En la demanda contra la Contraloría General de la República, Recope calculó el perjuicio financiero que sufrió por tener congelados los $50 millones que aportó a Soresco. Ese cálculo se cifró en $2,6 millones al 30 de abril del 2014. Hasta la fecha, el perjuicio aumentó a $2,9 millones.

El proyecto para construir una refinería petrolera en conjunto con el Gobierno de China está paralizado desde hace 11 meses y provoca un perjuicio financiero mensual por casi $250.000 (unos ¢140 millones) a la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope).

Ese es el monto que Recope paga por los intereses mensuales de una deuda para construir obras que habrían podido ser financiadas con recursos propios si no hubiera existido el negocio de la nueva refinería.

La iniciativa fue congelada el pasado 20 de junio del 2013, cuando un informe de la Contraloría General de la República (CGR) objetó el estudio de factibilidad que justificaba la construcción de una refinería de petróleo en Moín, Limón, cuyo costo final se estimó en $1.500 millones.

La idea de construir una refinería en conjunto con China surgió durante la administración Arias Sánchez  (2006-2010) y se materializó en una empresa que fundaron en conjunto Recope y China National Petroleum Corporation International (CNPCI).

La empresa conjunta se llama Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S.A. (Soresco S.A.); en ella, cada socio aportó $50 millones.

Desde junio de 2013, Recope tiene paralizados estos recursos de inversión. Como no puede disponer de estos $50 millones para otros proyectos y desde hace 11 meses la empresa conjunta está inactiva, este capital se considera un gasto financiero.

Para calcular este perjuicio, la refinadora costarricense tomó como referencia los intereses que debe pagar por unos bonos emitidos en su Serie A1. Estos bonos fueron emitidos en diciembre de 2012 con una tasa de interés del 5,8%.

“Si los recursos estuvieran en poder de Recope, estos se aplicarían directamente a otros proyectos de inversión y, por lo tanto, la empresa no hubiera tenido que endeudarse para financiar esos proyectos, como en la práctica ha sucedido”, asegura el expresidente de Recope, Litletton Bolton.

En total, hasta la fecha Recope tuvo un perjuicio financiero de $2,9 millones a causa de tener paralizado el capital dentro de la empresa conjunta con la CNPCI.

Así lo reconoció Bolton en un pedido de medida cautelar, presentado el pasado 2 de mayo en contra de la CGR

Según la actual Presidenta Ejecutiva de Recope, Sara Salazar, los $50 millones que aportó Recope a Soresco S. A. se tomaron de fondos propios de la Tesorería de la empresa. Este aporte de capital fue completado en febrero de 2013.

“Si no hubiera existido el contrato con China y no se hubiera constituido Soresco –que implica $50 millones que tiene que poner Costa Rica y $50 millones China–, esos $50 millones que Recope desembolsó para entrar al negocio de Soresco se hubieran podido utilizar en la construcción de esas obras que están siendo construidas con una emisión de bonos”, apuntó Salazar.

Apenas tres meses antes de completar el aporte a Soresco, el 5 de diciembre de 2012, Recope emitió bonos estandarizados para captar $50 millones en el mercado de valores.

El interés que Recope paga por esa emisión de bonos es el que la refinadora toma como referencia para calcular el perjuicio que sufre por la paralización del proyecto, aduciendo que “el costo alternativo de los recursos transferidos (…) corresponde con la tasa de interés que paga Recope por los endeudamientos de largo plazo”, de acuerdo con la demanda.

Demanda de última hora

Cinco días antes de abandonar su puesto como Presidente Ejecutivo de Recope, Litletton Bolton solicitó una medida cautelar contra los informes de la CGR que invalidan los estudios de factibilidad para la refinería conjunta.

El 2 de mayo de 2014, Bolton solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo suspender los informes de la Contraloría que desautorizan dos informes de las empresas China HuanquI Contracting and Engineering Corporation (HQCEC) y Worley Parsons.

En la demanda, Recope sostiene que la CGR trasgredió los límites del ejercicio de sus potestades, pues sus órdenes implicaron el congelamiento de todo el proyecto.

“El efecto real de estas órdenes no se limita simplemente a prohibir a Recope la utilización de determinados estudios, sino que su efecto real y tangible fue el de paralizar el proyecto de modernización de la refinería por completo”, acusa el texto de la demanda presentada por Bolton.

Esta demanda se suma a varios procesos legales abiertos por el caso de la refinería conjunta con el Gobierno de China.

En junio de 2013, una investigación de UNIVERSIDAD reveló que, a julio del 2012, Soresco había destinado $1.021.000 (¢571 millones) para gastos de viajes y $1.066.000 (¢596 millones) para almuerzos de trabajo.

Según los Estados Financieros Confidenciales que UNIVERSIDAD publicó, Soresco tenía presupuestados $1,4 millones para pagar un bono salarial extra a los 26 ejecutivos chinos aportados por la CNPC.

Todos estos gastos se pagaron con los aportes de capital que Recope y la CNPCI efectuaron a la empresa conjunta.

El 3 de julio del 2013, el Organismo de Investigación Judicial allanó las oficinas de Recope, de la empresa conjunta Soresco y de la Secretaría Técnica Nacional (Setena), en el marco de una investigación de la refinería.

Contraloría señala incongruencias
en proyecto de refinería china

Los estudios de mercado y la evaluación económica y financiera del proyecto para construir una refinería en conjunto con China presentan incongruencias y carecen de un apropiado análisis de riesgo.

Así lo revela el último informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) en abril de este año.

