La mayor parte de 48 empresas contratadas para la construcción de la trocha fronteriza a lo largo del río San Juan, no están registradas en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), que está levantándoles un expediente y podría mandarlas al Ministerio Público por ejercicio ilegal de la profesión, informó la organización profesional.

Esto se anuncia luego de que una inspección de técnicos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica   concluyó -entre otras observaciones- que en su condición actual la trocha fronteriza “Juan Rafael Mora Porras” presenta un alto riesgo de colapsar durante la época lluviosa, debido a la inexistencia de estructuras de drenaje y la inestabilidad de gran cantidad de cortes y rellenos (ver recuadro “Riesgo de colapso”).

Según el ingeniero Luis Guillermo Loría, del LANAMME, pareciera que la vía fue hecha a “ojo de los tractoristas”, sin ingeniería ni levantamiento topográfico. Ahora urge hacer trabajos de decenas de millones de dólares en cerca de un 20% de la obra, para evitar que las lluvias laven importantes tramos de la trocha y se pierda la inversión realizada.

Dijo que es difícil calcular  el costo de los trabajos por hacer, porque aún no se conoce un desglose de costos y probablemente no lo tiene ni el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), ente ejecutor del proyecto.

Les preocupan aspectos como taludes muy altos e insuficiente inclinación, los cuales no se sostendrían con las lluvias y tampoco se sabe cómo se van a estabilizar. Asimismo, faltan obras de drenaje, que determinan la vida útil en un camino de grava como este y que es un requerimiento técnico que se enseña en cualquier curso de carreteras, criticó Loría, coordinador del programa de infraestructura de transporte del LANAMME.

Por su parte, Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA, afirmó que el Colegio ya tiene censadas 48 empresas que participaron en el proyecto, de las cuales solo 14 están debidamente registradas en esta entidad. Algunas estuvieron registradas, pero cuando trabajaron para la trocha estaban inhabilitadas por diversas razones, mientras que un grupo importante ni siquiera está registrado.

Las que no aparecen en los registros del Colegio ni siquiera debieron haber sido contratadas, porque no están cumpliendo con la legislación correspondiente. A esas empresas se les levantará un expediente que probablemente será presentando al Ministerio Público, porque se podría estar ante un ejercicio ilegal de la profesión, advirtió.

Sobre las empresas que sí están debidamente inscritas, se va a valorar qué fue lo que hicieron y si cumplieron adecuadamente los servicios para los cuales se les contrató, indicó Vargas.

Por otro lado, el diputado Claudio Monge, quien ha sido beligerante en las denuncias sobre las violaciones ambientales y presunto despilfarro de los fondos invertidos por el Gobierno en la carretera, hizo nuevas denuncias tras una visita que realizó el pasado fin de semana a la zona de la desembocadura del río San Juan e isla Calero, objeto de un conflicto por el dragado del cauce que hace Nicaragua sin contar con estudios ambientales y la ocupación de la isla por el ejército nicaragüense en el 2010.

Mientras la atención está puesta sobre los problemas con la trocha, las dragas que tiene el gobierno de Nicaragua siguen trabajando sin los estudios ambientales que Nicaragua debía presentar y sin que el Gobierno de Costa Rica diga nada, reprochó Monge, al tiempo que mostraba fotografías que tomó en el sitio.

Agregó que “ellos suben y bajan, y van cumpliendo su cometido: el agua hace el resto con la llegada ya de las copiosas lluvias; el llamado caño Pastora se ensanchará solito, y el San Juan pasará unos 1.800 metros en línea recta hasta la laguna nicaragüense Portillos aumentando su navegabilidad, y con lo cual se economizará prácticamente 35 kilómetros de vueltas del curso normal del río, que es el plan sandinista original”.

En cuanto a la polémica trocha fronteriza, Loría -del LANAMME- expuso que no cree  que esta obra valga los ¢30.000 millones que se ha dicho que ha costado, en razón de  los acabados y los recursos utilizados. Por eso, en el informe sugieren hacerle una inversión ya, antes de que empiecen los aguaceros más fuertes, que desgraciadamente ya han comenzado a caer.

La carretera debe tener un estándar mínimo, si se quiere tener como vía alterna al río San Juan; es una carretera que debe poder estar abierta todo el año, cosa que no es posible en las condiciones actuales de la trocha.

Debido a lo anterior, sugiere una serie de medidas correctivas, porque hay errores técnicos evidentes que no vale la pena ocultar. Por eso se ha sorprendido que en conferencia de prensa (dada por varios ministros la semana pasada) en la Casa Presidencial, “lejos de asumir los hallazgos y consideraciones -que son constructivas- para que la obra mejore, más bien empiezan a criticar que nosotros salimos con un informe técnico-científico que es imparcial”.

En la conferencia de prensa se afirmó que  hay una campaña de desprestigio en los medios contra la obra y se negó que esta haya sido un desastre ambiental e ingenieril.

INGENIERÍA

De acuerdo con Loría, lo que hay que hacer es aplicar ingeniería, pues no se hizo; “yo preferiría que nos dijeran cuántos ingenieros van a poner a trabajar en todos los frentes de los 160  km” de la vía, expresó.

En términos parecidos se pronunció Olman Vargas, quien dijo en una entrevista radial que no se entiende la posición de las autoridades del Gobierno, de defender lo que se hizo mal. La actitud en este momento debería ser aceptar los errores que hay en la obra, que son muy importantes y están a la vista de todo el mundo. Lo lógico es corregir lo que se ha hecho mal, hacer los diseños que correspondan para que la obra quede bien, y eso significa realizar una inversión importante.

“Nunca hemos dudado de la importancia de la obra; simplemente hemos dicho que se debía hacer de la mejor manera posible, fundamental en los procesos de ingeniería, y que  las cosas  se hagan bien hechas”, recalcó.

El CFIA está preparando un informe que presentará en los próximos días, respecto a algunas de las empresas que participaron.

Por ley constitutiva de este Colegio federado, todas las empresas que laboren en ingeniería y arquitectura deben estar debidamente registradas en el Colegio y tener sus profesionales responsables, y si no actúan bien desde el punto de vista ético o técnico, se les puede sancionar.

Riesgo de colapso, según el LANAMME

•En su condición actual la trocha fronteriza presenta un alto riesgo de colapsar durante la época lluviosa, debido a la inexistencia de estructuras de drenaje, y la inestabilidad de gran cantidad de cortes y rellenos. En caso de que esto llegara a ocurrir representaría una pérdida sustancial de la inversión realizada hasta ahora, pues implicaría la reconstrucción de muchas secciones del camino.

•La condición actual de la trocha limita su impacto social y económico, ya que su funcionalidad no es acorde con la inversión y el esfuerzo realizado por el país en su construcción.

• La habilitación total de la trocha requiere de inmediato de una importante inversión adicional de recursos, para construir las estructuras de drenaje faltantes, concluir y estabilizar muchas secciones de corte y relleno, terminar la superficie de ruedo en varias secciones, y principalmente para la construcción de los puentes sobre los ríos Sarapiquí, San Carlos y Pocosol.

•El trazado actual de la trocha denota que se realizó sin un diseño geométrico básico, que permitiera un uso más eficiente de los recursos invertidos. Aunque es una trocha, por el tamaño de la inversión debió tomarse en cuenta desde el principio la necesidad de ejecutar una topografía sencilla, que en un plazo corto de algunas semanas, basada en georreferenciación y en software moderno de diseño, orientara de forma más ingenieril el trazado final del proyecto.