Sindicalistas no descartan acciones en la calle (Foto: archivo).

El anteproyecto presentado por el Gobierno para equiparar los incentivos adicionales al salario en el sector público, podría lograr lo que los líderes sindicales por su cuenta no han conseguido: la unidad de las organizaciones gremiales con una agenda común de lucha.

Así lo expresaron algunos de esos dirigentes consultados por UNIVERSIDAD, como Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (UNDECA), quien enfatizó que “no hay duda de que el movimiento sindical -tanto el de mayor como el de menor beligerancia e incluso quienes han renunciado por diversas circunstancias a la lucha-, tendrá que unirse ante esta amenaza”.

Mientras tanto, Albino Vargas, de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afirmó que “efectivamente el proyecto tiene la virtud de que unirá como nunca antes a los diferentes gremios y sindicatos en una vía común”.

Entretanto, Fabio Chaves, del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), expresó que aunque la propuesta “no atenta” contra el ICE, “evidentemente es un problema que atañe a todo el movimiento del sector público y solidariamente los trabajadores del ICE participaremos en cualquier movimiento de presión”.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, manifestó que el proyecto obedece a una “terrible inequidad y desbalance” en la materia y puntualizó como principales preocupaciones las diferencias entre las anualidades, cesantía y disponibilidades que hay entre instituciones del Gobierno central y autónomas o descentralizadas (ver entrevista “Incentivos en el sector público son perversos”).

REFORMA

A finales de agosto, mediante una conferencia de prensa, Piszk y los ministros de Planificación y Hacienda -Roberto Gallardo y Edgar Ayales, respectivamente- presentaron el documento “Estado de situación en materia de salarios y remuneraciones del sector público costarricense”, el cual ofrece entre otras consideraciones datos comparativos de las remuneraciones adicionales al salario base.

Así, por ejemplo, se establece que la cesantía en algunas instituciones como el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es de ocho años, pero en otras puede ser de 20 y hasta de 24 años.

Otro de los rubros estudiados es el de las anualidades, en el que se establece que mientras en la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) se calcula al 5 %, en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) es al 4.5 %, en la Junta Administradora y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) es del 3 %, y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 1.94 %.

Al final del documento se presenta el “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público”, en cuyo primer artículo establece que se aplicará a las personas trabajadoras del Poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, así como del Tribunal  Supremo de Elecciones (TSE) y sus órganos auxiliares y desconcentrados. También en los entes descentralizados y de las empresas del Estado y de las  municipalidades.

Excluye en cambio a quienes trabajan para los bancos del Estado, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), “por encontrarse en un régimen de competencia”.

La propuesta apunta que todos los beneficios establecidos por medio de una convención colectiva nueva o renovada, o cualquier otro tipo de acuerdo, serán limitados por esta eventual ley.

Añade que cuando las convenciones colectivas del sector público establezcan su vigencia de manera indefinida, tendrán un plazo no mayor a seis meses para que sea renegociada. Es decir, el anteproyecto establece que de entrar en vigencia como ley, forzaría la renegociación.

También indica, entre otras cosas, que la indemnización por concepto de auxilio de cesantía de  todos los servidores del Estado quedará limitada a ocho años, salvo en los casos de personas con un mayor plazo de cesantía establecido antes de que entre en vigencia el proyecto como ley, y en los que rijan convenciones colectivas que dispongan algo diferente, mientras estas no sean renegociadas.

Sobre el tema de las anualidades, se busca que sean otorgadas por merecimiento, según evaluaciones de desempeño.

UNIÓN DE LOS SINDICATOS

Desde la ANEP, Albino Vargas aclaró que “no tenemos reparo” en que las anualidades se vinculen a una valoración de desempeño, aunque sí ve la necesidad de revisar las condiciones objetivas de esa evaluación. Sin embargo, calificó el resto de la propuesta como una “cortina de humo que el Gobierno lanza tratando de desviar la atención sobre graves problemas de gestión y corrupción ante la ciudadanía”.

Añadió que “rechazamos drástica y radicalmente la noción de que el déficit fiscal sea responsabilidad de las personas trabajadoras asalariadas del sector público” y considera que ello es “inaceptable”.

En su opinión, “deberían empezar por proponer una ley que regule los altísimos salarios en lo más alto de la jerarquía político-tecnocrática”. Como ejemplo, denunció que Fernando Naranjo, gerente general del Banco Nacional, gana casi ¢19 millones al mes, unos $36.000 por encima de los $32.000 que gana el presidente estadounidense Barak Obama.

“Pienso que sí se verán acciones concretas; esta propuesta se combatirá en las calles y si el Gobierno insiste tercamente, unirá a todos los gremios y sindicatos como hace tiempo no se había visto”, anunció.

Desde la UNDECA, Luis Chavarría no dudó en calificar la propuesta como parte de un proceso de acumulación de la riqueza. “Con la crisis los políticos empresarios no han visto más opción que atacar a la clase trabajadora y ese ataque se viene contra el sector público, donde existe una mayor organización por medio de sindicatos que han logrado -mediante negociaciones colectivas- garantizar una mejor vida”.

Chavarría se refirió a la confluencia que percibe en todo el movimiento sindical del país contra la propuesta gubernamental y expresó que con ella “un país que se jacta de democrático, llevaría a la extinción o limitación -a lo mínimo de las potestades- al movimiento sindical, incluyendo la violación de casi todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protegen a las negociaciones y convenciones colectivas”.

Al reiterar la oposición al proyecto por parte del FIT, Fabio Chaves criticó el hecho de que se pretende introducir el concepto del salario único, “aunque no lo diga explícitamente y a pesar de que el Gobierno acordó con los sindicatos no hacerlo”. A su parecer, la propuesta “en esencia lo que busca es enrumbar hacia una sola escala salarial, en la cual se eliminen todos los pluses”.

