Los trabajadores reclamaron el 1 de mayo una mayor participación en la toma de decisiones y rechazaron el ajuste fiscal propuesto por los exministros de Hacienda.
Con consignas que pedían mayor respeto a los planteamientos hechos por los trabajadores a los gobernantes, numerosos empleados públicos y privados marcharon en San José y otras localidades del país el 1 de mayo al conmemorarse el Día Internacional del Trabajo.
Mientras en los 81 municipios y en la Asamblea Legislativa, las fracciones de los partidos políticos negociaban los nombramientos de los directorios locales y legislativos, los asalariados se concentraron en plazas y parques para pedir mayor transparencia a las autoridades políticas y el cese de las propuestas neoliberales que anuncian los economistas del gabinete del presidente electo Abel Pacheco.
Tres ejes fundamentaron las demandas de los trabajadores, el rechazo al paquete de impuestos propuesto por los exministros de Hacenda, el rechazo rotundo a las pretensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social para elevar la edad y las cotizaciones para los pensionados y la aprobación de reformas legales en materia de libertad sindical.
La marcha que se inició a las 10 de la mañana finalizó frente a la Plaza de la Democracia donde además de los discursos de fondo se leyó un pliego de demandas que los sindicalistas entregaron a los diputados recién electos.
Los voceros de los trabajadores llamaron la atención a los diputados que asumieron sus cargos ese mismo día y pidieron al gobierno de Abel Pacheco no cerrar las puertas del diálogo para enfrentar juntos los problemas de los miles de trabajadores.
Y es que con la designación de Ovidio Pacheco en el Ministerio de Trabajo y de Vanessa Castro como viceministra de esa cartera, los ánimos entre los sindicalistas presagian enfrentamientos si dichos jerarcas se negaran a dialogar sobre salarios, las convenciones de trabajo y los convenios suscritos por el país con el Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los trabajadores reiteraron la necesidad de la transparencia de las autoridades recién nombradas y recordaron los cuestionamientos al Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, el exdiputado Wálter Céspedes a quien se le cuestiona su título de educador obtenido al parecer en una universidad privada a la que no asistió a lecciones.
Igual sucedió con el nombramiento de María Lorena López como viceministra de Obras Públicas y Transportes a quien un estudio de la Contraloría General de la República señala como una de las funcionarias que se beneficiaron con asesorías millonarias pagadas por la institución.
RETOS
A simple vista, los titulares de trabajo deberán enfrentar en los próximos años serios problemas cuya solución se ha postergado, al punto de dejar a la cartera como una de las de más bajo perfil en los últimos gobiernos.
Así lo dijo a UNIVERSIDAD, Albino Vargas, Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Para este dirigente, las contradicciones entre lo propuesto por el consejo económico del nuevo gobierno con lo prometido en el campo social, provocarán que en poco tiempo las verdaderas intenciones del gobierno queden al descubierto.
Ante ello los trabajadores debemos estar alertas para evitar que con el pretexto de una reforma fiscal se cierren instituciones públicas y aumente el desempleo, dijo.
En efecto, entre las propuestas de los exministros de Hacienda se menciona la posible desaparición del Instituto de Desarrollo Agrario y del Consejo Nacional de Producción; y la fusión del Instituto de Vivienda y Urbanismo con el Banco Hipotecario de la Vivienda.
Otro de los planteamientos centrales es la reducción de recursos para el Instituto Nacional de Seguros, cuya privatización es defendida por los neoliberales.
Para los expertos del VII Informe del Estado de la Nación, uno de los retos que el gobierno debe enfrentar es la mejora en el sistema educativo y la generación de empleos de calidad para los más jóvenes.
Sólo así podrá enfrentarse el aumento de la pobreza que afecta al 38,7% de los hogares; este porcentaje aumenta en la zona rural y en las regiones Chorotega y Brunca, agrega el informe.
La generación de riqueza sigue siendo el talón de Aquiles de las directrices económicas aplicadas en el país desde mediados de los años 80, pues al apostarse por el fomento de las exportaciones de productos no tradicionales, la riqueza en vez de distribuirse, se concentra.
El estancamiento económico también afecta los ingresos familiares. En el 2000 por ejemplo, «el ingreso nacional disponible per cápita se redujo al de 2,3% en relación con el producto interno bruto y se registró la caída del 1% en el gasto de consumo final de los hogares», según el Estado de la Nación.
También «los salarios mínimos promedio cayeron, afectando los ingresos familiares, en especial los de las familias más pobres. La tasa de desempleo abierto se redujo, pero ello no parece haber sido suficiente para contrarrestar la caída en los ingresos, en particular porque la tasa de ocupación también disminuyó».
Esta situación coloca al 13,3% de las familias en estado de vulnerabilidad y es fruto «del aumento en la concentración de la distribución del ingreso, una tendencia tenue pero persistente que se viene observando desde la década de los 90», agrega el Estado de la Nación.
Otro de los retos es superar las diferencias de género que se reportan en el mercado laboral, pues aunque más mujeres se incorporan al mercado de trabajo, lo hacen en condiciones desfavorables.
Según el mismo Estado de la Nación » es frecuente que el aporte de las mujeres quede oculto por subdeclaración o porque sus actividades no se contabilizan en las cifras de empleo. Las tasas de empleo oculto reflejan esta disparidad, pues en el 2000 para los hombres ese indicador fue únicamente del 2,3%, en tanto el empleo oculto afectaba al 5,1% de las mujeres en edad de trabajar».
Otro de los aspectos que corrobora esta desigualdad es el salario devengado. Al tomar en cuenta intervalos de horas, las mujeres no superan la remuneración mensual promedio que reciben los hombres al trabajar más de una jornada completa (más de 48 horas).
Además, las mujeres profesionales y directivas trabajan jornadas superiores a las de los hombres. En 1999, el 25% de las mujeres en jornadas de medio tiempo eran profesionales o directivas; entre los hombres este porcentaje fue únicamente del 12,8%, según los investigadores del Estado de la Nación.
Otro de los escollos por superar en esta materia es el incumplimiento de los convenios suscritos por Costa Rica con la OIT. Entre ellos, el libre derecho a la sindicalización en el sector privado y el vacío en el que están las convenciones colectivas para los empleados públicos.
Una Comisión de Asistencia Técnica de la OIT dio en noviembre pasado un informe donde se señalan «problemas importantes de aplicación de los convenios 87 y 98 al constatarse de «la lentitud e ineficacia» de los procedimientos de reparación en el sector privado en caso de despido u otros actos de discriminación antisindical». La instancia constató que solo funcionan 12 sindicatos en el sector privado.
Otra falla detectada fue la declaratoria de ilegalidad de casi todas las huelgas de trabajadores, y la lentitud en las infracciones de las normas laborales.
