Jerarca del MOPT Defiendo intereses del país, no a Alterra

Tras nombrar los nuevos miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil, se reanudaron las negociaciones del addendum del contrato de AlterraEl jerarca del MOPT,

Tras nombrar los nuevos miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil, se reanudaron las negociaciones del addendum del contrato de Alterra


El jerarca del MOPT, Randall Quirós, sostiene que hay un desequilibrio financiero en el contrato con Alterra y que es impostergable corregirlo, para proseguir con la remodelación

«Los intereses del país los estoy defendiendo a capa y espada», aseguró el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) -Randall Quirós-, al rechazar las acusaciones de quienes lo señalan como defensor de los intereses de la empresa Alterra Partners, la cual negocia con el gobierno un addendum al contrato de administración del  Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El ministro Quirós además negó que el mencionado anexo que se negocia equivalga a un nuevo contrato y sostuvo que hay razones justificadas para reconocerle a Alterra los reclamos que hace por desequilibrio financiero en la ejecución de las obras de remodelación del aeropuerto.

Como parte de la crisis que enfrenta el contrato con la mencionada empresa aeroportuaria, a finales del mes pasado renunciaron tres miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), entidad encargada de analizar dicho documento y que funge en nombre del Estado como contratista de Alterra.

En una amplia entrevista con UNIVERSIDAD, Quirós defendió el pasado 21 de setiembre desde su despacho, su papel como líder de la renegociación del contrato con  Alterra, compañía que ha sido fuertemente cuestionada en las últimas semanas por reconocidos personajes nacionales.

 

El organismo Transparencia Internacional planteó el pasado 14 de setiembre una serie de dudas e inquietudes, en una conferencia de prensa en la que participaron -entre otros- los extitulares del MOPT, Rodolfo Silva y Guillermo Constenla.

Ellos criticaron los alcances negativos para el país del addendum que se negocia y la nula defensa de los intereses costarricenses por parte de Quirós (véase en la edición anterior de este Semanario: «Contrato de Alterra entra en picada».

A continuación se ofrece las respuestas del ministro Quirós.

Después de la renuncia de los miembros del CETAC, ¿en qué situación queda el addendum del contrato con Alterra?

-Ya logramos nombrar a los nuevos miembros del CETAC. Una vez que se logre aprobar este addendum en el CETAC deberá pasar por un segundo filtro, que es la Contraloría General de la República (CGR). Teníamos un mes de no sesionar y a partir de este jueves (22) empezamos con las sesiones. Lo que pretendo es pedirles que nos den la oportunidad de hacer alguna sesión extraordinaria los sábados o alguna noche, para conocer el addendum con más tiempo. Yo esperaría que este borrador que tenemos sirva para arrancar en su análisis.

Algunos expertos en derecho han dicho que este addendum es un nuevo contrato y por lo tanto no califica como tal. ¿Usted cree que la Contraloría lo rechace por esta razón?

-Siento que existe un desequilibrio en el contrato con Alterra y que la misma ley general y el mismo contrato -que ya había sido refrendado por la CGR-, establece la obligación por parte del gobierno de llegar a un equilibrio financiero. Para ello se están tomando los parámetros mencionados por la CGR en diversas ocasiones. El desequilibrio se da básicamente a partir de la sesión 79-2001, cuando el CETAC les permite hacer un rompimiento del tope de gastos de desarrollo y financiamiento, y pasan de $3.5 millones (¢1,697 millones) a $18.5 millones (¢89,725 millones). En un informe que es el 1-2003, la Contraloría dice que el CETAC no tenía esa facultad y en todo caso tenía que haber sido refrendado por la CGR, porque era un hecho nuevo que tenía que haber sido justificado para poder incluirse. Esto provocó que los bancos que financiaban manifestaran que no tenían cubierto los desembolsos que venían haciendo y por eso en el 2003 los suspendieron. Hemos analizado por qué se da ese aumento en los gastos de desarrollo y financiamiento, si estaba fundamentado en el contrato refrendado por la CGR, y si efectivamente tenía justificación económica. No creo que sea un nuevo contrato. Hay algunos hechos nuevos que se tienen que incorporar y que el mismo contrato prevé. La ampliación del plazo del contrato de 20 a 25 años la pide el gobierno y no es para que Alterra gane más, sino para no tener que hacer una alza fuerte en las tarifas. Esta ampliación la contempla el contrato en caso de desequilibrio financiero. Tampoco es cierto que tengamos que pagar $150 millones de más (¢72.750 millones al tipo de cambio actual) a Alterra y que estemos incorporando todo lo que está en juicios arbitrales dentro del addendum.

