Propuesta programática esperaría oposición de sectores neoliberales.
El bienestar de las personas, la sustentabilidad ecológica, la solidaridad, el diálogo social, los derechos humanos, el comercio justo, la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la democracia, y la rendición de cuentas, son algunos de los principios que plantean varios grupos sociales en la «Propuesta programática para una nueva Costa Rica», dada a conocer el pasado 10 de agosto.
El acto de presentación de dicha propuesta tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal, y con el lanzamiento de este manifiesto, los grupos sociales esperan que su adopción ayude a que el país sea más justo y gobernable hacia el futuro.
Unos días antes de que se hiciera público este documento, algunos aspirantes a la presidencia de la República como José Miguel Corrales, Ottón Solís, y José Miguel Villalobos, expresaron a este Semanario su simpatía por los alcances del plan y su eventual respaldo.
La preparación de estos principios programáticos fue producto de largos meses de discusiones y análisis, en las que participaron numerosas personas, entre ellas figuras políticas de diversos partidos, empresarios, académicos, sindicalistas, y otros.
Aunque la propuesta está abierta para que sea suscrita por cualquier agrupación o persona, no se descarta que sea rechazada por los sectores liberales que abogan por las políticas de libre mercado, la globalización económica, y la reducción del papel del Estado en la conducción del país.
Este trabajo ofrece nuevos planteamientos en torno a políticas estatales que promuevan el comercio justo, el desarrollo productivo sin exclusiones, fuentes de trabajo con calidad, creación y distribución justa de la riqueza, universalización real de los programas sociales, reforma curricular y mayor cobertura de la educación secundaria, reducción de la corrupción, y fortalecimiento del papel del Estado.
PROPUESTA CONSENSUADA
La redacción de la «Propuesta programática para una nueva Costa Rica» contó con el apoyo logístico de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y según explicó su asesor legal – Mauricio Castro- es producto de un trabajo que empezó hace 15 meses, con la participación de representantes de organizaciones empresariales, sociales, políticas, y académicas.
Todo inició como un proceso de «conversatorios» que realizaban aproximadamente cada quince días, acerca de temas que eran motivo de preocupación. Así, surgieron visiones comunes que pudieron sistematizarlas como diagnósticos de los principales problemas del modelo de desarrollo del país.
Algunos de los males detectados -detalló Castro- son la concentración de la riqueza, crecimiento de la pobreza y el desempleo, exclusión social y otros.
Entre quienes participaron en los «conversatorios» que dieron origen a este plan, Castro mencionó a los exmiembros del Partido Liberación Nacional, Juan Manuel Villasuso y Luis Guillermo Solís; Silvia Lara, exfuncionaria del actual gobierno; los exdiputados Margarita Penón y José Merino; los empresarios Juan Francisco Montealegre, Román Macaya y Ronald Solís; los sindicalistas Albino Vargas y Fabio Chaves; y otros más.
El representante de la ANEP no descartó que algunos sectores se opongan a la citada propuesta, «porque cuando se plantea un golpe de timón porque estamos insatisfechos con el rumbo que lleva el país, los cambios que se quieren realizar necesariamente tocan intereses económicos y políticos importantes».
RESPALDO
Consultados al respecto los candidatos presidenciales Ottón Solís -del Partido Acción Ciudadana (PAC)-, José Miguel Corrales -de Unión Patriótica (UP)- y José Miguel Villalobos -de Alianza Democrática Nacionalista (ADN)-, dijeron que simpatizaban con lo expuesto por el programa para desarrollar una nueva Costa Rica y posiblemente le darán el aval con su firma.
Sin embargo, el líder del ADN -Villalobos- objetó el punto referido a que los magistrados deberán ser elegidos por la Corte Suprema de Justicia, pues en su opinión esta responsabilidad debe mantenerse como competencia de la Asamblea Legislativa y de no modificarse este aspecto afirmó que no suscribiría el documento.
Solís destacó la importancia de buscar convergencias y la urgencia de contar en el país con principios como los que aquí se plantean. «Cualquier expresión de consenso alrededor de la solidaridad urge en Costa Rica. Muchos sectores se hicieron egoístas, influyen en las decisiones, tienen a sus hijos en la educación privada y van a clínicas privadas, pero no son sensibles a la calidad de la educación y la salud».
Por su parte, Corrales externó un apoyo total a la propuesta, sobre todo cuando toca temas como soberanía alimentaria, reforma del Estado, relaciones internacionales, banca de desarrollo, y comercio internacional.
Al preguntársele si el plan no podría resultar demasiado ambicioso, dijo que «el mundo es de los soñadores; si somos demasiado pragmáticos al final no hacemos nada». En caso de llegar a la presidencia del país, aseguró que estos principios serán la columna vertebral de su gobierno.
Mientras tanto, Villalobos comentó que las referidas líneas programáticas son una alternativa que se puede desarrollar en un programa de gobierno y que el documento es muy realista y crítico, sin caer en excesos.
Por una nueva Costa Rica
El documento «Propuesta programática para una nueva Costa Rica, desglosa los lineamientos básicos que deben guiar al Estado de cara a una sociedad más justa y con un mejor desarrollo. Algunos de sus planteamientos son:
– La seguridad y soberanía alimentaria dentro de la equidad en el comercio internacional debe proteger la producción nacional de alimentos básicos y el acceso a la alimentación.
– El sector productivo debe ser apoyado en su conjunto, sin importar el mercado al cual se dirigen.
– Deben establecerse diferenciaciones que permitan la participación igualitaria y el respeto a la diversidad para grupos tradicionalmente excluidos: mujeres, discapacitados, comunidades rurales e indígenas, productores agropecuarios campesinos.
– Debe rediseñarse la distribución del ingreso, por medio de la política salarial, el acceso a la propiedad de los medios de producción, y las políticas sociales redistributivas de bienes y servicios.
– Se debe apuntar hacia el desarrollo regional.
– Hay que crear las condiciones necesarias para generar la oportunidad, calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos como elementos fundamentales.
– El desarrollo sustentable se logra a partir de la sostenibilidad ambiental, económica y social.
– Urge promover una banca de fomento y de desarrollo, para facilitar crédito subsidiado, en pequeña escala, y de alto impacto social y productivo, para sectores estratégicos.
– Se debe buscar la regulación de la comercialización interna, con miras al mejoramiento, democratización y desarrollo de esquemas asociativos.
– La generación de empleo y trabajo de calidad debe ser un objetivo específico y estratégico de la política económica.
– El país debe aumentar sus ingresos corrientes, incluyendo su carga tributaria, la eficacia en la recaudación tributaria, así como asegurar la racionalidad y la efectividad del gasto.
– Los ingresos tributarios deben ser progresivos y diseñarse en función de la capacidad económica de quienes contribuyen.
– Hay que acabar con el Estado paralelo, para devolverle competencias al Estado en áreas estratégicas y mecanismos de control.
– Las tecnologías de la información y la comunicación son condición necesaria para la integración, la distribución de oportunidades y la movilidad social.
– Se debe trazar una línea divisoria clara entre el interés público y el interés privado, para liberar al Estado, secuestrado por el clientelismo y la corrupción.
– Las reformas al Estado deben devolverle su capacidad de resolver los conflictos sociopolíticos y de canalizar las demandas.
– La democracia participativa es fundamental en lo que se refiere a la definición de objetivos nacionales y de política pública, así como en el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
