnica, ni moral, ni constitucional para aprobar este proyecto”, afirmó Mendoza. Sin embargo, advirtió que una mayoría de diputados seguían dispuestos a aprobar el aumento, por lo que no quedaba otra vía que exigirle a la presidenta Laura Chinchilla que lo vete.

Tras una reunión sostenida el lunes 24 con la fracción liberacionista, Guillermo Zúñiga, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno saliente de Óscar Arias, dijo que había explicado a sus compañeros las razones por las cuales retiraba su apoyo al proyecto. Sin embargo, añadió, sus compañeros le pidieron que no las hiciera públicas sino hasta el día siguiente, pasada la votación.

Cuestionado sobre si no se debía en primer lugar a los costarricenses que lo eligieron a los que debería informar sobre las razones de su decisión de retirar apoyo al incremento, respondió: “Hay razones técnicas, de oportunidad y políticas (para oponerse), es lo que les puedo decir.” Más tarde, sin embargo, en el plenario mencionó algunos de los motivos que lo llevaron a reconsiderar el apoyo al proyecto. Entre ellos, el hecho de que  tendrá un costo de ¢1.500 millones al año, cifra muy superior a la que se había mencionado, y que no hay claridad de dónde saldrán los fondos. Asimismo, que a los diputados se les podría aplicar la ley contra el enriquecimiento ilícito, que prohíbe legislar en provecho propio.
Diversos analistas apuntaron a la presión que este proyecto -colocado en primer lugar de la agenda y por vía ultrarrápida- impuso a la presidenta Chinchilla, cuando aún no ha calentado su asiento en Zapote.

José María Villalta, el diputado único del Frente Amplio (FA), quien junto a sus colegas del PAC ha adversado desde el inicio el incremento del sueldo diputadil, subrayó la responsabilidad de la mandataria, porque sin duda ella “tiene la papa en la mano” para frenar el aumento. Ella ha tratado de alguna forma de tirarle la pelota a la Asamblea, diciendo que ese es un asunto de la Asamblea, pero aquí no pasa una ley si doña Laura no quiere que pase. Ella podría vetar esa ley y ya no tendría los 38 votos para el resello en la Asamblea, y así la ley se caería, dijo Villalta, tras aplaudir la reacción popular que ha logrado quebrar el bloque de diputados favorables al aumento (ver recuadro “El salario mínimo ….).

El pasado jueves 20 al diputado Zúñiga se le consultó sobre el tema,  como conocedor de la situación fiscal del país, por haber ocupado él la cartera de Hacienda, que de dónde creía que saldrían los recursos para el aumento salarial. Dijo que el día anterior Viviana Martín, jefa de fracción del PLN, le había solicitado hacer los cálculos y en eso estaba, por lo que todavía no tenía las soluciones.

Horas después, ese mismo día, Martín aseguró en conferencia de prensa junto a los jefes de fracción de los partidos que apoyan el aumento, que se había pedido a la administración de la Asamblea “certificaciones” sobre los rubros que se podrían recortar para respaldar el incremento salarial, “sin tocar” el presupuesto de la Asamblea. Afirmó que con las certificaciones hechas ya se había identificado un monto de ¢700 millones que se podrían trasladar para el incremento a los diputados.
Hasta ese momento, Martín había argumentado que el reajuste se pagaría con ahorros de gastos del Congreso, que cifraba en ¢700 millones.

No obstante, luego que los diputados opuestos al incremento denunciaron que éste costaría más de ¢1.100 millones al año, y que no había estudios que respaldaran el reajuste propuesto, el bloque del PLN y sus aliados anunció que estaban estudiando los recortes que harían en el parlamento para sustentar el aumento sin incrementar el presupuesto.

Como justificante del aumento, aducen que un fallo de la Sala IV mandó equiparar los salarios en todos los poderes del Estado, y es justo que los diputados ganen igual que los jerarcas de los otros poderes.

En contrapartida, los críticos advierten que los diputados al postularse para la elección sabían cuánto iban a ganar, y no es ético que ahora se aumenten ellos mismos, y que no es comparable la situación con otras instituciones,  donde se piden requisitos y una preparación que no se exige al diputado.

Por ejemplo, entre los requisitos para ser magistrado del Poder Judicial, según el artículo 159 de la Constitución Política, se exige ser abogado en ejercicio, con al menos diez años de práctica profesional y no menos de cinco años de práctica judicial.

La insistencia de los legisladores en recetarse el aumento desató una corriente de opinión contraria en los medios de comunicación y las redes sociales de Internet, principalmente Facebook y Twitter, donde se formaron grupos masivos de usuarios y blogs de condena al proceder de los parlamentarios.

A muchos les llama la atención el marcado interés de las fracciones proponentes en pasar el aumento y se preguntan si detrás de semejante empeño hay algún acuerdo político, quizá para pagar las deudas que les quedaron a los partidos en campaña política.