El estudio de la Contraloría DFOE-AE-IF-02-2014 analizó los requerimientos económicos y financieros que sustentan la etapa de preinversión del proyecto de modernización y ampliación de la refinería en Moín.

Entre sus conclusiones, los analistas de la Contraloría señalan que existen incongruencias metodológicas en los cálculos de rentabilidad del proyecto.

La Contraloría cuestiona el cálculo de rentabilidad del 16,28% que se argumenta en la evaluación financiera de la refinería elaborada por la firma China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQCEC), y señala que a la hora de calcular esa rentabilidad no se diferenció apropiadamente el impacto que producirían en el flujo de caja las diferentes etapas del proyecto.

El estudio de la Contraloría detectó, además, que el análisis de factibilidad realizado por la HQCEC careció de un análisis de riesgo propio de la industria de la refinación.

La carencia de este análisis de riesgo no permite establecer cuán probable es que la nueva refinería alcance la rentabilidad esperada por la volatilidad propia de la industria sobre el precio de los productos finales, la materia prima y los márgenes de refinación.

ESTUDIO DEFECTUOSO

Como parte de su análisis de factibilidad la firma HQCEC subcontrató, en 2010, el estudio de mercado a la compañía inglesa KBC Consultants pero, según los analistas de la Contraloría, el informe presentado omite información relevante sobre productos sustitutos alternativos a los refinados, elasticidades en el precio y datos sobre la regulación de los combustibles según el modelo de fijación tarifaria.

La CGR cuestiona también que el estudio de factibilidad realizado por HQCEC omite información sobre las fórmulas y procedimientos de cálculo utilizados para determinar los flujos de caja y para calcular la rentabilidad; “por ello, no es posible inferir que dicho estudio contenga un modelo financiero, sino únicamente un conjunto de cifras que no permiten sustentar o comprobar su razonabilidad”, señala el informe.

El documento señala también inconsistencias y errores en el análisis económico y financiero elaborado por la firma Worley Parsons y en el cálculo de la cuota de arrendamiento que Recope debería pagar si el proyecto de refinería con China avanza.

Por todas las incongruencias detectadas, la Contraloría señaló a la Junta Directiva de Recope que debe abstenerse de utilizarlos.

“No podemos precipitarnos con Soresco” SARA SALAZAR, Presidenta Ejecutiva de Recope

La presidenta ejecutiva de Recope, Sara Salazar, explica que la Junta Directiva debe analizar el contrato y la situación de Soresco antes de tomar una decisión acerca de la ejecución del proyecto. Espera tener listo un informe al cumplirse los primeros 100 días de la actual administración, en agosto.

¿Cuál es la política de la nueva administración con respecto a Soresco?

— La Junta Directiva apenas se constituyó y mañana (11 de junio) tendrá su primera reunión. Antes de eso, ninguna decisión puede ser tomada.  Dicho esto, la primera decisión debe ser nombrar los representantes ante Soresco. Una vez eso ocurra y que la empresa china defina sus representantes, ya Soresco puede actuar normalmente. Nosotros estaríamos pidiendo toda la información necesaria para control y conocimiento de la Junta Directiva nueva.

¿Cómo veía Soresco desde afuera de la institución?

— Antes era lo que veía en los medios, no puedo decirle más.

¿Y desde entonces?

— Desde el 8 de mayo para acá lo único que digo es que es una situación sumamente compleja y delicada donde no puede precipitarse nadie, ni la Presidenta Ejecutiva, ni la Junta Directiva, ni el Presidente puede precipitarse. Es muy delicado y tiene muchas aristas.

¿Cuáles aristas son las más críticas ahora con respecto a Soresco?

— Una arista importante son las relaciones internacionales de Costa Rica y China, que eso no lo podemos obviar. Luego lo meramente técnico, ver si la refinería técnicamente si es el mejor negocio, que sea rentable y deje utilidades al país. Que el país gane y tenga beneficios tangibles en el momento de si se decide construir.

Varios diputados han solicitado levantar la demanda presentada contra la Contraloría. ¿Es una posibilidad?

— En cualquier proyecto hay muchas posibilidades, desde las más extremas hasta este lado. Son incontables. Puede ser una posibilidad que habría que analizar, pero para tomar esa decisión habría que hacer ese análisis con la Junta Directiva. No podemos poner la carreta delante de los bueyes; uno tiene que conocer el proyecto y la situación para poder decir tenían razón o no tenían razón y decidir si retiramos o no la demanda.

¿El tema de Soresco estará incluído en el informe que presentará a los 100 días?

— Tiene que estar porque es un punto muy importante en el devenir. No es Soresco, es el tema de modernización de la refinería.

El dinero que aportó a Soresco le cuesta a Recope $249.000 dólares al mes. ¿Estos fondos provienen de bonos, según parece en la demanda?

— No es así. Recope ha dado contribuciones a Soresco por $50 millones, el tema es cuál es el costo financiero de esos $50 millones y se empieza a medir a partir del momento en que se da la orden de la Contraloría, el 20 de junio (de 2013) y se mide como un costo de oportunidad. Es decir, si no se hubiera tenido esos $50 millones en Soresco entonces cuál es el uso alternativo que podría darse a ese dinero. Este uso alternativo pudo haber sido utilizar esos recursos en otros proyectos de inversión de la empresa, proyectos que se han venido financiando con bonos. Entonces en el tanto no se continúe, lo que vamos a seguir teniendo es ese costo de oportunidad de tener unos recursos inmovilizados por la orden de la Contraloría en lugar de poder continuar.