Un examen del nuevo plan fiscal, más allá de la versión oficial, muestra los objetivos en cuanto a los servicios públicos y el futuro del Estado costarricense.
Critican ausencia de una reforma estructural en la economía costarricense
«Es más de lo mismo» destacó esta semana el excandidato presidencial, Walter Coto, al indicar que el futuro plan fiscal tiene como componente ideológico estrujar aún más a los sectores populares y replantear en forma más disimulada el proceso de privatización.
Criterio opuesto a Coto tiene el diputado oficialista Ricardo Toledo, quien justifica las medidas fiscales. El apuesta a que con el paquete fiscal los ricos paguen como ricos. Mientras para el dirigente sindical Albino Vargas a largo plazo habrán efectos nefastos si no se adoptan medidas a tiempo.
En este contexto, la Secretaria General de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA), Enid González, estimó que el deterioro de los servicios públicos a que conduce el plan fiscal tiene un fin inequívoco: privatizar (ver nota aparte).
No obstante, según Coto, el equipo económico de gobierno, igual que los anteriores, abandonó en forma temprana la posibilidad de hacer un cambio estructural más equitativo en la economía. «Son simples parches económicos justificados con frases impactantes como que las finanzas públicas ya van a reventar», acotó.
Preguntado sobre las posibilidades de que este plan sea aprobado por la Asamblea Legislativa sin mayores dilaciones, Coto consideró que son altas, debido a que hay unanimidad de criterios entre los legisladores de los Partidos Liberación nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Ahora se unen los diputados de Acción Ciudadana (PAC), que no tienen nada de centro y están a la derecha, enfatizó.
Cierto o no, los diputados del PAC como fuerza política emergente, parecieran carecer de confianza en las masas que siguen sin movilizarse y no apuestan a cohesionar a los sectores populares alrededor de nuevos paradigmas para la democracia.
NO TROPEZAR DOS VECES
Sin que el plan fiscal entre a las discusiones de fondo, ya creó los primeros roces al interior de la sociedad y quedó identificado a favor de los sectores tradicionales renuentes a pagar impuestos directos sobre sus riquezas.
Algunos de los integrantes del equipo económico provienen del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) otros llegaron con estudios cursados en universidades forjadoras del libre mercado.
Así, en un primer acercamiento al » problema fiscal», la Comisión de Control del Gasto puso la mira esta semana en los regímenes de pensiones. Asimismo iniciaron reuniones con personeros del Ministerio de Trabajo, magistrados y procuradores, con el fin de analizar los efectos de algunas reducciones financieras.
Se proponen, según la versión oficial, «fortalecer» los controles en las jubilaciones mediante la Superintendencia de Pensiones y eliminar el traslado de cuotas de Invalidez, Vejez y Muerte al sistema de Pensiones del Ministerio de Hacienda.
Gravarán, dijeron, con un impuesto escalonado del 20% hasta el 50% las jubilaciones mayores de ¢ 400 mil mensuales, Pretenden además dejar en manos privadas los sistemas de pensiones estatales, en forma similar a como funcionan las cajas de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) o la del Magisterio Nacional.
En el campo de las reducciones presupuestarias anunciaron que buscan recortes por unos ¢ 2.683 millones. De esta manera, pretendieron disminuir ¢105 millones al Ministerio de Educación, a Obras Públicas y Transportes (MOPT) ¢ 65.93 millones; a la Contraloría General de la República casi ¢ 50 millones; al de Comercio Exterior ¢ 1.300 millones; ¢ 1.000 millones en Ambiente y Energía; a la cartera de Agricultura ¢ 5 millones y al Poder Judicial ¢ 25 millones.
Esta disminución presupuestaria obligará a eliminar servicios en el ámbito educacional, ambiental, energía, producción, seguridad social, agua, o bien pasar esas actividades debilitadas al sector privado.
Sobre este particular, el Poder Judicial ya adoptó medidas relacionadas con el recorte presupuestario y anunció que cerrará dependencias durante 19 días a finales de este año y principio del otro.
Héctor Monestel, ex sindicalista y dirigente campesino, llamó la atención sobre como la lógica del equipo económico del gobierno invirtió la táctica aplicada por la administración de Miguel Angel Rodríguez, en sus planes de desmantelar parte del Estado para luego privatizar servicios.
El anterior gobierno, acotó Monestel, levantó desde su llegada a Zapote la privatización para justificar después el «saneamiento» de las finanzas públicas; en tanto Pacheco habla primero de «sanear» las finanzas para obtener luego de rebote la privatización.
