Indígenas mapuches combaten en corte internacional al Estado chileno

La audiencia generó gran expectativa y afluencia de público. (Foto: Katya Alvarado)“Desde los once años de edad he sufrido atropellos por ser mapuche”, fueron

La audiencia generó gran expectativa y afluencia de público. (Foto: Katya Alvarado)

“Desde los once años de edad he sufrido atropellos por ser mapuche”, fueron las palabras con que inició su declaración ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Florencio Jaime Marileo, primera presunta víctima que fue atendida en las audiencias que se realizaron el 29 y 30 de mayo.

Cabe recordar que en agosto del 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó ante la Corte IDH el caso de lo que considera violación de derechos humanos consagrados en la Convención Americana, en perjuicio de líderes de diversas comunidades indígenas mapuches de Chile.

Se trata de los lonkos Aniceto Norín Catrimán y Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, además de los dirigentes comunales Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe.

El lonko es la figura de autoridad tradicional mapuche. La CIDH consideró que el  procesamiento y condena de esas personas por delitos tipificados como “terroristas”, se dio en aplicación de una normativa penal “contraria al principio de legalidad” de revisión de la sentencia y −entre otras cosas−, “tomando en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria”, según un comunicado oficial.

Al intervenir en la audiencia, la comisionada Rose-Marie Belle Antoine −abogada que encabezó la delegación de la CIDH− especificó que estos mapuches fueron condenados entre el 2003 y 2004 en aplicación de la Ley Antiterrorista de Chile.

Mencionó que “las autoridades de las Naciones Unidas reconocen el contexto de aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista contra los mapuches”, concretamente porque las autoridades judiciales basaron su decisión en lo que llamaron “el conflicto mapuche”, de manera que la etnicidad de las víctimas se tomó en cuenta para caracterizar la acusación como terrorismo, según expresó.

“Este caso representa una oportunidad para establecer leyes que procuren mayor igualdad, desde la etnicidad en Chile”, indicó.

NO HAY JUSTICIA”

Juan Marileo: “Estamos siendo eliminados por la industria maderera”. (Foto: Katya Alvarado)

La audiencia ante la Corte IDH representa la elevación internacional de un conflicto histórico de larga data entre el pueblo mapuche −radicado en las zonas más sureñas de Chile y en menor proporción en Argentina− y el Estado chileno. De hecho, en el poema épico del siglo XVI “La Araucana”, de Alonso de Ercilla, narra una intensa confrontación militar entre ese pueblo y los conquistadores españoles.

Los casos particulares que hoy estudia la Corte IDH, en términos generales se trata de personas que fueron acusadas y condenadas por actos que tuvieron que ver con el incendio de bienes inmuebles o de camiones, en los cuales no se puso en riesgo de manera directa o premeditada la vida de personas, pero por ello se les aplicó la mencionada Ley Antiterrorista.

En su declaración, Florencio Marileo relató que a finales del 2002 se enteró por medio de una tercera persona que la policía lo buscaba; aunque no se fugó, poco después fue detenido. Se le acusó por incendio terrorista y vivió “un proceso muy duro en lo personal, para mi familia y mi comunidad. Hubo una gran presión de parte del gobierno y de la empresa Forestal Mininco”, expresó.

En el 2004 fue condenado y dos años más tarde −junto a otros mapuches− realizó en la cárcel una huelga de hambre, pues “entendimos que el nuestro era un caso político, ya que no había fundamento para nuestras condenas”.

Cuando en el 2010 salió con libertad condicional, “encontré mi comunidad militarizada, con la policía resguardando a la empresa forestal”.

“La Ley Antiterrorista no sólo compete a los mapuches, sino a estudiantes, sindicatos y pescadores. En Chile se reprime mucho”, lamentó.

Su hermano Juan Marileo, minutos antes de esa deposición, ofreció declaraciones a UNIVERSIDAD  y detalló que pertenecen a la comunidad de José Guiñón, la cual debió hacer “una defensa de las tierras y la naturaleza”, pues “estamos siendo eliminados por la industria maderera del pino y eucalipto”.

