Los actos de agresión física contra la mujer son −por sus características− uno de los síntomas más visibles de la violencia de género, aunque este problema social se manifiesta de muchas otras maneras y por medio de diferentes prácticas.
Larissa Arroyo Navarrete, abogada especialista en derechos humanos, afirmó que “el no reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia estatal” y como ejemplo de ello citó el caso de la anticoncepción de emergencia, pues −según explicó− el Estado tiene obligación de brindar el medicamento, “lo cual es muy importante en caso de embarazos no deseados en adolescentes o violaciones, pero no cumple con ella”.
La abogada, quien trabaja para el Centro Acción Estratégica por los Derechos Humanos (Acceder), puntualizó que dicho incumplimiento impacta la vida de las mujeres “de manera diferenciada, aumenta la situación de vulnerabilidad con la que ya vivimos por el hecho de ser mujeres”.
Esa vulnerabilidad queda plasmada en algunos de los datos incluidos en el último informe del Estado de la Nación. Para el 2014 la tasa de desempleo abierto para hombres es del 7,2%, mientras que para mujeres es del 10,6%. Además, el porcentaje de hogares pobres con jefatura femenina ha tenido una evolución constante y pasó de 27,1% en 1997 a 43,3% en el 2014.
Para ese mismo año, el ingreso promedio mensual de las mujeres fue apenas un 84,1% del de los hombres y los casos de violencia doméstica ocuparon el cuarto lugar de todos los presentados ante oficinas judiciales de primera instancia, con el 6,1% −unos 48.227 casos−, superados por los de materia penal (39,9%), de cobros (18,5%) y tránsito (8,4%).
Si el femicidio se define como el asesinato de una mujer cometido por su esposo o concubino, esa fuente apunta seis ocurridos durante el año pasado. Empero, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer −firmada por Costa Rica en 1994 y ratificada en 1995− ofrece una definición bastante más amplia y toma en cuenta los asesinatos por motivos “pasionales” cometidos por exesposos, exconcubinos, novios o exnovios, así como atacantes sexuales o acosadores. Así, la cifra de femicidios fue de 16 mujeres durante el 2014, cinco más que en el 2013.
Sin embargo, un análisis de las estadísticas del poder Judicial elaborado por AmeliaRueda.com establece que el promedio anual de femicidios durante los últimos 10 años sumó 32, y estableció la cifra del 2014 en 22.
Arroyo además se refirió al caso del aborto terapéutico como “un derecho que se le niega de manera sistemática a las mujeres”, y al de las uniones de personas del mismo sexo.
Subrayó la noción de que la violencia es estructural, porque no se trata de un solo caso aislado, sino que “a nivel de sistema (la violencia) permea la vida de las mujeres, como el caso de las dos chicas que se casaron; al no reconocer esos derechos se violentan los principios de igualdad que el mismo Estado reconoce; es un absurdo”.
Añadió que cotidianamente enfrentan diferentes tipos de violencia, ejercida mediante la cultura, tradiciones y costumbres. Como ejemplo de ello se refirió al caso de la banca “Kristal” −del Banco de Costa Rica− dirigida a mujeres, lo cual considera como un caso de “penetración de estereotipos y roles de género”, que en última instancia obedecen al concepto de la superioridad de lo masculino.
PARTICULARIDADES DE LA VIOLENCIA
El pasado 25 de noviembre se realizó una marcha para conmemorar el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, y en ella se le dio particular énfasis a la realidad que viven las mujeres trabajadoras del sexo y las mujeres indígenas.
En dicha fecha se conmemora el brutal asesinato de las hermanas Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, opositoras a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana.
Ese día, Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, expresó a UNIVERSIDAD la necesidad de visibilizar la violencia que se ejerce contra todas las mujeres en general y específicamente contra el sector que representa.
“Las trabajadoras sexuales sufrimos una violencia institucional: hay policías que en vez de cuidar nuestra seguridad terminan chantajeándonos, tenemos servicios de salud donde aún hay mucha discriminación”, criticó.
Entre otras injusticias, hizo ver que a pesar de que en América Latina el trabajo sexual no está prohibido ni criminalizado y el proxenetismo sí, “somos nosotras las discriminadas y no están presos los dueños de la actividad”.
Por otra parte, una mujer indígena bribri de Salitre, identificada como Mariana, hizo uso de la palabra frente a la Asamblea Legislativa y expuso que “vengo a denunciar al Estado costarricense, que se ha hecho el sordo y ciego ante tantas agresiones que hemos sufrido”.
“Mujeres han sido golpeadas y torturadas; en carne propia viví la agresión, la tortura y el maltrato; nuestros hijos han sido goleados, heridos, marcados como animales”, reprochó.
Cabe recordar que desde hace unos tres años en esa comunidad se han dado serios actos de violencia en el contexto de un proceso de recuperación de tierras emprendido por los indígenas locales, pues buena parte del territorio está en manos de no indígenas o de personas que reivindican pertenecer a otras etnias.
En torno a la violencia obstétrica, Gabriela Arguedas −del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica− la definió como “cualquier acto que constituya agresión a la autonomía e integridad física y emocional de la mujer gestante, sea en el periodo de embarazo, parto o postparto, en el contexto de la atención sanitaria”.
Detalló que uno de los factores más importantes al respecto es la influencia de prejuicios moralistas, patriarcales o religiosos, que son perpetuados por la violencia obstétrica. Por ejemplo, se dan descalificaciones verbales que tienen “ese tinte de emitir juicios de valor sobre la vida sexual de las mujeres; si una mujer está muy asustada o grita mucho, le regañan y le dicen ‘ahora no se queje’”.
Incluso en su investigación conoció casos en los que se trata a la mujer de “mala madre”, que se le aplica −según dijo− “a la mujer que no obedece las instrucciones que se le dan; la que pregunta y cuestiona es la mala madre, es problemática y no coopera; así lo añaden al expediente”.
En su opinión, todo ello revela un entramado de prejuicios, que tienen que ver “con la normalización del ejercicio de poder en que se cruzan la cultura patriarcal y la del poder del médico”.
Medios perpetúan estereotipos y discriminación
Un estudio comparativo sobre la presencia de las mujeres en los medios de comunicación costarricenses entre el 2010 y el 2015, halló que las mujeres son protagonistas tan sólo de la cuarta parte de las noticias, excepto cuando se trata de víctimas de violencia física en las noticias de sucesos.
El estudio fue realizado por el Observatorio de Medios y Género Centroamericano GEMA, en el marco del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP por sus siglas en inglés), impulsado por una organización no gubernamental (ONG) denominada Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC).
Los resultados fueron presentados el pasado 23 de noviembre y muestran que en el 2010 sólo el 24% de los sujetos de la noticia fueron mujeres, mientras que para el 2015 se percibió una leve mejoría y alcanzaron el 26%.
El estudio además determinó que las mujeres representan el 23% de los sujetos de las noticias en la prensa escrita. En radio esa cifra aumenta a un 26%, en tanto que en televisión llega a un 33%.
No obstante, es precisamente la televisión el medio “que más estereotipos de género utiliza para informar y formar a la población”, según el informe.
Coral Herrera, investigadora e integrante del Observatorio, aseveró que en los medios existe la preocupación evidente por “ser políticamente correctos” en temas que tienen que ver con racismo; “la pregunta es: ¿Por qué el machismo no está tan mal visto? No sabemos si es por indiferencia o por resistencia a la igualdad y equidad de género”.
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