Actuario afirma que deuda de ¢2,54 billones es irrecuperable, pero debe evitarse que continúe.
Rodrigo Arias enfatizó que las autoridades de la Caja deben darle cuentas al pueblo.
Al tiempo que era amenazado con el inicio de un procedimiento administrativo, Rodrigo Arias López jefe del Departamento Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), denunció la fuerte presión política que sufre la Caja y los efectos que eso produce en el sistema de seguridad social del país.
Esta declaración se produce luego de la reacción de la junta directiva de la institución ante una información divulgada inicialmente por UNIVERSIDAD en la que Arias López sostuvo que existía una deuda pendiente de ¢2,54 billones por parte del Estado con el seguro de pensiones. Esto debido a un «histórico mal manejo del seguro de salud», argumentó.
Incluso el director actuarial de la Caja Róger Aguilar Gutiérrez, calificó de «totalmente disparatada» la cifra que estimó el jefe del Departamento Actuarial, basado en los estados financieros y otros documentos públicos de la institución.
Arias denunció persecuciones y represalias en su contra luego de que le decomisaran equipo informático y le amenazaran con la aplicación de medidas disciplinarias por haber dado a conocer dichos datos.
El actuario acusó a los jerarcas de la CCSS de esconder la realidad de un sistema que él considera está «caído» como muestran los deficientes servicios que dan a los costarricenses, agregó.
RUTA DE LA DISCORDIA
La semana del 27 de enero UNIVERSIDAD publicó un artículo donde se explicaba la millonaria deuda del Estado con la Caja, basándose en una conferencia que diera el matemático a finales de noviembre del 2004 en la UCR.
Al mismo tiempo Arias entregó su estudio a la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y los grupos sindicales.
Un día después, la Auditoría Interna de la Caja ordenó el decomiso de la computadora placa Nº 400645 destinada al uso de Arias.
REACCIÓN AIRADA
El 31 de enero la Prensa Libre y el Diario Extra también se refieren al tema con las reacciones del Director Actuarial. Una semana después UNIVERSIDAD publica la carta enviada por José Luis Valverde, vocero de la Caja, donde Aguilar califica de «disparatadas» las cifras de Arias.
En ese documento Aguilar menciona que la deuda del Estado con la Caja es de ¢276.753 millones que corresponden a ¢69.357 millones de contribuciones a la seguridad social, ¢42.043 millones por el traspaso de funcionarios del Ministerio de Salud y ¢165.374 millones de recursos que debió girar el Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF) para los seguros de salud de los pobres.
La publicación dice que durante la administración actual se suscribió un pago de ¢47.653 millones para honrar en parte la deuda del Estado.
En la misiva se insiste que el presidente ejecutivo de la Caja, Alberto Sáenz Pacheco, desautorizó los números de Rodrigo Arias y afirma que las cifras no fueron del conocimiento previo de las autoridades. Luego la nota anuncia la aplicación de medidas disciplinarias en contra del actuario.
Arias sostuvo a UNIVERSIDAD con copia en mano de un oficio, que esta información fue entregada a todos los miembros de la junta directiva. Indicó que el 28 de octubre del 2004 el Director Actuarial había recibido el estudio titulado «Seguro de Salud: Evasión, Costos y Financiamiento según Régimen de Protección».
El mismo Aguilar envió mediante el oficio DAPE-479, el documento a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia de la División Financiera y fue recibido el 2 de noviembre.
El 18 de noviembre del 2004 en el oficio DAPE-501 se presenta ante el presidente ejecutivo, una estrategia para consolidar el seguro de salud con base en el estudio actuarial que presentó Arias. No es sino hasta el 24 de noviembre que se hizo la exposición en la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica.
MENOSPRECIO A LA TÉCNICA
Arias comentó que, al rechazar sus análisis, las autoridades de la CCSS tomaron una decisión precipitada y equivocada que no favorece a la institución.
El matemático aconsejó a la nueva junta directiva trabajar con precaución y prudencia pues la junta anterior fue involucrada en uno de mayores escándalos de corrupción.
Insistió el académico que lo más razonable es respetar la experiencia y aceptar los nuevos estudios e investigaciones para poder evitar errores como los que se han cometido históricamente debido a las presiones políticas.
Arias explicó que hay un gran irrespeto a los expertos en el tema y que por el contrario se contratan especialistas de otros países para avalar números oficiales, que generan dudas sobre las influencias ejercidas.
El actuario rebatió los datos de Aguilar al afirmar que la deuda de FODESAF de ¢165.374 millones se queda corta comparándola con los costos de atención del régimen. A su juicio el Estado actualmente cotiza apenas una tercera parte de lo que la ley le obliga a aportar sobre la base de una referencia de cotización promedio de ¢30 mil.
Esta cifra, entonces, tendría que triplicarse y debería agregársele una moratoria de 2% mensual que darían un aproximado de más de ¢500 mil millones solo en ese rubro.
Con respecto a otros pagos del régimen no contributivo de salud como el caso de las mujeres jóvenes embarazadas y estudiantes, que no cotizan, el Estado debe pagar entre ¢20 y 30 mil colones por persona y actualmente solo aporta ¢2100, con el consecuente desfinanciamiento del sistema.
Otro caso que menciona el actuario se refiere a las personas pensionadas en situación de extrema pobreza, a quienes el Estado debería pagarles no menos de la mitad de lo que reciben de pensión en el Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), según el artículo 31 de la Ley Constitutiva de la Caja. Esto significa que deberían recibir no menos de ¢22 mil por mes, pese a que ahora se les gira ¢15 mil.
Arias dijo que un claro ejemplo del menosprecio a los criterios técnicos dentro de la CCSS, es la reducción de más de ¢12 mil millones al presupuesto de la institución por parte de la junta directiva para este año, pese a que existía otra recomendación del Departamento Actuarial.
SOLUCIONES URGENTES
El jefe de actuarios insistió en alejar la fuerte presión política que hay sobre la Caja y para Arias López una forma de empezar es mediante la eliminación de la figura del presidente ejecutivo.
Arias sostiene que los miembros de la junta directiva no deben ser nombrados con criterios políticos, sino responder una labor de análisis y coordinación de la institución con los ministerios de Salud, Planificación y Trabajo.
El matemático insistió en la universalización de los seguros sociales y en ponerle «rostro humano» a las pensiones.
El experto es de la tesis de que los seguros tengan un financiamiento directo y evitar que el dinero pase por la caja chica del Estado.
Apoyo sindical
Pocos días después de las publicaciones, el Frente Sindical del Hospital San Juan de Dios pidió detener el proceso de reforma a la ley de pensiones que pretende elevar la cantidad de cuotas y reducir el monto de la pensión hasta analizar de manera integral las finanzas de la CCSS.
Además exigieron la cancelación de la deuda del gobierno con la Caja, así como destinar los superávits al fortalecimiento del IVM.
Al mismo tiempo los sindicatos exigieron el cese de las persecuciones en contra de Rodrigo Arias López e instaron a un debate transparente con la participación de la escuela de Matemática de la UCR y moderado por la Comisión de Notables que investigó los casos de corrupción en la Caja.
