Experiencias fiscales latinoamericanas urgen crear un pacto político nacional

Para poder enfrentar de manera integral sus desafíos fiscales, Costa Rica necesita primero establecer un gran pacto político nacional, donde las diferentes agrupaciones políticas y los sectores sociales y productivos encuentren un punto común.

A juzgar por las experiencias de Chile y Perú –que en la última década superaron un proceso similar para ordenar sus finanzas públicas–, una sociedad requiere entablar una extensa discusión nacional para superar sus obstáculos fiscales, según explicaron los exministros de Hacienda de estos países en un foro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo, el tiempo disponible para forjar este pacto está limitado por la urgencia fiscal del país, y el Ejecutivo deberá encontrar el camino para tomar a tiempo estas medidas apremiantes, en un contexto donde necesita los votos de otros partidos.

“Llegar a un pacto nacional es responsabilidad de todos los líderes de Costa Rica, pero especialmente de los representantes en la Asamblea (Legislativa) y los tomadores de decisiones en el Ejecutivo”, sostuvo el presidente del BID, el colombiano Alberto Moreno.

Los principales actores para encontrar ese camino escucharon el mismo mensaje, en una actividad a la que asistió el presidente del Banco Central, Olivier Castro; el presidente del Congreso, Rafael Ortiz; la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Rosibel Ramos; el ministro de Hacienda, Helio Fallas, y otros miembros del Gabinete, la Asamblea y el empresariado.

Entre el 2010 y el 2014, ha habido más de 50 grandes reformas tributarias en América Latina y el Caribe, 16 de ellas concentradas en el impuesto sobre la renta y 15 en el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), una opción que ahora se discute en el país.

Chile fue uno de esos países, en donde −según relató el entonces ministro chileno de Hacienda, Alberto Arenas− el gobierno determinó que requería de una estrategia fiscal, en la cual el gasto del Estado estuviera regido por una regla que permitiera estabilidad a mediano y largo plazo.

Finalmente, en el 2006, se logró aprobar una nueva ley de responsabilidad fiscal, que institucionalizó políticas estatales en salud fiscal. Arenas explicó que detrás de la reforma tributaria colocaron un “acuerdo político transversal”.

“Nosotros, siendo Gobierno y teniendo mayoría en el Parlamento, decidimos no usarla; junto a todos en el Parlamento decidimos cuáles eran los instrumentos para lograr la reforma. Así logramos un acuerdo político transversal y, finalmente, una reforma tributaria que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento”, recordó Arenas.

Un proceso similar ocurrió en Perú, donde el inicio de siglo heredó una infraestructura tributaria totalmente desfasada y que necesitaba actualizarse.

“La política fiscal refleja el contrato social que hay en el país”, afirmó el exministro peruano de Hacienda, Luis Carranza.

El peruano enfatizó que un Estado– sin importar que sea grande como Dinamarca o pequeño como Singapur– debe cumplir dos condiciones: ser eficiente en entregar beneficios a sus ciudadanos y tener un esquema financiero sostenible. Cuando falla en lo segundo, deben venir reformas.

Sin embargo, un proceso así es complejo y requiere tiempo, coincidieron los asistentes. Rafael Ortiz, quien abrió la sesión como presidente legislativo, lo tuvo claro desde el principio. “La pregunta es: ¿cómo en un ámbito de multipartidismo podemos construir esa agenda programática?”.

URGENCIA

En Costa Rica, el déficit fiscal se puede explicar en su expresión más simple con matemática de primer grado de escuela. Los ingresos del Gobierno representan el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) mientras los gastos representan un 20%. “Esos siete puntos hay que cubrirlos de alguna forma. Hay una parte que vendrá de ingresos y otra de gastos”, externó Helio Fallas, vicepresidente y ministro de Hacienda.

Durante la campaña, el equipo del mandatario Luis Guillermo Solís prometió que en los primeros dos años no aumentaría la carga impositiva, por lo que su administración ha tenido que buscar otros mecanismos para cerrar esa brecha fiscal que existe entre los ingresos y las salidas.

Para eso hay una serie de proyectos en la Asamblea Legislativa, con los cuales el Ejecutivo planea fortalecer sus capacidades de recaudación fiscal (ver recuadro).

No obstante, con una bancada minoritaria de solo 13 diputados, el Ejecutivo enfrenta el escenario legislativo más complicado de las últimas administraciones, con el agravante de que intenta sacar adelante una reforma fiscal, en lo cual fallaron sus antecesores.

“Este tema del pacto social lo dijimos desde el año pasado y ahora estamos empezado a trabajar en esto. La idea (del foro) es sensibilizar que ese es un camino para Costa Rica”, puntualizó Fallas.

De acuerdo con el exministro chileno Arenas, la región todavía está atrás en recaudación. Aunque entre el 2000 y 2013 los ingresos tributarios de los países de América Latina aumentaron de 16% del PIB al 21%, todavía están lejos del 34% promedio de la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico (OCDE).

Roberto Jiménez, director ejecutivo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y uno de los panelistas, considera que es urgente para Costa Rica tratar el tema del endeudamiento y crecimiento del pago de intereses. Según el funcionario, entre el 2009 y 2012 este crecimiento fue del 11,6% y entre el 2012 y 2015 fue del 16,5%.

“El tiempo apremia, porque estamos pagando intereses. Se requieren medidas urgentes que se están haciendo en gasto e ingreso, para que a mediano plazo (2016 o 2017) tengamos los recursos necesarios para financiar el presupuesto”, agregó el costarricense.

El 1 de setiembre, el Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del presupuesto de la República 2016, ahí definirá sus prioridades de gastos, aunque el 95% de esos fondos están colocados de previo conforme ciertas leyes y no pueden alterarse.