Un día antes de terminar sus nombramientos, directivos de la ARESEP aprobaron aumentos de salario para un grupo de jerarcas.

Aumentos de salarios cercanos al 10% y retroactivos a enero del 2010 para un grupo de jerarcas, denunció a este Semanario la Asociación de Funcionarios (AFAR) de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

El alza salarial aprobada por los directivos en la sesión en que concluían sus nombramientos (7 de mayo), benefició a jerarcas cuyos sueldos oscilan entre ¢3.164.535 y ¢4.500.174 por mes. Únicamente decidieron “mantener el salario actual del regulador general y actualizarlo semestralmente según la variación en el costo de vida, a partir del 1 de julio del 2010”.

Para el secretario general de la AFAR, Miguel Badilla Castro, estos aumentos para “la clase gerencial” de la ARESEP, fueron promovidos por el ahora exregulador Fernando Herrero, con el fin de favorecer a su grupo de confianza.

Cabe recordar que en su edición del  pasado 19 de mayo, este Semanario informó (véase “Funcionarios de la ARESEP exigen en tribunales estudio de salarios”) de la demanda interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo  por 114 empleados –de 174- contra la entidad, quienes alegan que se ha incumplido con la obligación de velar porque los salarios de cada puesto sean competitivos en el mercado laboral.

En el reclamo judicial, las personas alegan que la ARESEP no ha acatado lo que dicta la ley en cuanto a elaborar un estudio comparativo de puestos y revaloraciones con instituciones fiscalizadas por el ente regulador.

De acuerdo con Badilla Castro, el incremento de salarios lo tomó en firme la Junta Directiva en su última sesión y no beneficia al personal que se encuentra en la escala salarial llamada “global”, la cual fue promovida por el exregulador y que no reconoce el pago de anualidades por tiempo acumulado, como sí lo hace la otra escala (de complementos).

Para el exregulador general, Leonel Fonseca Cubillo, no hay  razones técnicas ni legales  para favorecer a una clase gerencial en detrimento de profesionales y técnicos de la ARESEP, “pues en su casi totalidad no conocen ni tienen la experiencia que tienen la gran mayoría de personas profesionales y técnicas  con mayor antigüedad y sobre todo experiencia, entrenamiento y capacitación en regulación”.

Recordó que “los empleados antiguos en todas las áreas fueron capaces durante la historia de la institución de llevar a cabo sus funciones en forma honesta y capaz, y sin que se otorgaran odiosos privilegios salariales o de otra índole”.
Por otra parte, el dirigente Badilla reprochó que los directivos salientes crearon sin sustento jurídico la plaza de gerente general, cuyas funciones no están claras y serían repetitivas a las asignadas al puesto de “regulador adjunto”.

En este sentido, por medio de la oficina de prensa en la ARESEP alegaron que la Junta Directiva “tiene facultades para definir la organización institucional, la creación de plazas, así como definir la estructura salarial, entre otras funciones”.

Al cierre de esta edición (lunes 7), la ARESEP continuaba sin que hubieran asumido el cargo sus nuevos directivos, ni el nuevo regulador general, en vista de que aunque están designados por el Poder Ejecutivo, no han sido juramentados.
El regulador sería Dennis Meléndez (sujeto a ratificación de la Asamblea Legislativa), mientras que los directivos próximos a asumir son: Silvia Saborío Alvarado, Félix Delgado Quesada, Emilio Arias Rodríguez, y María Lourdes Echandi Gurdián.

SIN JUSTIFICACIÓN

Acerca de la plaza de gerente general, el secretario general de la AFAR –Miguel Badilla- afirmó  que este puesto fue creado por medio de un reglamento interno, sin que estuviera establecido por la ley que rige para la ARESEP. “¿Para qué debe existir en la institución un puesto de gerente general, si hay un subregulador general?”, preguntó.

En criterio de la Asociación, la existencia de un puesto innecesario como este, lo que hace es aumentar los costos administrativos para regular y por lo tanto, incrementar las tarifas de los servicios públicos.

Al respecto, la ARESEP defendió la potestad legal de la institución para crear la plaza de gerente general, que había sido aprobada por su Junta Directiva.

El exregulador Leonel Fonseca concuerda en que por ser un cargo administrativo, los directivos tenían la facultad para crearlo a partir de un estudio que lo justificara.

Sin embargo, “lo cuestionable es que este sea un puesto con un salario tan alto, para alguien sin ninguna experiencia ni conocimiento regulatorio previo, que fuera `escogido a dedo´ -hasta donde estoy informado-, que fuera un cargo que en los 80 años de existencia del organismo regulador nunca existió ni se consideró necesario, pues legal y técnicamente el máximo jerarca administrativo era el director del SNE (hoy ARESEP) y luego el regulador general”, agregó.

En materia salarial, Badilla Castro cuestionó que las alzas salariales las haya impulsado la anterior administración, solo para aplicarlas a un grupo de jerarcas y no a quienes están adscritos a la categoría denominada global, a pesar de que se había hecho un cálculo para estas personas.

“El incremento denota un carácter enteramente discriminatorio, en contra de una buena parte de los funcionarios. Además, las personas que tenemos salarios de complemento –que somos la mayoría-, sencillamente quedamos por fuera”, comentó.
Como consecuencia de los aumentos salariales a los jerarcas, Badilla explicó que estos se traducen en incrementos en los costos (cánones) de la regulación, sin que ello tenga un beneficio para el usuario.

Por su lado, la ARESEP sostiene que los funcionarios han recibido el ajuste que corresponde por costo de vida y demás derechos adquiridos, para los que disponen de salarios por componentes.

Aducen que los salarios los fijan con base en criterios de mercado y para eso “se utilizan los datos de  la encuesta periódica sobre salarios en  empresas privadas y públicas, de la firma Price Waterhouse Coopers (PWC). En particular, se utiliza la información sobre el sector de servicios”.

Entretanto, el dirigente de la AFAR anunció que impugnarán por la vía judicial dichos aumentos, debido a que la ley que rige para la ARESEP establece que “se debe comparar el salario de los empleados de la ARESEP, con puestos similares en empresas reguladas”, algo que no se cumple a cabalidad en los estudios que hace la firma Price Waterhouse.

Respecto del tema salarial, el exregulador Fonseca no encuentra que se justifique  la creación y “alta remuneración a una serie de puestos con `salario único´, ahora que se tiene menos trabajo, pues telecomunicaciones, que es un de los principales y más difíciles servicios públicos, ha sido trasladado a la Superintendencia (SUTEL).

Además, la implementación de una serie de `modelos automáticos´ para la fijación de tarifas en combustibles y sobre todo en buses, tiene que haber reducido la carga de trabajo”.