Al no conseguir los votos para su propuesta, el oficialismo aceptó al candidato sugerido por los opositores.

El oficialismo y los partidos de oposición lograron en pocas horas el pasado fin de semana acuerdo para dar fin al pulso político que durante meses impidió que la Asamblea Legislativa nombrara a un magistrado de la Sala Constitucional, a causa de la imposición que quiso hacer el Gobierno, según los opositores.

Tras repetidas votaciones en las que el Partido Liberación Nacional (PLN) no logró conseguir los  38 votos necesarios para elegir al candidato de sus preferencias y varias sesiones extraordinarias convocadas para el efecto que no reunieron el quórum -la última de ellas el jueves de la semana pasada- Jorge Méndez, jefe de la bancada oficialista anunció que su fracción apoyaría el nombre de Fernando Castillo Víquez.
Castillo, procurador de Constitucionalidad, fue propuesto el jueves 12 de noviembre por el Partido Acción Ciudadana (PAC),  Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario (ML), en una terna de tres candidatos para sustituir la vacante dejada en la Sala IV por el magistrado Luis Fernando Solano, quien se jubiló desde el 1 de febrero del 2008.
Méndez declaró a la prensa que habían encontrado “una gran coincidencia” de todas las fracciones en torno a las cualidades de Castillo, y anunció que el lunes presentarían una moción para alterar el orden del día en el plenario a fin de realizar la elección lo más pronto posible, cosa que efectivamente ocurrió ese día. Los demás jefes de fracción también alabaron los méritos profesionales y personales de Castillo y reconocieron su sentido de independencia, pese a su militancia liberacionista.
A Méndez se le preguntó qué había pasado para que de un momento a otro llegaran al consenso que no habían logrado en meses.
 “Ha sido un proceso difícil. Me parece que esto ha pasado por retomar un poco la confianza en la propuesta de las fracciones. Nosotros hemos creído en la propuesta que han hecho el ML, el PUSC y el PAC y por eso creemos que hay un grado de certeza en la persona que estaríamos nombrando”, replicó.
El socialcristiano Jorge Eduardo Sánchez, que patrocinó reuniones de las bancadas opositoras para elaborar la propuesta, dijo: en el PLN “tienen que aprender que solo 24 diputados tienen y que las mayorías  se construyen dialogando y no imponiendo, ni haciendo jugadas por debajo”.
“Liberación quedó mal acostumbrado y creyó que los 38 votos que tuvo por las alianzas eran producto de que eran incondicionales. Nunca hemos sido incondicionales; coincidimos en una visión de país, eso es otra cosa”,  aseguró Sánchez en alusión a la participación de su grupo en la alianza parlamentaria que le permitió al Gobierno aprobar en el 2007 el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y las leyes de implementación.
 “Esperamos que el Gobierno también entienda que vamos a ver todas las candidaturas antes de elegir”, respondió el diputado cuando se le preguntó si mantendrían la misma postura en el caso de la elección del o la titular de la Defensoría de los Habitantes. Éste, como el caso del nombramiento de un grupo de magistrados suplentes, está pendiente de votación, por demoras en la convocatoria por parte del congreso cuyo directorio encabeza el PLN.
 Sánchez dijo que es cierto que en el caso de la Defensoría lo que se necesitan son 29 votos y no 38 como con los magistrados, por lo que es diferente, pero advirtió que “para llegar a la elección usted tiene que dejar de hablar también”, en alusión a los recursos que da el reglamento al diputado para hacer  oposición en el plenario legislativo.