Usted niega que se le vaya a pagar a Alterra más de $150 millones con el addendum -como dicen algunas personas-. Pero, ¿no es cierto que se le reconocerían a Alterra montos que no están contemplados en el contrato original?

-Nosotros tenemos que ajustarnos a un marco jurídico que nos lo da la Constitución y la Ley General de Administración Pública, y que es el principio de legalidad; el Estado no puede hacer más allá de lo que le está permitido. No podríamos reconocerles ningún rubro que no esté incluido en el cartel de licitación, en la oferta presentada en el contrato refrendado por la Contraloría. Sí podemos incorporar hechos para equilibrar el contrato, siempre y cuando cumpla la normativa jurídica y principios económicos, no antojadizos. No estamos pagando sobreprecios. El único factor de financiamiento de este proyecto son las tarifas. Entonces, cuando la gente dice que nosotros le estamos pagando de más, hay que reconocer también que esas tarifas no han sido reajustadas en los últimos dos años.

El exvicepresidente de la Cámara de Exportadores -Juan Francisco Montealegre- ha dicho que la crisis del aeropuerto es culpa del MOPT. ¿Cuánto hay de cierto en esta afirmación?

-El tema de las concesiones en Costa Rica es complejo. Creo que el país requiere de este tipo de financiamiento para obras públicas. El país, que está apenas en vías de desarrollo, no puede invertir $100 o $200 millones en un solo proyecto -como el aeropuerto Juan Santamaría- y descuidar aspectos básicos como salud, hospitales, vivienda popular, educación, comedores escolares. El proyecto de concesión de obras públicas es muy reciente, y no teníamos jurisprudencia ni en la Contraloría, Procuraduría, o en los departamentos legales de los ministerios, y por eso estas concesiones han enfrentado algún grado de dificultad. No creo que se le pueda achacar únicamente a un ministerio o a una sola persona el que se haya dilatado este proceso con el aeropuerto. En estos últimos cinco años, al menos desde mi llegada, he mandado a capacitar a los técnicos a países como Chile y España. Me consta que la Contraloría y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos también lo han hecho. Me parece que lo ocurrido se dio por una desconfianza natural hacia un nuevo sistema de inversión de obra pública, aunado a una coyuntura histórica que atravesó el país a finales del año pasado, en donde salieron hechos de corrupción, lo cual hizo que la gente se sintiera un poco nerviosa en cuanto a algunos contratos de importancia.

Se podría decir que hasta ahora en este esquema de contratación ha resultado más caro el caldo que los huevos. ¿Cuánto más tendrá que perder el país en tiempo y recursos hasta afinar este mecanismo?

-No considero que hemos tenido pérdidas económicas. Hay un principio básico de economía que dice que una cosa es cuando uno tiene pérdida y otra cuando deja de ganar. Dentro de Centroamérica, tenemos un aeropuerto realmente moderno si lo comparamos con Guatemala, Honduras, El Salvador -que tiene uno de los mejores-, Nicaragua -que está en proceso de modernización- y Panamá -que es el que lo tiene 100% construido en la región-. Nosotros tenemos la mitad del edificio terminal, la mitad de las mangas de aproximación y nos faltan algunos trabajos, como la rampa remota o de carga. Si esto se hubiera terminado en octubre del año pasado -como se tenía previsto-, tendríamos un mejor servicio al turista; pero, si usted compara la movilización de pasajeros de los últimos tres años, verá una clara tendencia creciente. Entonces, no es que hayamos tenido pérdidas, pero sí tal vez hubiéramos podido generar mayores dividendos, con más tiendas y comercio con el que gana el Estado como socio de Alterra. Sí es un aeropuerto saturado, en donde el pasajero no se siente cómodo.