A juicio de Monestel, los compromisos adquiridos en los Tratados de Libre Comercio obligan al gobierno a esta nueva estrategia para reducir el Estado, flexibilizar las relaciones laborales, modificar las convenciones colectivas y hacer cambios en el sistema del Servicio Civil.
Similar opinión tiene el excandidato presidencial Coto, para quien, como está planteada la «reforma» fiscal, la «privatización de activos sociales» es inexorable.
Monestel y Coto estiman que el gabinete no quiere tropezarse dos veces en la misma piedra, por lo que variaron la táctica. «Mienten cuando dicen que la economía nacional mejorará con el plan fiscal», sostuvo Coto.
«Hasta ahora los hechos demuestran a cualquier persona con algo de sentido común que el plan fiscal está concebido para que los grandes financistas, exportadores y comerciantes, sigan haciendo clavos de oro», resumió Monestel.
EL ASALARIADO IDEAL
Lo cierto del caso es que públicamente la Comisión de Control del Gasto apostó esta semana contra las convenciones colectivas. Recomendó derogar el decreto # 29556 que reglamenta estos acuerdos en la Administración Pública por juzgarlos «inconstitucionales».
Sin embargo, el Estado costarricense empeñó su palabra ante la Organización del Trabajo (OIT) en el sentido de que las convenciones serían realidad en la Administración Pública.
El presidente Abel Pacheco salió al paso a los que apuestan por la eliminación de estos convenios – tarea en que están inmersos incluso algunos de sus correligionarios- y anunció que respetará los derechos de los trabajadores adquiridos a raíz de estos acuerdos. Pareciera que el Presidente tiene clara la película: de lo que se trata en los momentos actuales es de cohesionar y jamás dispersar.
Poco después de estas declaraciones del mandatario, Pacheco admitió que algunos «medios de comunicación quieren gobernar». Declinó identificarlos como si todos ya los conocieran.
El diario La Nación, conocedor de los privilegios en algunas convenciones colectivas, levantó hace poco la bandera contra todos estos convenios. De paso conceptualizó un perfil sobre el trabajador ideal.
A juzgar por los planteamientos del diario, el nuevo ideal en la sociedad sería que los futuros convenios colectivos carecieran de cláusulas relativas a pagos por riesgos del trabajo, los obreros jamás tuvieran un mejoramiento sustancial en sus salarios por estudios realizados o profesionalización y las madres renunciaran al derecho de amamantar a su hijos durante dos horas de su jornada laboral.
Este ideal sería realidad cuando el trabajador renuncie a los reajustes salariales, anualidades y deje esa costumbre de alimentarse para reproducir la energía requerida para su jornada de trabajo.
Tampoco se puede ocultar que existen convenciones colectivas ellos destinados a la alta jerarquía sindical; ni que sea necesario reorientar en estos contrato colectivos los beneficios de los trabajadores no solo hacia el campo salarial, sino a la disminución de la jornada laboral para el combate del desempleo, valorar la experiencia del empleado en sus funciones y dar facilidades para una capacitación constante, en busca de mejor ubicación en la escala social.
En todo caso, unos pocos elementos de este perfil ideal del empleado público país, ya están recogidos en algunos documentos oficiales, donde se recomienda eliminar los contratos colectivos de trabajo o en su defecto «renegociar» lo que los especialistas denominan «abusos» .
Solicitan además congelar por parte del Estado la contratación de nuevo personal, homologar los sueldos y los privilegios adicionales para la alta burocracia y eliminar del Servicio Civil el precepto de «estabilidad» laboral.
Todo esto, según los expertos del gobierno y allegados, para que la población no pague ese terrible impuesto llamado déficit fiscal, presente en la economía desde las primeras décadas del siglo pasado.
MONEDA VUELTA
«El plan fiscal afectará al sector social», concluyó, sin mayores dudas, la Secretaria General de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE),Rosibel Castro, al advertir que el deterioro de servicios y actividades sociales llevarán a la privatización.
Añadió que el «desmantelamiento» y «desmejoramiento» en la calidad de los servicios, implícitos en el plan fiscal, buscan privatizar actividades en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), educación, energía, etc.
«Tratamos de que el profesorado conozca los alcances de este plan fiscal para luego definir el camino por seguir», subrayó al preguntarle UNIVERSIDAD sobre los aportes del gremio al debate en torno a la privatización y el deterioro de actividades estatales.
