«La reforma del poder judicial debe hacerse con la conciencia tranquila», expresó el Ministro de Justicia, José Miguel Villalobos.
Fernando Cruz criticó el exceso de verticalidad en el Poder Judicial.
El diagnóstico del poder judicial revela una necesidad de una mayor horizontalidad en su estructura, así como un mejoramiento en el acceso de la ciudadanía a la justicia, viéndola como un servicio público.
El tema fue discutido ampliamente por figuras de peso en el ámbito jurídico, político y académico y presenciado por un numeroso público en la mesa redonda «Reforma del Poder Judicial», que se llevó a cabo el 26 de agosto en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UCR.
El análisis del problema estructural del sector estuvo a cargo de Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); José Miguel Villalobos, Ministro de Justicia y Gracia; Fernando Cruz, juez de casación penal y profesor universitario; y Max Esquivel, Defensor Adjunto de los Habitantes.
La actividad fue moderada por Rafael González Ballar, decano de la Facultad de Derecho, quien resaltó la importancia de no politizar esta reforma, iniciada desde 1993, la cual también se analiza en el Colegio de Abogados, en las aulas universitarias y se intenta valorar desde lo interno a través de la Contraloría de Servicios recientemente inaugurada por ese Poder.
PINCELADAS
La hipertrofia y el exceso de verticalidad son las dos características que Fernando Cruz señaló en su diagnóstico. Criticó que se concentren varias funciones como la policía judicial, la defensa pública y la Sala Constitucional, lo cual es inconveniente en una estructura tan verticalizada.
Según Cruz, el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene una competencia muy limitada y es un órgano poco representativo, por ello los jueces tienen poca participación en el Gobierno y en las reformas que se requieren.
La posición de la Defensoría de los Habitantes sobre el tema se basó en la percepción de los usuarios sobre cómo funciona el sistema y la insatisfacción que muestran. Esquivel afirmó que como el Poder Judicial no es el único de los órganos que administra justicia, cualquier propuesta que no involucre al Ministerio de Seguridad, sería parcial, limitada y exigua.
Asimismo, enfatizó en las dificultades de los habitantes para recibir información sobre los procesos, las condiciones en el acceso a la justicia por parte de las comunidades indígenas y de las personas con discapacidad.
Por su parte el Ministro de Justicia se refirió a las propuestas que presentarán a la Asamblea en su plan de reforma constitucional, a la elección de magistrados y a la iniciativa tendiente a eliminar los suplentes en la Corte. «Estoy en contra de que el Ministerio Público y el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ) salgan de la Corte por la posibilidad de abusos que eso conllevaría y que pondría a los ciudadanos en gran riesgo. Hay que dar autonomía al Ministerio Público y fortalecer al OIJ», agregó.
Por su parte, el presidente de la CSJ, Luis Paulino Mora, señaló errores que se han cometido en los cambios aplicados hasta la fecha, pero destacó logros como la disminución de casos pendientes mediante el uso de nuevas tecnologías. Añadió que debe considerarse a la justicia como un servicio público de calidad y que hay una independencia económica que, aunque ahora los tiene en estrecheces, le ha permitido a ese poder desarrollarse.