La actual terminal fue construida por el Estado costarricense y Alterra no ha podido construir la nueva. ¿No es esto una muestra de la inoperancia de esta empresa?

-No. Todo lo contrario. Alterra lo que sí hizo fue pagarle al gobierno lo que le costó la construcción de la nueva terminal, que estuvo a cargo de EDICA, que es su socia en materia de construcción. Reitero: después de la decisión que se había tomado en la sesión 70-2001, Alterra terminó de construir el aparcamiento y completar la terminal, y empezó a demoler el edificio contiguo; pero, vino el pronunciamiento de la Contraloría y los bancos dejaron de girar fondos y se presenta el desequilibrio financiero. Lo que sí ha sido muy eficiente es la administración del aeropuerto y se notan mejoras en servicios de informática, lectores ópticos, fibra óptica.

Se firmó un contrato en el que se establecían todas las reglas, con la posibilidad de hacer algunos cambios pequeños. ¿Por qué entraba tanto su ejecución el acuerdo 79-2001, si ya la Contraloría lo había objetado por improcedente, por ser irregular?

-Lo que la Contraloría manifiesta en ese pronunciamiento es que, efectivamente, una serie de hechos permitían alcanzar un equilibrio en el modelo financiero, siempre y cuando se diera un procedimiento legal. Inducidos por un claro error, creo yo, por la  antigua fiscalizadora: Jill Jamieson, al CETAC se le dice que pueden hacer un aumento en los gastos de desarrollo y financiamiento, que era viable y jurídicamente razonable. La Contraloría no dice que sea desproporcionado, sino que no siguieron el procedimiento legalmente permitido, y por eso es que desconoce lo acordado en esa sesión 79-2001. Por eso les dice: señores, tienen que volverme a bajar los $18.5 millones a $3.5. Cuando eso se da hay un claro desequilibrio en el contrato, porque ya los bancos habían tomado como cierto que esos gastos incurridos por Alterra les iban a ser reembolsados. Hasta tanto esto no se logre dilucidar, existe el desequilibrio y tenemos que ver de qué forma podemos arreglarlo. El contrato decía que diez días antes de que Alterra iniciara la administración del aeropuerto podía volver a solicitar un análisis sobre los gastos de desarrollo y financiamiento.

¿Es normal que Alterra quiera cobrarle al país la comisión que pagó por obtener el financiamiento para las obras?

-En cualquier negociación usted tiene que pagar algún dinero por conseguir los empréstitos. Eso se tiene que reembolsar al inversor. El contrato establecía que había gastos de desarrollo y financiamiento por $3.5 millones y que estos podían ser revisados 10 días antes de que iniciara operaciones Alterra. La empresa así lo hizo y eso es lo que provoca la sesión 79-2001.

¿Cuánto es entonces el monto que reclama Alterra que pagó por comisión de los préstamos?

-Son $15 millones.

¿Quiénes han participado en la redacción del addendum?

-No tenemos un documento final, pero en todo lo que ha sido la negociación del addendum me he hecho acompañar por los miembros del CETAC, Rodolfo Garbanzo, Patrica Arce, y Tatiana González, Milena Sanabria, Helmuth Álvarez; también se incorporó todo el equipo técnico del Banco Centroamericano de Integración Económica, que están interesados en negociar con el International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial la compra de su participación en este proyecto, lo cual nos convendría, pues este entiende mejor la idiosincrasia latinoamericana. También ha participado la gente del IFC, y como mediador ante la empresa Bechtel me ha acompañado nuestro embajador en Washington, Tomás Dueñas.