Tras calificar el proyecto como “una provocación que puede crear más problemas en vez de generar soluciones”, el dirigente sindical aseveró que sí se está dando la unidad de los sindicatos y que su organización “solidariamente responderemos y seguiremos los criterios unitarios sindicales”.

Sandra Piszk:

“Incentivos en el sector público son perversos”

La ministra de Trabajo, Sandra Piszk, dijo a UNIVERSIDAD que la propuesta de ordenamiento a los incentivos adicionales al salario en el sector público, obedece a una preocupación sobre la “terrible inequidad y desbalance” entre instituciones descentralizadas y las del Poder Ejecutivo, además de una “enorme falta de transparencia”.

A ello sumó el tema de la no evaluación de eficiencia, lo cual hace que los incentivos en el sector público sean “perversos”, pues buenos y malos funcionarios los reciben por igual.

¿Implica la propuesta una equiparación hacia abajo, encaminada a establecer salario único?

-Esta administración no cree en el salario único, porque con ello el tema de la eficiencia queda en lo mismo; no se podría incentivar a los trabajadores. Además, no es cierto que los salarios van para abajo. Este es un país de derecho y los derechos adquiridos no se pueden tocar. No se equiparará para abajo, pero podría suceder en caso de alguna de las inequidades que existen, como que en el Gobierno central la anualidad es un 1.9 % del salario por año, y en la CCSS y universidades es de 5.5 %.

¿Cómo se puede eliminar en el marco de la constitucionalidad y la legalidad lo que fue negociado legalmente?

-Si este proyecto pasara la anualidad del año siguiente -por ejemplo-, será igual en todo el sector público. Para las anualidades proponemos 2.56 %, porque en el gobierno central hay dos tipos de anualidades, las de los profesionales (1.9 %) y no profesionales (2.56 %). Los profesionales son el 70 % y se verían beneficiados; perjudicados, ciertamente, serían los que ganan 5.5 % de anualidad. Lo negociado por medio de convención colectiva no se puede tocar hasta que las convenciones finalicen y se renegocien, que según el Código de Trabajo tienen un plazo máximo de tres años. Consideramos que no tiene lógica que pase mucho tiempo y no haya renegociación, y por ello la propuesta la obliga.

El proyecto toca los pluses que se pueden considerar expectativa de derecho, como la disponibilidad y la dedicación exclusiva. No decimos que se quiten, sino que la dedicación se aplique únicamente a los puestos cuyas funciones así lo ameriten. Los contratos por dedicación exclusiva se deberán revisar anualmente.

¿Para el Gobierno la preocupación de fondo es el problema fiscal del Estado?

-No, porque no prevemos que esto se apruebe rápidamente. Personalmente creo que pasarán una o dos administraciones, para que una iniciativa de este tipo se negocie. Ciertamente la ley pretende que cuando se renegocie la convención colectiva se ajuste a los términos de esta eventual ley, pero en ningún momento habla de quitar cosas, sino de analizar y racionalizar el otorgamiento de ciertos beneficios. Donde sí habla de limitar es en el caso de la cesantía, que proponemos quede en ocho años.

No deja de extrañar que usted asuma el conflicto de lanzar esta polémica propuesta justo en año electoral.

-Es una decisión de carácter de reforma del Estado; se trata de una cirugía mayor que tiene que ver con las autonomías sólo en materia salarial. Es lo que la Constitución dice: las autonomías no son absolutas,  sino relativas; en materia salarial no tienen autonomía.

Hay un fallo de la Sala II sobre el tema de los derechos adquiridos al amparo de convenciones colectivas, que es mucho más fuerte que este proyecto. En el 2005, 2008 y 2010 reiteró que “al finalizar la vigencia de una convención colectiva, se extinguen todas sus cláusulas”. Me parece terrible y me llama mucho la atención que nadie dijo nada. Nosotros lo que proponemos es que se respeten los derechos adquiridos y que se renegocien al amparo de disposiciones mucho más restrictivas que las que hay ahora; es parte de lo que hay que negociar. Hay coincidencia con los sindicatos en temas como la eficiencia, las anualidades y posiblemente las disponibilidades.

Pero, ¿por qué se aventura la Ministra de Trabajo a presentar esta propuesta en un momento políticamente delicado?

-Es un proyecto de Gobierno elaborado por los ministerios de Hacienda, Planificación y Trabajo, y nosotros tuvimos gran participación en todo lo que tuvo que ver con los derechos. La gente tiene derecho a saber qué piensan quienes aspiran a la Presidencia, sobre proyectos de interés nacional. La presentación del proyecto debía hacerse ante la Comisión Negociadora de Salarios que sólo tiene representación del Gobierno Central, y nuestra propuesta de metodología -que analizaremos el 11 de octubre con ellos- es que se establezcan mesas de trabajo con otros sindicatos, incluso otros grupos de trabajadores de instituciones. Nos propusimos con los sindicatos llegar a algún acuerdo en seis meses y enviar a la Asamblea Legislativa los temas consensuados, pero lo establecido con los sindicatos apunta que si no se llega a acuerdos en seis meses, el Gobierno envía el proyecto a la Asamblea Legislativa.

He tenido conversaciones privadas incluso con algunos líderes sindicales que le han declarado la guerra al proyecto, y hay temas sobre los que es posible llegar más rápidamente a acuerdos; otros tardarán muchos años. A lo que no podíamos renunciar -fuera año electoral o no- es al derecho de discutir los temas problemáticos que le causan daño al país. Son pocos los controles y hay desorden, no se define eficiencia y todo ello es un problema serio.