En Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua los defensores y defensoras de derechos humanos son objeto de vigilancia cibernética y escuchas telefónicas, según un estudio sobre el riesgo de la privacidad digital de ese sector, históricamente criminalizado en la región por su trabajo humanitario.
En los cuatro países estudiados, hay al menos una organización de derechos humanos que sufrió allanamiento, ya sea legal o ilegal, y fueron decomisados sus dispositivos electrónicos –como computadoras y teléfonos celulares− con información sensible de la organización y de la población con la que trabaja, expuso la coordinadora de la investigación, Luciana Peri.
Realizado por la Fundación Acceso, con apoyo del Fondo Holandés de Derechos Humanos para Centroamérica, el estudio estuvo destinado a investigar los marcos legales existentes en los cuatro países de la región, con el objetivo de responder a la pregunta de si existe privacidad digital para las personas defensoras de los derechos humanos.
Se determinó que a pesar de que en los países examinados existen normativas sobre la protección a la privacidad, hay una cultura de secreto en torno al tema de la vigilancia, y los defensores de los derechos humanos se encuentran expuestos a la violación de su privacidad.
En los cuatro países hay un contexto conflictivo que ameritaba una respuesta inmediata; por eso la cooperación internacional focaliza sus esfuerzos en ellos, aunque se espera ampliar el estudio en el futuro a Costa Rica y Panamá, explicó Peri.
Con apoyo de un equipo de investigación internacional y nacional en cada uno de los países que abarcaron, la organización llevó a cabo un análisis de las legislaciones existentes relacionadas con el derecho a la privacidad digital en Internet y en las telecomunicaciones, un tema sobre el que no había nada escrito en la región.
Se determinó que los países cuentan con una serie de leyes y normativas que protegen la privacidad, pero también existen portillos para violentar este derecho.
Por ejemplo, dicha privacidad puede ser limitada mediante la intervención de las comunicaciones, tanto las que se realizan por teléfono como por Internet, lo que implica la captura no solo del contenido de las comunicaciones, sino de los metadatos que estas generan (números telefónicos, direcciones de correo electrónico, lugar y hora en que se produce la comunicación, entre otros).
En la mayoría de los países estudiados es posible interceptar las comunicaciones cuando hay sospechas por terrorismo, crimen organizado, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos. Sin embargo, poco se sabe sobre el uso de esos poderes de vigilancia. Los Estados no son transparentes en relación con el uso y alcance de las leyes de vigilancia de las comunicaciones, reglamentos y otras normas.
No se publica información estadística sobre el número de solicitudes aprobadas y rechazadas, desgloses de solicitudes por proveedor de servicios, por autoridad investigadora, tipo y propósito de la investigación y número de personas afectadas.
Esta es una situación que debe preocupar a toda la ciudadanía, pero que afecta particularmente a poblaciones en riesgo, como lo son las personas defensoras en mención, porque el Estado las puede hostigar y dificultar así su labor.
Tanya Lockwood, directora de Acceso, enmarcó el estudio en la necesidad de defender el derecho a la privacidad y la intimidad, y la lucha contra las amenazas a la seguridad integral de los defensores de los derechos humanos, que implica no solo seguridad física, sino también aspectos como la privacidad de sus telecomunicaciones.
Previno contra la falsa disyuntiva que proponen los Estados entre privacidad y seguridad, asumiendo que quien defiende la privacidad de sus telecomunicaciones es porque oculta algo contra la seguridad del Estado, y llamó a desmontar discursos que utilizan frases como “no tengo nada que esconder” o “de por sí somos vigilados”, las cuales son una invitación a resignarse a la violación del derecho a la privacidad.
Vigilancia digital*
Según la experiencia de las personas entrevistadas en el estudio de la Fundación Acceso, en Guatemala la vigilancia digital la hace el gobierno por medio del ejército; en Honduras la Dirección de Inteligencia mediante su Unidad de Intervención de las Comunicaciones, así como departamentos de investigación de la policía y empresas telefónicas.
En El Salvador la ejerce la Presidencia de la República con su Organismo de Inteligencia del Estado y de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; se suman la Fiscalía General de la República, empresas telefónicas, equipos de personas ligadas a los partidos mayoritarios, y la embajada de Estados Unidos.
En Nicaragua, esa vigilancia la hace el Ejército, miembros de la Policía Nacional, funcionarios de la Dirección General de Impuestos, inspectores del Instituto de Seguridad Social, funcionarios de telecomunicaciones (Telcor), oficiales de migración y extranjería, diputados, magistrados, líderes políticos del partido de gobierno en los barrios, la juventud sandinista, periodistas oficialistas.
*Fuente: Fundación Acceso.
Opositores y defensores vigilados
En Honduras, las intervenciones telefónicas por parte del Estado tienen un enfoque político, con la mira puesta en sectores de oposición y defensores de los derechos humanos, según expuso Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión del país centroamericano y partícipe del estudio sobre privacidad digital.
Tábora explicó que en Honduras ha habido una reconfiguración del Estado, tras el golpe contra el presidente Manuel Zelaya en el 2009, que incluye un movimiento institucional orientado a la concentración del poder en el presidente de la República, y un producto de eso es la ley de intervención de las telecomunicaciones.
Hasta el 2011 las intervenciones telefónicas las realizaba el Ministerio Público por medio de la Policía Nacional, pero ahora la ley de intervención de las telecomunicaciones tiene una institucionalidad propia con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, cuyo jefe máximo es el mandatario.
Dicho Consejo reúne a los tres poderes del Estado más la Fiscalía, la Fuerza Armada, la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia, y esta tiene a su vez la unidad de intervención de las telecomunicaciones, de modo que ahora estas intervenciones se dan con una visión de inteligencia, no de persecución del delito.
Esa reconfiguración es preocupante, porque a todas las personas vigiladas en el país se les observa como un enemigo de la seguridad nacional; es un enfoque político, consideró Tábora, quien lamentó que este asunto no haya sido objeto de debate en el país.
“Y es que si leemos la ley, todas las funciones de la dirección de inteligencia son para evitar ataques de enemigos internos y externos relacionados políticamente. Ya no es un enfoque de seguridad pública, sino de seguridad nacional y de inteligencia por una parte, y por otra parte es una ley demasiado abierta”, criticó.
La unidad de intervenciones telefónicas depende del Consejo de Seguridad y Defensa, cuyo jefe es el presidente y no tiene controladores públicos independientes, porque hay una cláusula según la cual la Dirección de Inteligencia no rendirá cuentas a nadie, y dentro del Consejo quien tendría que realizar investigaciones por abuso sería la Fiscalía, pero esta forma parte del Consejo. Se puede presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pero esta también forma parte del Consejo, lo que significa que se eliminaron los contrapesos políticos institucionales para un Estado de derecho.
“El Presidente y el Fiscal General salen a la defensa diciendo que es una ley necesaria para el combate de la corrupción y el crimen organizado, pero creemos que gran parte de los políticos de oposición y defensores de derechos humanos están siendo vigilados a través de esta ley”, expresó Tábora.
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