Candidatos presidenciales ignoraron debate sobre fotocopiado

Pese a que el tema sobre la legalidad del fotocopiado ocupa el lugar once en la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos de

Solo el candidato del Frente Amplio, Eugenio Trejos, se presentó al debate.

Pese a que el tema sobre la legalidad del fotocopiado ocupa el lugar once en la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el Movimiento Fotocopiando para Estudiar quiso conocer la posición de los candidatos presidenciales y los convocó a un debate el pasado miércoles 13 de enero a las 6:00 p.m. en el Liceo de Heredia.

De los candidatos confirmados, solo Eugenio Trejos del Frente Amplio se presentó, razón por la cual lo que se pensó como discusión de ideas y posiciones se convirtió en un foro.

Esta agrupación política ha sido la única voz que apoyó al movimiento estudiantil al presentar un proyecto de ley que busca despenalizar el fotocopiado. Se trata de la reforma a la Ley de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual (Ley 8039).
“Consideramos inaceptable lo que plantea la Ley de Propiedad Intelectual en razón de los compromisos adquiridos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) que impide que nuestros estudiantes puedan tener acceso a fotocopias para estudiar” afirmó Trejos.
Los partidos Renovación Costarricense, Unidad Social Cristiana (PUSC) y Alianza Patriótica, no se presentaron por cambios de último momento en sus agendas. La candidata del partido oficialista,  Laura Chinchilla, declinó desde un principio su participación,  mientras que el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) no dio respuesta.
Para Josué Aguirre, presidente del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, es necesario conocer la opinión de los candidatos para poder dibujar el escenario que enfrentarán con la administración venidera, aun cuando el proyecto de ley presentado por el diputado del Frente Amplio José Merino tiene el apoyo de otras fracciones legislativas.

“Tenemos una preocupación compartida con muchos sectores de la sociedad de cómo han avanzado las leyes de propiedad intelectual hasta el punto de ser una forma de privatización del acceso al conocimiento” aseguró Merino.

“Aunque el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) ha manifestado que no es delito que los estudiantes saquen copias si lo es para los copistas, quienes incurren en delitos que son penados con multas y cárcel” aseguró Trejos.

“En la agenda de implementación se aprobó una ley donde se establecen penas de cárcel para los empresarios que fotocopien textos. Y nos dijeron que no pasaba nada” dijo Merino, sin embargo el antecedente lo marcaron las denuncias presentadas por la Cámara del Libro contra tres centros de fotocopiado, amparada en la interpretación de la ley de Propiedad Intelectual.

En una publicación de UNIVERSIDAD, el candidato a diputado por el Frente Amplio José María Villalta denunció las multas millonarias y las penas de cárcel de hasta seis años, que recibirían los empresarios dedicados al negocio de las fotocopias.

De acuerdo con Villalta estas penas son inclusive mayores que las establecidas en la Ley 8422 para delitos de corrupción con fondos públicos. “Las leyes aprobadas no protegieron el uso de fotocopias para fines educativos” denunció Villalta.

PREGUNTAS SIN CONTESTAR

Los representantes del Movimiento Fotocopiando para Estudiar hicieron preguntas a los candidatos presidenciales, tales como si consideraban que el fotocopiado es una práctica delictiva o si apoyarían la reforma de Ley 17342, impulsada  por esta organización estudiantil.

También demandaron acciones adicionales que asumirían para proteger la sostenibilidad de la educación, tales como el acceso a fotocopias. Ambos planteamientos se quedaron a la espera de una respuesta de parte de los candidatos presidenciales.

También en diciembre pasado el movimiento envió una carta al Consejo de Gobierno en la que solicitaron la convocatoria a sesiones extraordinarias del proyecto de reforma a la ley, pero la respuesta fue que esta iniciativa sería enviada cuando ellos lo consideraran oportuno.

En un segundo documento, voceros del Gobierno informaron a la agrupación estudiantil que el tema sería visto por el Ministerio de Comercio Exterior. Lo anterior fue considerado por los líderes del movimiento como una “burla” por parte del Gobierno. “Qué más prioritario para un pueblo que la salud y la educación” argumentó Aguirre.

Como parte del debate presidencial, los organizadores pretendían demandar el compromiso de los candidatos para favorecer la reforma a la ley 8039, mediante el proyecto 17342. El Movimiento estudiantil dará seguimiento a los avances de esta propuesta a fin de que se despenalice la actividad que hacen los centros de fotocopiado.

 

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