El convenio por más de ¢900 millones no fue refrendado por la Contraloría, que abrió una investigación sobre los controles del MINAET sobre la cooperación internacional que recibe.
La inclusión de ¢914.085.000 en el Presupuesto de la República originalmente destinados a pagar un convenio de cooperación reembolsable firmado entre el entonces Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es fuertemente cuestionada por el diputado Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Se trata de un convenio suscrito con el objetivo de dar sustento económico al “proyecto de implementación de la Ley General de Telecomunicaciones”, según el texto del acuerdo, lo cual tiene que ver con el pago de asesorías y la implantación del Viceministerio de Telecomunicaciones.
Los cuestionamientos de Salom se basan en primer lugar en que el Convenio de Cooperación Técnica para el Suministro de Bienes y Servicios Profesionales, no recibió el refrendo de la Contraloría General de la República, por lo cual “nunca se debió presupuestar ese dinero”.
Destacó que en el Proyecto de Presupuesto de la República se incluyó ese monto “como el pago al BCIE en una transferencia al sector externo, lo cual es muy grave, si presupuestaron esos recursos antes del aval de la Contraloría, estamos ante un problema mayúsculo; tanto más si lo hicieron después de que ésta negó el refrendo”.
Al respecto, Hannia Vega, Viceministra de Telecomunicaciones, explicó que el 16 de junio pasado, el MINAE remitió la propuesta de implementación del programa de telecomunicaciones donde se incluye la partida respectiva al BCIE en el anteproyecto de presupuesto de la República para el 2009, “con el fin de garantizar los recursos en caso de que la Contraloría otorgara el respectivo aval”.
Ese pago al BCIE posteriormente fue eliminado del proyecto de presupuesto y la misma suma se incluyó en el presupuesto del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) como “Rectoría del Sector Telecomunicaciones”.
Otra anomalía señalada por el legislador es que la ejecución de esos fondos no tiene sustento en el Plan Operativo Institucional (POI) del MINAET.
Explicó que de acuerdo con la Ley 8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, “nadie puede presupuestar nada si no está sustentado en el POI de cada ministerio, y en este caso no lo está”.
Además, Salom criticó el hecho de que al tratarse de cooperación reembolsable, el Convenio implicaba endeudamiento externo para el Estado, por lo que debió haber sido conocido por la Asamblea Legislativa, lo cual no sucedió.
En ese sentido, Vega remitió una nota del Ministro Dobles dirigida a Salom, en la que señala que el Convenio no constituía endeudamiento externo, ya que lo pretendido era que el BCIE “a manera de contratista suministrara al MINAET los bienes y servicios requeridos” para constituir el Viceministerio de Telecomunicaciones.
Al cierre de edición trascendió que la Contraloría General de la República inició una investigación “sobre controles diseñados e implementados por ese Ministerio para el ingreso y disposición de recursos provenientes de cooperación internacional, donaciones y otros recursos afines”.
Así consta en un oficio enviado al jerarca del MINAET, Roberto Dobles con fecha del 18 de diciembre, en el que la institución solicita se facilite lo necesario para el trabajo de tres funcionarios de la Contraloría en las oficinas del Ministerio.
La oficina de prensa de la Contraloría informó que ese “estudio” obedece a “nuestro plan de trabajo de fiscalización para el 2009”, sin embargo Salom indicó que acudió a esa institución con la denuncia del caso.
¿PAGO DE UN PRÉSTAMO?
El Convenio fue suscrito el 9 de junio del año pasado entre Dobles y el director por Costa Rica del BCIE, Alfredo Ortuño. Cabe recordar la álgida polémica en torno a una cantidad de asesorías pagadas por esa instancia para Casa Presidencial.
El texto del acuerdo señala que se trata de una “cooperación técnica reembolsable para la provisión de bienes y servicios que serán utilizados exclusivamente para los proyectos, programas y asistencias técnicas necesarias para el proyecto de implementación de la Ley General de Telecomunicaciones”.
El monto del convenio fue por $1.650.000 y los ¢914.085.000 que fueron incluidos en el Presupuesto corresponden a esa suma, según el tipo de cambio al momento en que se pactó, según Salom.
Posteriormente, el 18 de julio la Contraloría negó el refrendo al Convenio, entre otras razones, porque consideró que algunas de las disposiciones del mismo, en concreto el hecho de que el Ministerio tenía que rendir informes de ejecución de la cooperación al BCIE, “pareciera responder a las características propias de un esquema de financiamiento”, según lo indica en un documento oficial.
Posteriormente, la Directora General del Presupuesto Nacional, Marjorie Morera, envió notas el 30 de setiembre y de nuevo el 13 de octubre a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para que en el Proyecto de Presupuesto Nacional se eliminara la “transferencia al sector externo” para pagar los más de ¢900 millones al BCIE, y en su lugar se incluyera la misma idéntica suma en el programa “Rectoría del Sector Telecomunicaciones”, dentro del presupuesto del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
Salom insistió en que “ni el pago al BCIE ni los pagos especificados en el mencionado programa del MINAET se corresponden con objetivos planteados en el POI del Ministerio”.
Recordó además que durante una comparecencia ante la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, el 24 de setiembre, del Ministro Dobles señaló que ya no se iba a realizar esa “actividad”, refiriéndose al Convenio. “Luego, el 27 de octubre compareció ante el Plenario por el tema de la minería en Crucitas, insistí con este tema y repitió lo mismo”.
El legislador apuntó que el 29 de octubre, dos días después de comparecer ante el Plenario, el Ministro Dobles le indicó por escrito a Ortuño que suspendiera el trámite del Convenio. “Eso quiere decir que cuando contestó ante la Comisión y ante el Plenario mintió, porque no se había suspendido el Convenio”, aseveró Salom.
“Iban a tomar ¢914 millones de un préstamo que ni siquiera pasó por la Asamblea Legislativa, lo incluyeron en el Presupuesto, pero ni siquiera tiene sustento en el POI del MINAET. ¿Cómo los iban a presupuestar, cómo iban a trasladar los recursos al BCIE, a pesar de no tener el refrendo de la Contraloría?”, se preguntó.
Además, mencionó que entre octubre y diciembre se contrataron unas consultorías a nombre del Viceministerio de Telecomunicaciones, aunque dijo desconocer detalles sobre ellas.
El diputado calificó como prioritaria la necesidad de realizar una investigación para descartar que los fondos del BCIE hayan ingresado al MINAET y hayan sido ejecutados, una hipótesis que le es sugerida por la manera “intempestiva” en que se incorporó el pago original en el proyecto de presupuesto, el hecho de que el mismo gobierno buscara hacer el cambio para incluir la misma cantidad de dinero, luego de que la Contraloría negara el refrendo y el hecho de que se contrataron consultorías para ejecutar objetivos en tres meses.
Por su parte, la viceministra Vega negó que en el Presupuesto Nacional se incluyera finalmente la ejecución del Convenio con el BCIE. “De conformidad con la ley de presupuesto ordinario y extraordinario para el ejercicio económico 2009, este viceministerio únicamente cuenta con recursos del Presupuesto Nacional de la República y al día de hoy no está ejecutando ningún convenio con el BCIE”.
