Celestrón S.A. -la empresa concesionaria de las frecuencias de los canales 9 y 39- fue vendida a la empresa Multivisión TV S.A., cuyo capital accionario es en un 100% propiedad de David Vargas McCallum.
Así lo confirmó por escrito el Viceministerio de Telecomunicaciones al diputado Edgardo Araya del Frente Amplio en un oficio fechado el 20 de octubre.
Un hecho llamativo es que ese texto -firmado por Ana Masís, jefa de despacho del viceministro de Telecomunicaciones Emilio Arias- es enfático en que hasta ese momento no se había recibido “solicitud o gestión (ni oficial ni informal) de cesión de derecho de uso de la frecuencia de Canal 9, rango de frecuencia de 186 MHz a 192 MHz, cuya titularidad de la concesión actualmente ostenta la empresa Celestrón S.A.”.
El legislador manifestó a UNIVERSIDAD que la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Radio establecen que cualquier traspaso o cesión de frecuencia debe contar con la autorización previa del Estado. «Se trata de un bien demanial del Estado del cual no se puede disponer libremente entre sujetos privados», apuntó.
Masís informa en su carta que el 9 de octubre la Unidad de Control Nacional de Radio recibió dos oficios “que hacen referencia a una posible actuación de parte del concesionario”, en el sentido de que Ruby Lyn Silva, apoderada generalísima sin límite de suma de AS MEDIA S.A. -empresa propietaria de Celestrón S.A.- “firmó con la empresa Multivisión TV S.A. contrato de compra.-venta de las acciones de Celestrón S.A.”. El texto añade que Vargas McCallum es presidente y único accionista de Multivisión S.A.
Ello quiere decir que, aunque no se ha tramitado una cesión del derecho al uso de frecuencia de los canales 9 y 39, la empresa concesionaria cambió de manos.
Otro hecho destacable es que el cierre de los programas de producción propia del Canal 9 fue anunciado el 25 de setiembre, dos semanas antes de que la información llegara a las autoridades nacionales.
«FRAUDE DE SIMULACIÓN»
Para el legislador «lo más grave» es que se acepta por parte de las autoridades de gobierno «un acto jurídico con apariencia de legalidad, pero que en el fondo busca brincarse un fin que persigue la ley».
Detalló que a través de la cesión de acciones «se evade la obligación de tramitar la cesión de frecuencias como se debe, se dispone de la frecuencia sin la autorización previa del Estado».
Según dijo ese hecho conlleva la cancelación de la concesión
Araya fue más allá y sentenció que ese acto constituye un «fraude de simulación», lo cual consiste en recurrir a un acto jurídico en apariencia legal para evadir controles.
«En este caso se hace un traspaso de acciones en apariencia legal para evadir hacer la cesión de frecuencia como se debe. El objetivo final es traspasar la frecuencia, pero sin hacerlo formalmente», subrayó.
Añadió que no tiene información sobre el monto de la transacción, pero enfatizó que al tratarse de una transacción privada, «queda fuera del conocimiento del Estado el monto millonario de la transacción», lo cual según dijo podría constituir una evasión fiscal.
Araya anunció a UNIVERSIDAD poco antes de hacerlo ante el Plenario legislativo su intención de presentar denuncias «directamente al Presidente de la República pues sus propios ministros y viceministros aceptan acciones ilegítimas».
Pero además ante la Fiscalía General de la República «para que investigue el delito de fraude de simulación» y ante la Contraloría General de la República (CGR) para que se refiera al buen uso de las frecuencias y bienes públicos.
«Ya se incurrió en causal de cancelación. Esa frecuencia debe volver al Estado», insistió.
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