Para la mayoría de los consultados por este Semanario, la meta del equipo económico oficialista es alcanzar en el corto tiempo recursos financieros, sin que la medida sea identificada como un nuevo paquete tributario. Esto quizá explica que la iniciativa sea denominada «plan» fiscal. Otros, con tono más rimbombante, llaman a esto «reforma tributaria».
Explicaría lo anterior que quienes en el pasado rechazaron el deterioro en las instituciones públicas y los impuestos como política oficial, hayan optado hoy por ver de largo las nuevas medidas.
Para el excandidato presidencial del PLN, Rolando Araya, los nuevos impuestos no se justificarían y por el contrario urge «combatir la evasión y el contrabando», haciendo más eficiente la recaudación de tributos. Así lo dijo públicamente el 2 de junio de 2001.
Criterio similar sumó por esa fecha el exprecandidato presidencial Antonio Alvarez Desanti, cuando abogó por una mejor recaudación de impuestos y asignar a las instituciones estatales presupuesto acorde con sus programas.
Para el diputado del PLN, José Miguel Corrales, los impuestos directos – los que se cobran al capital- deberían ser la regla y no la excepción. Más del 80% de los impuestos son indirectos.
Por esas fechas de junio del año pasado, Corrales también rechazó la creación de nuevos impuestos y abogó por combatir la corrupción y la evasión fiscal.
En cuanto a la corrupción, los dos principales partidos reconocieron la creación de estructuras paralelas para financiar la campaña electoral, sin que el Tribunal Supremo de Elecciones viera pasar las «donaciones», ni el fisco tuviera competencia alguna sobre esos millonarios aportes. Un proyecto para castigar el tráfico de influencia y obligar a los diputados a declarar sus bienes, duerme en la Asamblea Legislativa el sueño de los justos.
Pareciera, así, que la eficiencia tributaria y el combate contra la evasión fiscal están lejos de ser una prioridad en los planes fiscales de este gobierno ni en los anteriores.
Según dijo a este Semanario el director de la policía fiscal, Rónald Benavides, con 22 policías, incluido él, deben combatir en todo el territorio nacional los delitos contra el fisco.
Con este personal, desde el mes de mayo a la fecha, la Policía de Control Fiscal investigó 89 casos que están en sede judicial, decomisó 46 vehículos y 73 bultos de mercadería y se incautaron tres furgones por supuesto contrabando.
«Estamos bien equipados tecnológicamente y nos aprobaron para este año 10 nuevas plazas, esperamos que pronto nos las den», afirmó Benavides, al consultarle si con ese personal acabarían con uno de los principales disparadores del gasto público: la evasión, las prebendas, la subfacturación, sobrefacturación y el contrabando.
PLAN FISCAL DIVIDE OPINIONES
Ante la carrera contra el tiempo que libra el Plan Fiscal en la Asamblea Legislativa surgen opiniones divergentes sobre el trasfondo de esta serie de medidas económicas, de urgente aprobación según el gobierno.
Mientras unos consideran que esta iniciativa no tiene nada que ver con el fantasma de la privatización, otros sectores piensan que pueden estar muy relacionados. Así opinaron dos dirigentes gremiales y un diputado sobre el tema:
Enid González, Secretaria Asuntos Nacionales e Internacionales de UNDECA, afirmó que su organización está opuesta al plan fiscal , ya que toda carga impositiva golpea directamente al pueblo.
«Desde hace 20 años se habla de déficit fiscal como producto del endeudamiento. Con el plan fiscal lo que quiere el gobierno es condonar deudas a los que realmente tienen el poder adquisitivo. Esto sin duda trae aun deterioro en la situación económica y es el pie perfecto para dar paso a la privatización. La clave es primero deteriorar la economía y luego privatizar», dijo.
Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), tiene una posición intermedia, ya que apoya el plan fiscal en su texto actual, pero no descarta que la no aprobación desemboque en la privatización de muchos servicios.
«Transitamos la primera parte de la contingencia fiscal, hay grupos dentro y fuera del gobierno que desean que fracase toda la parte estructural de la Comisión Mixta. Si se ligan ambas cosas, se pondría la privatización en un mediano plazo en la agenda nacional. En el contexto mundial de globalización y apertura, un país con una grave crisis fiscal se expone a los procesos de privatización. Pero ya los costarricenses estamos alertas y daremos una batalla», agregó Vargas.
Ricardo Toledo, diputado socialcristiano: «No entiendo como relacionan una cosa con la otra. ¿Cuál privatización? En este gobierno nadie apoya la privatización. Pero el plan fiscal debe pasar para que los ricos paguen como ricos, necesitamos grandes reformas en esta materia si queremos que el país salga adelante.»
