Hilda Zúñiga tramitaba su pensión en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, el pasado 14 de mayo.
Todo surgió por el dictamen de la Procuraduría de la República en abril del año pasado, que señala que si el Ministerio considera que hubo irregularidades en el proceso por el que se otorgaron estas jubilaciones, puede investigar los casos. Estas personas, la mayoría universitarias, se trasladaron en 1995 del régimen del Magisterio al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); pero apelando al Convenio vigente 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se jubilaron según las leyes del Magisterio.
El fallo de la Procuraduría dio luz verde a la Oficina Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo para rechazar las solicitudes de jubilación del régimen del Magisterio que se den mediante la aplicación del Convenio 102.
Recientemente seis educadores recibieron citaciones para una comparecencia oral y privada «a fin de determinar la existencia de posibles nulidades o lesividades en el otorgamiento de la pensión», según consta en el documento ODP-006-04.
Por esta razón la semana pasada cerca de 100 docentes pensionados protestaron en la sede del Ministerio de Trabajo. No obstante, se confirmó que el Ministerio suspendió los procesos de citaciones, aunque la investigación continúa. Asimismo, según consta en el oficio DVM-256-2004 en los próximos quince días el Ministerio expondrá su análisis de la situación.
El Ministro interino, Jeremías Vargas, explicó a UNIVERSIDAD que se creó un órgano valorativo de procedimientos para analizar estas jubilaciones, porque tienen evidencia de que existen múltiples inconsistencias; como los casos están en su fase inicial, sólo se habían citado a seis personas.
MAXIMO ORGANO JURIDICO
Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), señaló que los 168 compañeros adquirieron su pensión por el régimen del Magisterio, la cual fue aprobada por el Tribunal Superior de Trabajo y están protegidos por la resolución de la Sala IV (1999).
Esta determinó que se debe respetar el artículo 29 del Convenio 102 de la OIT, que permite a las personas con veinte años de residencia o pertenencia en un determinado régimen de pensiones, obtener los beneficios de una jubilación, una vez cumplidos los requisitos de ley.
«Desde el año pasado viene el conflicto porque el Ministerio desacata la interpretación del Convenio de la OIT y sólo acata lo que la Procuraduría dictaminó», dijo Díaz.
En esto coincidió Alfredo Hasbum, director de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA). La posición de la Junta es rechazar estas acciones del Ministerio porque «estas pensiones las tramitamos nosotros; luego la Oficina de Pensiones del Ministerio las rechazó pero finalmente fueron avaladas por el Tribunal Superior de Trabajo, que es la última instancia y además se apega a la resolución de la Sala».
«El criterio que debe prevalecer es el de la Sala IV, máximo órgano jurídico», insistió.
Jeremías Vargas respondió que si bien reconoce que la Sala IV es el órgano máximo, el criterio de la Procuraduría indica que este fallo de la Sala ha sido modificado por resoluciones posteriores.
Él se refirió a un voto aclaratorio de la Sala (2000-0673) y a otro de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. El problema es que no se ha aclarado cuál interpretación debe seguirse.
TRIBUNAL DE TRABAJO
La suspensión del proceso para anular las pensiones tendría que ver también con que el mismo Ministerio de Hacienda pidió a la Procuraduría aclarar aspectos del pronunciamiento, y esto aún no se ha hecho. La consulta de Hacienda se relaciona con los dineros de las cuotas. Elizabeth Molina y Francis Zúñiga, directora y subdirector, respectivamente, de la Oficina Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, detallaron en qué consiste.
Como la cuota que las personas cotizaban para el régimen de la Caja (2.5%) era menor que la que se rebajaba en el Magisterio (osciló entre 5% y 9%), cuando se pensionaron hubo un monto de cotización que, por decirlo así, sobraba. Estos montos se les depositaron en una operadora de pensiones, y luego se les devolvió plata. Para Molina esto es un enriquecimiento que no debió darse.
De cualquier forma, Molina afirmó que el pronunciamiento de la Procuraduría es vinculante para ellos y señala que si la administración considera que hubo nulidad en el proceso de otorgamiento de la pensión, puede investigarlo. No obstante, admitió que los Tribunales Superiores de Trabajo están haciendo lo que les compete. «No me atrevo a decir que estén haciendo bien o mal», indicó.
Según Vargas, es un absurdo que los tribunales sigan fallando los casos a favor, porque ahí está el meollo del asunto, en esa interpretación. «A pesar de que tenemos criterios distintos a los de estos tribunales, acatamos su fallo porque incluimos a estas personas en la planilla del Ministerio».
En la UCR
Como de las 168 personas pensionadas al menos 100 son universitarias, los miembros de la Comisión de Pensiones de la UCR -Manuel Calvo, Vernor Arguedas y Luis Carlos Peralta- decidieron informar del caso a la comunidad universitaria.
Ellos sugieren a las personas que estén haciendo los trámites de jubilación, y cuya situación sea similar a la de las 168 jubiladas, continuar con las gestiones, pero no hacerlas efectivas hasta que esta situación se resuelva favorablemente.
Proyecto en la Asamblea
En la Asamblea Legislativa espera trámite el proyecto de ley de reforma al artículo 2 de la Ley 7531 del Magisterio Nacional.
Según Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), lo último que se conversó con los diputados la semana pasada fue que el proyecto entraría al plenario en primer lugar; pero se sabe que primero está el Plan Fiscal.
El proyecto quedó como habían propuesto los sectores magisteriales, el único cambio final fue que se aceptó incluir un transitorio para que estas 7.664 pensiones se otorguen contra lista. Alfredo Hasbum, director de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), informó que daría un período para que la JUPEMA haga la lista y luego ésta irá al Ministerio de Trabajo para su revisión.
