Lograron compromiso del Ejecutivo para incluir en la agenda legislativa un proyecto de ley que les permitiría mantener sus hogares.
Con una manifestación realizada el 13 de enero ante Casa Presidencial, el Frente de Comunidades Costeras insistió ante la Presidencia de la República sobre la necesidad de convocar a la Asamblea Legislativa para el estudio del proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios.
Esa iniciativa se tramita con el expediente legislativo número 17.394 y la manifestación se realizó ante la Presidencia pues en este mes la Asamblea Legislativa, que se encuentra en vacaciones, debería entrar a trabajar a su periodo de sesiones extraordinarias, en el cual la agenda de trabajo es fijada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, aún no hay ninguna claridad sobre si el presidente Óscar Arias convocará a los diputados antes de las elecciones de febrero.
“La movilización del 13 se programó como una acción intermedia, porque ya se habla de medidas más fuertes. Logramos un compromiso del Poder Ejecutivo para que cuando entren a trabajar los diputados, el proyecto esté en agenda”, manifestó Wilmar Matarrita, coordinador del Frente de Comunidades Costeras.
A través del viceministro de la Presidencia, Roberto Thompson, el gobierno se comprometió por escrito a convocar el proyecto en las sesiones extraordinarias, así como a promover una reunión de trabajo entre representantes del Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y las municipalidades donde se dan desalojos, para establecer una agenda de trabajo que paralice los desalojos mientras se da la respuesta legal en el parlamento, según informó Matarrita.
El proyecto de ley busca el reconocimiento y protección especial a las comunidades locales que habitan en las zonas costeras y que “cuentan con derechos históricos, una cultura propia, una herencia ancestral, costumbres, tradiciones, normas, infraestructura, formas de pensar e incluso lenguaje que los identifica”.
Señala que estas comunidades “se encuentran en grave peligro de extinción por la amenaza de expulsión de sus tierras, la destrucción y sobreexplotación de los ecosistemas naturales, la pobreza extrema y la falta de oportunidades y el abandono sistemático del Estado costarricense”.
El proyecto también define los territorios costeros comunitarios como “áreas especiales de protección” para comunidades locales dedicadas a la pesca artesanal o el turismo rural comunitario.
El texto puntualiza la declaratoria de 48 territorios de ese tipo en las tres provincias costeras del país. Según informó Matarrita, otras poblaciones ya han solicitado ser incluidas en la iniciativa, por lo que podrían ser un total de 54.
El dirigente enfatizó en que la aprobación del proyecto es “urgente”, pues hay comunidades con orden de desalojo, entre las que citó Ostional y Montezuma de Cóbano, aunque el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Jorge Rodríguez, descartó que se realicen desalojos en Ostional (Ver recuadro).
Matarrita lamentó que “hay familias que tienen órdenes de desalojo que sólo pueden ser suspendidas si pasa la ley. Nuestra urgencia es porque ninguna familia sea desalojada, pues eso implica un daño enorme, ya que la mayoría de la gente no tiene dónde vivir. Se trata de miles de familias en situación precaria”.
Ante esa urgencia, denunció que “sentimos que el Partido Liberación Nacional (PLN), por orden de Casa Presidencial, le ha quitado el apoyo al proyecto, aunque algunos de sus diputados se resisten por la presión de sus comunidades. Pero hay una directriz del Ejecutivo de oponerse y de buscar un tipo de proyecto que permita los megadesarrollos, impulsado sobre todo por la legisladora Maureen Ballestero”. Cabe recordar que Ballestero negó cualquier interés suyo en la situación de Playa
Cabuyal, en Liberia, en la cual hay una disputa territorial que vincula a la aspirante a diputada del PLN, María Ocampo (Ver UNIVERSIDAD del 25 de noviembre y del 2 de diciembre, 2009).
Tras destacar que la propuesta presentada prohíbe esos “megadesarrollos” en los territorios costeros comunitarios, Matarrita subrayó la necesidad de presionar a las autoridades. “Creemos que hay mano oscura para atrasar la discusión en el PLN, mientras que con los libertarios hemos tenidos discrepancias porque insisten en incluir el tema de la titulación de propiedades, lo cual es inconstitucional y no queremos perjudicar nuestro proyecto por cometer ese error”.
DESIGUALDAD
UNIVERSIDAD en varias ocasiones ha denunciado las amenazas y desalojos que agobian a estas comunidades, como es el caso del poblado de Muelle de Tambor, Puntarenas, donde los pobladores están a punto de ser expulsados, para dar campo a una marina que quiere construir la multinacional hotelera española Barceló. (Ver edición del 22 de julio, 2009)
También se han expuesto los casos de las playas Dominical y Dominicalito, donde la Municipalidad de Osa ha ejecutado desalojos. (Ver edición del 16 de junio, 2009)
Este Semanario además ha informado sobre la forma en que ciertos desarrollos turísticos se apropian de porciones de la Zona Marítima-Terrestre (ZMT), con la construcción de estructuras y jardines que irrespetan la presencia de los mojones que delimitan la zona pública inalienable, sin amenaza de desalojos. Tal es el caso de la empresa Santa Elena Preserve, en Playa Rajadita, o el Hotel Bolaños Bay, en la misma zona, ambos en La Cruz de Guanacaste. (Ver edición del 25 de noviembre, 2009)
De gran notoriedad es el caso del Hotel Las Palmas, ubicado en el refugio Gandoca-Manzanillo, el cual a pesar de que se han comprobado numerosas infracciones ambientales y su demolición ha sido ordenada, ha librado batallas legales que le han permitido seguir en funcionamiento.