DECISIVO

Para Alberto Salom, jefe de bancada del PAC, el “hecho decisivo” que entorpeció la escogencia del magistrado fue la presencia del Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias en la Asamblea Legislativa, el pasado 8 de octubre, cuando llegó “a forzar un acuerdo” para elegir a Nancy Hernández, asistente de Luis Paulino Mora, magistrado de la Sala IV y presidente de la Corte Suprema.
“Nadie le quita a los Arias que tengan sus preferencias, pero lo que no puede ocurrir es que vengan al parlamento a pavonearse de una candidatura como el caso de la letrada Hernández”, censuró.
Según el legislador, aparentemente la propuesta de nombres que hizo la oposición puso en jaque la posición del Gobierno, que tuvo que aceptar a Castillo aunque no le gustara mucho a pesar de ser liberacionista, porque “no es del riñón de los Arias.”
“Tal vez no era de su mayor agrado, pero si no aceptaban hubieran quedado en evidencia que no querían realmente elegir al magistrado y querían seguir obteniendo dividendos electoreros a costillas del PAC”, señaló Salom, al rechazar los señalamientos oficialistas que achacaron a la agrupación opositora la culpa por los atrasos en la elección con una actitud presuntamente obstruccionista.
Explicó que el PAC apoyaba a Castillo, partiendo del hecho de que no se puede elegir el magistrado sin los votos de Liberación Nacional y que se trata de un “profesional respetable y respetuoso de la institucionalidad democrática y no del diktat (dictado).”
Por su parte, el jefe de la bancada libertaria, Carlos Gutiérrez, también elogió las calidades de Castillo y dijo que era el que menos anticuerpos tenía.
Es importante que Liberación entienda que lo que tiene son 24 diputados y debe dar espacio también a los demás;  “ese es el mejor mensaje en este momento, que el consenso, el respeto y el diálogo sea de todos”, dijo Gutiérrez.
Según el diputado José Merino, del Frente Amplio, la elección del magistrado se habría resuelto desde hace meses, si no hubiera sido por el intento del Poder Ejecutivo de torcer el brazo al parlamento para imponer una candidatura.
 “Los Arias se niegan a ceder el control sobre la Sala Constitucional y están mandando un aviso, porque el próximo año habrá que sustituir probablemente a otros dos magistrados, y lo que hay es una lucha de poderes económicos e instituciones alrededor de este tema”, señaló Merino, quien no participó en el acuerdo para nombrar el magistrado.
Con la Defensoría la situación es similar, “esta gente ya ni siquiera quiere que la Defensoría tenga algún nivel de autonomía. Quieren imponernos una diputada que es totalmente adicta a los Arias”, afirmó.

Alerta por nombramiento en la Defensoría

Luis Diego Marín, coordinador de la organización ecologista Preserve Planet:

“Es preocupante lo que ha venido sucediendo en torno a la elección del magistrado de la Sala IV. Nosotros estamos en alerta desde mucho tiempo porque la Sala ha tenido algunos desaciertos desde el momento en que aprobó la reelección presidencial en una clara violación a la Carta Magna, como lo han dicho muchos analistas. Ahora vemos que a la hora de elegir un puesto vacante todo parece indicar que lo que se quiere buscar es la persona que quiere tener allí el Gobierno de turno, los empresarios y ciertos intereses.
Debemos estar muy atentos con esta elección para que la escogida sea una persona que realmente persiga el interés de nuestro país, porque se nos está yendo de las manos la justicia y la correcta administración de las leyes en Costa Rica”.

Luis Salas, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA):

“Todo lo que se elija por medio de la Asamblea Legislativa ya lleva una contaminación política, todo se hace por intereses políticos y negociaciones por debajo, de ahí que quien llega a la Corte va con compromisos que afectan las responsabilidades de los magistrados para resolver.
No solo en este caso, sino también en el de la Defensoría de los Habitantes (cuyo titular está también pendiente de nombramiento en la Asamblea Legislativa) se llega a actos de falta de ética, donde uno puede pensar que hasta se están negociando cuotas por debajo con algunos partidos, o el partido que está en el poder está moviendo todas sus fichas para que su militancia política quede en puestos e instituciones claves.
Antes estas cosas se hacían de manera camuflada, ahora se llega al descaro de no esconder que buscan fichas que decidan a favor de sus intereses. Cada vez es más evidente el poder político metido en las instituciones públicas, como sucedió en el caso Caja-Fischel, donde se llega al extremo de promover la corrupción abierta.”

Silvia Herrero, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Costa Rica (FEUCR):

“La Sala Constitucional en los últimos años ha servido para legitimar al Poder Ejecutivo, de ahí que hay una pugna en la misma Asamblea Legislativa para elegir magistrados específicos, porque quienes van a la Sala IV van a defender los mismos intereses que defiende el Poder Ejecutivo.
Un ejemplo de ello es el papel que cumplió la Sala IV legitimando el TLC, pasando por encima de la Constitución Política, e igualmente sucedió con la reelección de Óscar Arias, caso que pasó por la Sala.
La discusión que se ha dado en la Asamblea Legislativa ejemplifica muy claramente qué es la Sala IV, y muestra que son los poderes del Estado los que están por defender los intereses de las grandes empresas y las transnacionales, y no a los trabajadores y trabajadoras, ni a las comunidades. Eso explica ese entorpecimiento que ha habido para elegir un nuevo magistrado, porque buscan a alguien que vaya a representar esos intereses”.