¿Los miembros del CETAC que renunciaron no participaron en esta redacción?

-Nosotros habíamos acordado en un principio que el ministro iba a tratar de llegar a un acuerdo de borrador, para enfocarnos con un documento base de trabajo, antes de que todos los miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil se incorporaran. Todos estuvieron de acuerdo con que el ministro llevara todo el peso de la negociación y cuando se tuviera ya un documento notablemente acordado, se llevara al seno para trabajar en él. Eso por desgracia no se dio, y en mucho se debió a la presión de la Asamblea Legislativa; a estas alturas del año y por ser año electoral, creo que se nos mete mucho la politiquería en todo.

¿Entonces estas personas no participaron?

-No. La verdad es que ellos no participaron, y el día que yo entrego el documento es cuando renuncian.

En algún momento ellos dicen que hubo presiones para que se aprobara el documento.

-En absoluto. Creo que la presión es por parte de Costa Rica para que se resuelva un tema viejo, que ya lleva tres años. La presión es de la Cámara de Turismo, de los pasajeros, del Instituto Costarricense de Turismo, de cualquiera que quisiera tener un aeropuerto realmente terminado.

El documento del addendum es prácticamente un mea culpa por parte del Estado, al reconocer su responsabilidad por el atraso en las obras del aeropuerto. ¿Por qué no se atribuye también culpa a Alterra?

-No es con el addendum que el Estado reconoce un mea culpa como usted lo señala. Yo digo que debido a que la misma ley y el mismo contrato obliga a restablecer el equilibrio financiero en la ecuación matemática que garantiza que el proyecto sea viable, es que el Estado entra a negociarlo. Nosotros no estamos negociando absolutamente nada de quién es el culpable, sino que eso le competerá a las autoridades responsables en su momento. Me imagino que una vez que el addendum sea refrendado por la Contraloría, esta a su vez ordenará una investigación para sentar responsabilidades -si es que las hubiera- sobre la participación de todos los miembros del CETAC y de los ministros que ha habido en estos tres años.

Por la forma en que está planteado el addendum algunas personas lo señalan a usted por no defender los intereses del país en esta negociación.

-Los intereses del país los estoy defendiendo a capa y espada. Estoy tratando de sacar adelante un proyecto en el cual Costa Rica apostó en una licitación internacional; firmó un contrato, se refrendó, y estamos en un claro avance en turismo. Simplemente buscamos exigir el cumplimiento de algo que se firmó y que creíamos que iba a poder salir adelante, con un equilibrio. Nunca he descartado el último de los escenarios, el más difícil en mi opinión: que el gobierno retome la administración del aeropuerto. ¿Por qué es un escenario difícil? Porque eso significa que el gobierno y Alterra tienen que irse a demandas judiciales. Ese atraso no permitiría un desarrollo rápido del aeropuerto. El mismo contrato establece un periodo de transición una vez que cualquiera de las partes solicita la rescisión; entonces, por seis meses entrarían los bancos a administrar el aeropuerto.

Se ha rumorado que el exmandatario George Bush es socio del consorcio estadounidense Bechtel, que a la vez es el socio mayoritario de Alterra, y que por aquí vienen las presiones para renegociar el contrato a favor de la empresa gestora del Santamaría. ¿Cuánto de cierto hay en esto?

-Desconozco y me sorprende esto. Es la primera noticia que escucho de que la familia de Bush tenga participación en la firma Bechtel. Sé que ellos vinieron (representantes de la compañía Bechtel) esta semana aquí a dar la cara y que son miembros de la junta directiva de Transparencia Internacional en Estados Unidos, que tienen muchos negocios con la parte federal y local de los gobiernos de los diferentes estados. Lo que sí puedo decir es que a mi persona, por parte de la embajada de este país o de cualquier otra persona, no he tenido ninguna presión en el sentido de llegar a un entendimiento con Alterra.


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