Informó que “actualmente sigue la represión, hay zonas militarizadas, ya que el Ejército chileno tiene presencia fuertemente armada en nuestras tierras”.

Juan Marileo añadió que también fue enjuiciado bajo la Ley Antiterrorista y condenado a una pena de diez años y un día, por el incendio de un almacén. “No hay justicia para los mapuches; existen los tribunales y cortes, pero no hay justicia”, reprochó.

La otra presunta víctima que declaró ante la Corte IDH fue Víctor Ancalaf, quien ocupó el cargo de wekén, una suerte de vocero de las comunidades y secretario personal del lonko.

Detalló que en el 2001 había iniciado un proceso de negociación con el gobierno, a fin de que se compraran tierras para varias comunidades mapuches que representaba. Sólo se cumplió la primera etapa, pues luego de su detención y procesamiento judicial en el 2002, el proceso de compra y repartición de tierras se detuvo, ya que desde el gobierno se dijo que no negociaban con terroristas.

Narró ante la Corte que en noviembre de ese año fue detenido de manera violenta, pues unas diez personas vestidas de civil sin aviso le golpearon y no le informaron sobre sus derechos. “Pasé cinco días incomunicado en una celda sin luz, luego de los cuales me enteré que se me acusaba de terrorismo”, recordó.

Cabe destacar que la representación del Estado chileno en la audiencia −encabezada por el embajador en Costa Rica, Miguel Ángel González−, se abstuvo de hacer preguntas a las presuntas víctimas.

Otra de las víctimas cuyo caso se estudia es el lonko Aniceto Norín, aunque él no está en la lista  de quienes fueron seleccionados para ser escuchados por la Corte IDH, lo cual le generó molestia, al igual que a su compañera Patricia Troncoso y a la abogada de ambos Ylenia Hartog.

“Hemos llegado acá porque no hay ninguna ley que nos proteja como mapuche”, expresó Norín a este Semanario. Calificó las condenas como “ridículas” y dijo que sin haber cometido ningún delito pasó “cinco dolorosos y tristes años” en la cárcel.

Por su parte, Hartog detalló que en una fase procesal anterior, se determinó quiénes hablarían ante la Corte. “Los abogados en ese momento accedieron a que lo decidieran unas organizaciones no gubernamentales (ONG) que no representan los intereses de mis defendidos”.

Se trata del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), que asumieron la defensa de otras de las presuntas víctimas.

Por otra parte, Liliana Tojo, directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur del (Cejil), puntualizó  que “en ninguno de los actos por los que el Estado ha condenado como terroristas a líderes del pueblo mapuche, se involucró daño a las personas”.

Tojo espera que la sentencia esté lista antes de que finalice el año y aclaró –respecto a la queja de Morín y Troncoso− que “la Corte no acepta la declaración presencial de todas las víctimas”, pero sí recibe y estudia las declaraciones por escrito que presentan.

 


 

Cambios en Chile

El embajador Miguel Ángel González, en entrevista con UNIVERSIDAD destacó que desde que se dieron las sentencias de estos casos, su país firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas, reformó en el 2010 la Ley Antiterrorista para que cumpla con parámetros internacionales de derechos humanos y enfatizó que en el sistema judicial de su país sí existe la posibilidad de plantear revisión de las sentencias −uno de los puntos discutidos por la CIDH−,  sólo que en vez de “apelación” se le denomina “recurso de nulidad”.

Añadió que la aseveración de que en Chile se discrimina desde el Estado a los pueblos indígenas, “no resiste ningún análisis”, y enumeró el establecimiento de normas específicas de “discriminación positiva” que les favorecen, como la educación bilingüe, becas para estudiantes mapuches o el reconocimiento de sitios sagrados, además de un programa de combate a la pobreza de $4.500 millones.


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