Este semanario le preguntó a Danilo Cubero, jefe de bancada del ML, si el aumento a los diputados sería parte del pacto que la agrupación firmó con el PLN para impulsar un paquete de proyectos en la Asamblea Legislativa. “Jamás de los jamases”, fue su respuesta.

Preguntado de dónde vino la propuesta de incremento a los diputados, dijo que es un tema heredado de la anterior Asamblea Legislativa que no logró aprobarlo, y en esta legislatura se presentó la moción para ponerlo en agenda, la cual fue firmada por siete diputados de las diversas fracciones.

Entre los numerosos comentarios y artículos críticos publicados en la prensa algunos apuntaron a las  consecuencias negativas que tiene para el recién iniciado gobierno de Chinchilla, el intento de la mayoría parlamentaria de recetarse el impopular aumento.

Por ejemplo, el filósofo y exministro de Cultura Arnoldo Mora escribió que eso tiene consecuencias “catastróficas” para la novel mandataria: no acaba de comenzar la “luna de miel” con que suelen estrenarse los nuevos gobiernos, cuando ya ésta amenaza con terminarse, afirmó.

La aprobación del aumento de los diputados mete a la Presidenta en un zapato, porque un veto suyo la haría inmensamente popular, pero abriría una crisis política entre Zapote y Cuesta de Moras que marcaría toda su gestión. Y si aprueba el desaforado aumento, posiblemente baje su popularidad cuando ni siquiera ha calentado el sillón presidencial. Cabe entonces preguntarse ¿quién gobernará en el próximo cuatrienio esta república?, cuestionó Mora.

La semana pasada Chinchilla rompió el silencio que guardaba sobre el espinoso tema, y advirtió que la iniciativa no era una prioridad para ella, y que se vería obligada a vetar la ley, en caso de que los diputados se la remitan para sancionarla sin dar previamente garantía de que cuenta con el respectivo financiamiento.

Viviana Martín sostuvo el pasado fin de semana que estaban procediendo responsablemente con la identificación de los gastos que se podrían recortar en la Asamblea, para destinar los recursos para pagar a los diputados y las diputadas.

“Con las primeras certificaciones que nos están dando vamos por ¢700 millones en tema de gastos. Aún nos hace falta una serie de certificaciones, por ejemplo la inversión en arte, en mobiliario, lijado de pisos, fiestas u otro tipo de celebraciones, todo eso es lo que va a venir al rubro gastos que nosotros vamos a aminorar, y que ya las fracciones hemos hecho todo un compromiso de austeridad y de reflexión, además de ser consecuentes con que si el salario informal pasa a ser el salario formal, todos esos rubros de gastos son los que están respondiendo”, insistió.

Juan Carlos Mendoza, jefe de bancada del PAC, dijo que “acabar con las guareras, los viajes innecesarios y con todas estas cosas que siempre hemos combatido, debería hacerse por mero sentido de responsabilidad, y no justificar que si se quitan entonces aumentamos nuestros salarios.”



 

 

José María Villalta: El salario mínimo debería ser la prioridad


El diputado José María Villalta calificó el pasado fin de semana como positivo que algunos diputados le retiraran el voto al aumento salarial, porque significaba que las movilizaciones y las llamadas de ciudadanos y ciudadanas en contra de esta “barbaridad” empezaban a surtir efectos. El bloque de diputados favorable al aumento se está resquebrajando, y aunque un grupo insiste en aprobarlo ya se logró algo positivo.

“Logramos que se sintieran un poco presionados y avergonzados y dejaran votar la reforma a la educación (que aumenta el presupuesto para educación a un 8% del Producto Interno Bruto-PIB). Ya solo con eso esta lucha ha tenido sentido, porque es una reforma importantísima que tiene años de estar aquí haciendo fila y no se había logrado aprobar.

Eso no fue solo un logro del FA y PAC (que exigían poner este proyecto en primer lugar de la agenda), sino de la ciudadanía que metió presión a estos diputados y entendió la denuncia que hemos hecho de que aquí las prioridades están al revés.

¿Cómo va a ser que van a tener aumento los diputados y no hacen nada para revisar los salarios de hambre de la gran mayoría de los trabajadores, o para financiar la educación pública, y quieren hacer un gasto que solo beneficia a un pequeño grupo?

Es de mayor prioridad aumentarle a la gente que está ganando por debajo del salario mínimo; pero para eso no  hay prioridad, ni vía rápida, ni ultrarrápida, ni se acuerdan.

Doña Laura dijo en su discurso de toma de posesión que ella quería un país próspero y bello, lo próspero compartido por todos y lo bello protegido por todos. Y aquí lo bello lo están destruyendo con un Gobierno que favorece a las grandes empresas que están degradando la naturaleza, y lo próspero solo para unos cuantos, para los de arriba y así no se vale.


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