Piden anular nombramiento de Antonio Calderón como directivo del ICE

Anular el nombramiento de Antonio Calderón como directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitó a la Presidenta Laura Chinchilla una organización laboral de

Anular el nombramiento de Antonio Calderón como directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitó a la Presidenta Laura Chinchilla una organización laboral de la institución, tras denunciar presunta ilegalidad y conflicto de intereses con la labor del  funcionario, en su doble papel de directivo con poder de decisión en la empresa pública y su cargo de secretario general del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN).

“Resulta claro que el Sr. Calderón tiene un conflicto de intereses entre su deber con la institución y su lealtad al Partido del cual es miembro con poder de decisión e influencia incuestionables sobre asuntos estratégicos de una institución que es patrimonio nacional”, indicó a la mandataria la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de Telecomunicaciones (ANTTEC), en una denuncia fechada el 24 de febrero pasado y firmada por Jorge Arguedas, presidente, y Julio Durán, secretario del sindicato.

La organización pidió a la gobernante que ordene una investigación en los términos de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito (Nº. 8422), para determinar si el funcionario ha influido en decisiones tomadas en el ICE que afectan el interés público.

Ha habido múltiples denuncias sobre gestiones irregulares en el ICE que han llevado a pérdidas y al despilfarro de la Hacienda Pública, de las cuales se ha informado reiteradamente a la Junta Directiva del ICE, la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, para que sean investigadas y sean sentadas las responsabilidades de los funcionarios involucrados. Pero lamentablemente, las denuncias han sido encubiertas o ignoradas reiteradamente por la Junta Directiva, y a pesar de las pruebas aportadas, las autoridades del ICE han omitido separar de sus puestos a los funcionarios cuestionados, propiciando con esto que las pruebas puedan ser manipuladas, indicó ANTTEC.

Señaló que ante la inercia de la Junta Directiva y de la propia auditoría interna del ICE, desde el 16 de setiembre del 2010 el sindicato y las bancadas de oposición han puesto más de una docena de denuncias en diversas instancias (ver recuadro “En perjuicio de la Hacienda Pública).

Según Jorge Arguedas, un caso de evidentes irregularidades y falta de transparencia es el alquiler con sobreprecio del edificio en Sabana Sur conocido como Torre de Telecomunicaciones.

Allí podría estar presente el delito de “sobreprecio irregular”,  tipificado en la Ley contra la corrupción, pero la Junta Directiva del ICE ha omitido ordenar las investigaciones correspondientes. “Sería lamentable que en este caso sean descubiertos eventualmente intereses  políticos que han incidido en el ocultamiento de los responsables de tan oscuro negocio”, dijo Arguedas.

“Al analizar las posibles causas del encubrimiento y protección de los funcionarios cuestionados, nos llama la atención que en la conformación del Consejo Directivo del ICE hay un alto miembro del PLN que podría estar entrabando la implementación de medidas correctivas, por un posible conflicto de intereses entre su deber para con el ICE y sus responsabilidades dentro del PLN, del cual es secretario general desde el 2008, cargo en el que fue ratificado el pasado 7 de febrero”, comentó.

Añadió que esta ratificación como secretario general del PLN se dio posteriormente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 8660, y por lo tanto lo alcanza la prohibición para ejercer el cargo contemplada en el artículo 46 de dicha ley, así como la del artículo 52 de la Ley contra la corrupción,  y el artículo 152, inciso 5 de la Constitución Política,  que se refiere a la parcialidad política de los servidores  del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les está prohibido ejercerlas (ver recuadro “Tráfico de influencias”).

RED

Arguedas recordó que en julio del 2008, UNIVERSIDAD publicó un diagrama titulado “Red de influencias políticas y familiares”,  en relación con los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Costa Rica, en donde destaca un préstamo de $36 millones para la Compañía de Inversiones Las Brisas, administrada por familiares de Alfredo Ortuño (actual embajador en Italia), quien entonces era el representante de Costa Rica en dicho Banco. Antonio Calderón fungió como notario que protocolizó el préstamo, según publicaron varios medios de prensa en esa oportunidad.

Por otra parte, el ICE figura como principal cliente en la cartera de préstamos del BCIE en Costa Rica, junto con otras empresas y bancos públicos y privados, incluido el Banco Improsa, de la familia Ortuño, según informó este semanario en su edición del pasado 23 de febrero, señaló Arguedas.

Es de conocimiento público que el señor Antonio Calderón es un firme aliado del precandidato presidencial del PLN, Rodrigo Arias Sánchez. Su cargo en la Junta Directiva del ICE le da acceso a información y toma de decisiones estratégicas relacionadas con el fortalecimiento del sector telecomunicaciones, de cara al inicio de la competencia por el mercado, así como el inicio de la discusión sobre el tema de apertura del mercado eléctrico, consideró Arguedas.

 

 


 

Tráfico de influencias

La Ley incluye a los miembros de los partidos políticos con cargos de dirección en el nivel nacional, entre quienes pueden ser castigados con pena de cárcel aumentada por tráfico de influencias:

“Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio o ventaja indebidos, para sí o para otro.

Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior. Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de la  República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o del defensor adjunto de los habitantes, del superior jerárquico de quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional.”

(Artículo 52, Ley No. 8422)

 


 

 

En perjuicio de la Hacienda Pública

Algunos de los hechos denunciados por ANTTEC y diputados

-16/09/2010  – Diputados de la Comisión permanente de  control del ingreso y gasto  público de la Asamblea Legislativa le entregan al presidente ejecutivo del ICE, Eduardo Doryan, 64 preguntas sobre denuncias y cuestionamientos no respondidos.

-11/11/2010 – Dieciocho diputados de oposición le solicitan a la Contralora General, Rocío Aguilar, iniciar investigación al auditor general y subauditor del ICE.

-29/11/2010 – ANTTEC denuncia al Fiscal General, Jorge Chavarría, la compra en Limón por parte del ICE, de un lote ¢1.074 millones, con un sobreprecio de 159%.

-11/02/2011 – Se solicita a la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y la Junta Directiva del ICE, información sobre el programa PESSO, adjudicado en $171 millones, de los cuales se han pagado $70 millones y hay diez meses de atraso en la implementación, con presunto riesgo de fracasar como ocurrió con el proyecto de migración de tecnología SIMO-GITEL, que lo precedió.

-Solicitud a la Contralora General para que fiscalice el call center y las plataformas de servicios del ICE.

-Solicitud al Fiscal General para que investigue y señale responsabilidades civiles y penales en el caso del proyecto SIMO-GITEL, donde se indujo a pérdidas de $2,6 millones para la institución, obligándola a enfrentar la competencia con sistemas rígidos y antiguos, según la denuncia.


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