Juan Figuerola, de la organización no gubernamental (ONG) Bosques Nuestros, explicó que históricamente las costas y las islas han sido pobladas por personas que se han dedicado sobre todo a la pesca artesanal, quienes “han sido excluidos en las decisiones políticas del país. Un ejemplo de ello es la actual ley de la ZMT, a partir del boom del turismo en los años 90, cuando empezaron las presiones, pues la tierra en esos lugares adquirió un valor particular no sólo por lo turístico, sino en el mercado de bienes raíces. De manera que se crearon grandes intereses que pretenden apropiarse de las tierras”.
Según señaló, las comunidades llegan a convertirse en “un estorbo y se les empieza a presionar, a decirles que son invasores de la zona pública”. “Los medios que usan para extirparlos de la tierra son violentos, se han concretado desalojos muy violentos, demoliciones, quema de ranchos y de casas”, recordó.
Por su parte, Matarrita explicó que la mayoría de las comunidades costeras, “por razones que en muchos casos tienen que ver con la pobreza y la desinformación”, quedaron incluidas en refugios de vida silvestre o dentro de la definición de la ZMT, situación agravada porque “las municipalidades nunca han cumplido con su obligación de resolverles el problema de legalidad por medio de mecanismos como un plan regulador; por ello estas comunidades enfrentan ahora una situación de ilegalidad”.
Agregó que “pretendemos hacer todo por la vía legal, ningún diputado ha sido capaz de sostener una tesis en contra del derecho de las comunidades, pero si eso no cuaja recurriremos a medidas de otro tipo. Estamos preparados para realizar un gran levantamiento en Puntarenas para paralizar el puerto el próximo 1 de febrero”.
Jorge Rodríguez:
“Municipios ven una oportunidad de desarrollo”
El jerarca del MINAET, Jorge Rodríguez previo a la protesta del día 13 contestó las consultas de UNIVERSIDAD sobre el tema y dijo no oponerse a que el proyecto sea discutido en la Asamblea Legislativa.
¿Qué opinión le merece el proyecto de Territorios Costeros Comunitarios?
– Considero que para casos concretos, como el de la comunidad de Ostional, no funciona pues es muy general. No me opongo al proyecto, pero no es la solución que se requiere para ciertos casos concretos.
Logré detener el desalojo de Ostional a través de una serie de reuniones que tuvimos con la Sala Constitucional, que publicó un voto en el cual nos dice que si hacemos un estudio sobre la situación de los habitantes, acepta que nosotros determinemos a quién se debe desalojar y cómo.
Lo anterior me parece que es un logro importante porque demuestra que la conservación puede convivir con los habitantes. Si todo sale bien, no habrá desalojos en Ostional.
¿Qué posibilidades hay de que el Poder Ejecutivo convoque el proyecto?
– Esto lo analizará Casa Presidencial, pero no me parece práctico enviar el proyecto en este momento, ante la convulsión política que hay en la Asamblea Legislativa, que empieza a trabajar hasta el 18 de enero y me parece que se puede romper mucho el quórum.
No veo ningún problema en que lo presenten, aunque me parece que tiene roces con la Constitución, principalmente con las municipalidades y con las áreas protegidas.
En los desalojos que se han dado hasta ahora ha habido situaciones violentas…
– Cuando se hacen los desalojos hay que limpiar, porque ha sucedido que después la gente se vuelve a meter. Una vez que el ultimátum se da, no podemos echar para atrás.
El Frente de Comunidades Costeras sostiene que muchas veces los desalojos buscan favorecer intereses desarrollistas específicos. ¿Ha observado ese fenómeno?
– No creo que sea así. En el caso de las áreas protegidas, los desalojos se hacen porque se trata de propiedad estatal.
Pero ¿cómo analiza los casos de ciertas municipalidades que desalojan a gente que tiene mucho tiempo de estar en ZMT?
– Hay que revisar el sistema de ZMT, pues usted puede encontrar más de 20 instituciones que tienen que ver con el tema, como el MINAET, las municipalidades, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) o el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
El objetivo siempre ha sido mantener la ZMT para que la población costarricense puedan ingresar as esos sitios. Hay muchas excepciones a la aplicación de la ley, lo que sí es cierto es que con este tema las municipalidades ven una oportunidad de desarrollo.
