Técnicos advirtieron sobre defectos de construcción y diseño en la carretera radial a Atenas, bloqueada desde hace más de un año por el derrumbe de taludes (Foto: archivo).
Pese a que los expertos dicen que la reparación y mantenimiento de la radial a Atenas, obstruida por derrumbes desde el 2010 poco después de su inauguración, es responsabilidad de Autopistas del Sol, el Gobierno lleva adelante planes para asumir el arreglo.
Esta empresa es la concesionaria de la vía San José-Caldera, de la cual la radial a Atenas es parte, igual que la radial Sabana-Alajuelita, donde el Estado también reparó los deslizamientos que se produjeron tras su inauguración a un costo de más de ¢2.000 millones
La junta directiva del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) acordó el pasado 3 de noviembre valorar una solicitud de colaboración del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), enviada por el ministro Francisco Jiménez, para realizar trabajos de estabilización de taludes y asfalto en 100 metros de la mencionada vía, que interconecta a la comunidad de Atenas con la carretera a Caldera (ruta 27).
El Consejo de Administración de CONAVI acordó instruir al director ejecutivo, Carlos Acosta, para que “valore técnica, financiera y legalmente” la solicitud de colaboración del CNC con el mencionado objetivo, la cual fue remitida por el ministro el 2 de noviembre, señala el acuerdo tomado en la sesión 866-11 de CONAVI.
Esta decisión se da en momentos en que el mismo CONAVI ha sido blanco de críticas por haber adjudicado el contrato de construcción de la carretera interamericana entre Cañas y Liberia, a la empresa española FCC, supuestamente en contra del criterio técnico de la misma entidad, que recomendó no dárselo a esa firma, integrante mayoritaria del consorcio Autopistas del Sol.
Según afirmaron ingenieros de IMSA Consultores, la empresa que anteriormente estuvo contratada para supervisar el proyecto San José-Caldera, el derrumbe en la radial a Atenas se produjo en unos cortes de taludes donde precisamente ellos habían señalado una de las “no conformidades” (incumplimientos) del contratista, pero no fueron atendidas por el CNC ni por la gerente del proyecto, Hadda Muñoz. Las autoridades recibieron las obras como terminadas en enero del 2010 sin que la no conformidad hubiera sido reparada.
El tramo de la radial a Atenas fue también uno de los sitios de riesgo por derrumbe de taludes en el proyecto San José-Caldera, que señaló un informe de expertos en geotecnia encargado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
“Uno de los tramos de la carretera donde la probabilidad de deslizamientos globales es muy alta es la radial a Atenas. El corte tipo cajón (taludes a ambos lados de la carretera) que se ha realizado en materiales de pobres condiciones geotécnicas muestra problemas de estabilidad a ambos lados de la vía. Las barreras colocadas no tienen capacidad para contener el volumen de material que eventualmente podría colapsar”, señaló en su oportunidad dicho informe, adelantando lo que luego efectivamente ocurrió.
Por su parte, en un informe relativo al control ejercido por el CNC sobre la entrada en operación de la vía San José-Caldera, y en referencia a la falla en la radial a Atenas, la Contraloría General de la República cuestionó cómo fue posible que habiendo sido denunciada la no conformidad no hubiera sido corregida, y que el día de la inauguración de la carretera los encargados de la supervisión la dieran por concluida diciendo que no había problema con los taludes, aunque luego se cayeron.
A inicios de este año, el MOPT informó en un comunicado de prensa, que la reparación de la radial tendría un costo entre $5,5 y $10.8 millones (¢5.400 millones) dependiendo de cinco soluciones posibles que se escogiera, y que el costo lo asumiría el Gobierno.
Esto se produjo debido a que el trazado original fue invadido por un botadero de basura antes de que se hiciera la carretera, y al construir el concesionario se vio obligado a presentar una variación del trazado. Pero como la solución que presentó el concesionario costaba más que lo que el Gobierno dispuso financiar, se optó por una obra provisional.
Por haber fallado la obra provisional, ahora el Estado, en la figura del CNC, se ve obligado a responder porque en el pasado no se asignaron los recursos para una solución definitiva y se mantuvo esa obra en riesgo, según el comunicado del MOPT, titulado “Lo barato sale caro”.
Durante la semana pasada se trató de contactar al ingeniero Alejandro Molina, director de obras públicas del MOPT, a cargo de la ejecución de este proyecto, pero a través de la oficina de prensa se comunicó que estaba ocupado y no podía atender.
CONTRADICCIÓN
Consultado Enrique Molina, uno de los ingenieros que tuvieron a cargo la supervisión de IMSA, cuestionó por qué el MOPT no hace cumplir a la concesionaria que es la responsable del derrumbe en la radial, en el cual nada tiene que ver el asunto del basurero, afirmó.
Hay una gran contradicción en el MOPT, pues dice que en el momento en que el concesionario confeccionó los planos finales y se dio inicio a la construcción de la radial (entre diciembre del 2008 y junio del 2008) fue que apareció el aparente problema del basurero, pese a que tenía más de diez años de estar ahí, y era de sobra conocido por el concesionario desde la presentación de su oferta, y cuando hicieron los planos finales.
Además, después de su versión definitiva, en diciembre del 2007, el concesionario presentó cuatro modificaciones más y en ningún momento se mencionó que en cualquiera de esas modificaciones existiera un costo adicional, y la última modificación lo que hacía era desplazar la línea de carretera para bordear el basurero.
De manera que no es cierto lo que indica el MOPT de que la solución del concesionario costaba más dinero que el Estado debía financiar, pues en los proyectos de concesión es el concesionario el que debe realizar los diseños de lo que construirá, y este diseño, sus modificaciones, su construcción, mantenimiento o su reconstrucción corren por cuenta y riesgo del concesionario, tal y como establece claramente el contrato, señaló Molina.
En todo caso deberían mostrar los estudios que documenten los supuestos reclamos del precio presentados en su momento por la empresa, y también los estudios técnicos que justifiquen el costo que ha mencionado el MOPT, apuntó.
Cabe recordar que la Fiscalía inició una investigación a un grupo de funcionarios y exfuncionarios del MOPT, entre ellos la exministra Karla González, relacionada con la puesta en servicio anticipada y las fallas de fiscalización en el proyecto San José Caldera, sobre las que una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa presentó denuncias a inicios de este año.
En los allanamientos realizados se decomisaron gran cantidad de documentos que se están analizando y la investigación está aún en la etapa preparatoria, informó el fiscal adjunto a cargo, Juan Carlos Cubillo.
A su vez, el CFIA tiene procesos disciplinarios abiertos que están en la etapa de investigación, sobre la actuación de profesionales que ha participado en ese proyecto, por parte de empresas privadas, informó el director ejecutivo del Colegio, Olman Vargas.
