La cuenca baja del río Barranca pide clemencia ante el negocio de los tajos y su sobreexplotación, al tiempo que los cambios producidos por las empresas en su cauce atemorizan a la población por eventuales inundaciones.
En la cuenca baja del río Barranca y muy cerca de su desembocadura, es normal ver maquinaria que extrae materiales en sus riberas o dentro del cauce (foto: E. Ramírez).
El río Barranca en Puntarenas es, en lugar de una mina de oro, un filón de arena y piedra para las empresas que se dedican a extraer estos materiales en la parte baja de su cauce.
Esto lo hacen muy cerca de comunidades que se quejan porque lo sobreexplotan y eso podría provocar inundaciones en varias ciudadelas.
Mientras los pobladores piden que ante los escasos controles la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) no otorgue más concesiones, las autoridades competentes manifiestan que en el río hay suficiente material como para continuar extrayéndolo y sin que represente un peligro.
Además, alegan no estar en capacidad de negar las solicitudes de concesiones, si antes no cuentan con un estudio técnico sólido que demuestre que se afecta el cauce del río.
Por ello se planea elaborar un estudio que le permita a la DGM tomar una decisión con respecto a si se otorgan o no más concesiones para explotar ese cauce. La Secretaría Nacional Ambiental (SETENA) es la encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental exigidos para estas operaciones
.
Piedra, arena y grava son los materiales que pueden extraer siete concesionarios autorizados (ver recuadro) en la zona de conflicto, entre los que se encuentran las empresas Pocamar, Pedregal y La Rioja, cuyas vagonetas y tractores se pueden observar en los playones.
El canon que la DGM recibe por esta explotación son tres salarios base por cada kilómetro lineal, aunque también se dan casos de personas que extraen materiales ilegalmente.
Por otro lado, el problema endémico de las instituciones públicas de no disponer de los recursos para fiscalizar estas actividades, es una de las justificaciones que dieron algunos funcionarios entrevistados.
Las preocupaciones por las alteraciones en el cauce, ocasionadas por la extracción intensiva, llevó a pobladores agrupados en la Red Comunitaria de Barranca, a presentar un recurso de amparo el año pasado.
BIEN PÚBLICO
Los días en que mujeres y niños disfrutaban de las grandes pozas y la corriente arrulladora del Barranca, quedaron atrás. Ahora escuchan el ruido de la maquinaria pesada y se dedican a protegerse de las crecidas del río con diques.
Aura Jiménez, coordinadora de la Red Comunitaria de Barranca , expresó a UNIVERSIDAD que el río no es sólo algo recreativo, sino parte de sus vidas, por lo que han establecido alianzas para enfrentar las amenazas.
Afirmó que son alrededor de 10.000 habitantes de los barrios Juanito Mora, Los Angeles, Gloria Bejarano, Bonanza, y la calle Corazón de Jesús, las que serían perjudicadas en un eventual desbordamiento.
«Estamos donde termina el río y sufrimos las consecuencias de todo lo que se haga o lance en las partes de arriba, como la basura, uso de agroquímicos o animales muertos.
Las empresas concesionarias anulan la participación y uso que las comunidades deben tener sobre un bien que es de todos; cambian el curso del río a su antojo y cuando hay crecidas esto puede afectarlas en caso de desbordamiento», dijo.
Otra denuncia sobre los desvíos en la corriente, ocasionados por una de las empresas, fue documentada en un vídeo que mostraron a este Semanario, Marjorie Jiménez, profesora de la UCR (Sede del Pacífico), Pablo Chuken, de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Puntarenas y Marco Sibaja, miembro del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENA).
La comunidad ha emprendido acciones para defender sus derechos. Isaac Rojas, abogado que les asesora por parte del grupo ambientalista COECOCEIBA, comunicó que interpusieron un recurso de amparo el año pasado y este fue rechazado por aspectos técnicos; ahora redactan uno nuevo contra el MINAE.
En relación con las numerosas denuncias por extracción ilegal en horas que no pueden ser controladas, estas fueron confirmadas por Lidier Esquivel, director de Gestión en Desastres de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quien puntualizó que dichas denuncias las trasladan a la DGM.
El funcionario aseveró que recientemente la DGM pidió colaboración a la Fuerza Pública para intentar capturar a personas que extraen material ilegalmente; hasta ahora los esfuerzos de esa Dirección han sido poco efectivos para controlar esta práctica, agregó.
La geóloga de la DGM, Sirzabel Ruiz, aseguró que atienden todas las denuncias, y que si encuentran explotación ilegal, ella lo reporta al departamento legal, encargado de tramitar el caso ante los tribunales de justicia.
RIESGO DE INUNDACION
Respecto a los peligros que representan para la población ribereña las actividades de los tajos, el geólogo Esquivel de la CNE, destacó que se han consolidado precarios en zonas de alto riesgo de inundación. «Si hay extracción de materiales sin respetar las regulaciones y los límites establecidos, se aumenta el riesgo de inundación. Lo ideal es mantener el cauce lo más limpio posible y sacar el material sobrante».
Por su parte, la geóloga de la DGM, Sirzabel Ruiz, manifestó que la preocupación de la comunidad por la sobreexplotación es muy válida, pero no es el meollo del asunto.
Rechazó que una de las empresas haya deteriorado un dique construido para proteger a comunidades cercanas.
Para el Director de Gestión de Desastres de la CNE , no es recomendable que una población crezca a la sombra de un dique sujeto a la erosión y a la dinámica natural del río. «El mantenimiento o reconstrucción de un dique es muy caro, y en algunos casos la extracción de materiales contribuye a su deterioro».
Ruiz, entretanto, expuso que «el río tiene mucho material y no se está explotando uniformemente. La longitud puede ser de aproximadamente 50 kilómetros o un poco más, pero las concesiones están concentradas en la boca del río».
Según ella, el material hay que sacarlo porque es una manera de mantenerlo canalizado; de lo contrario, se llena mucho y es cuando puede ocasionar inundaciones. «No creo que al extraerlo se le haga daño». Recordó que en una gira el pasado 7 de noviembre observó que el río estaba crecido y la corriente había arrancado árboles, «lo cual también ayuda a que el río se rebalse con facilidad».
SETENA DIJO NO
Ante esta coyuntura, José Francisco Castro, director de la DGM, confirmó que los funcionarios a su cargo han hecho visitas constantes al sitio, y se han enfrentado a la explotación ilegal y a la sobreexplotación por parte de algunas empresas. «Hemos querido hacer un estudio para determinar si seguimos dando más concesiones pero el obstáculo es la falta de fondos».
Estas explotaciones se rigen por la Ley No. 6797 de 1982 y con la Ley No. 8246, recién en 2002, se reformó dicho Código y se estipuló que los concesionarios deben pagar tres salarios base por kilómetro de longitud. El salario base se fija en ¢136.600 para este año y las concesiones se dan por un plazo máximo de diez años, prorrogable hasta cinco años, según la ley.
Además de ese monto, deben pagar a la municipalidad un 30% del total que tributan mensualmente por impuesto de ventas.
Al consultársele cuántas empresas tienen concesiones en dicho sitio, dijo que era muy difícil dar esa información porque cada expediente tiene particularidades distintas en cuanto al pago de cánones, y el área para explotar (ver recuadro).
Con base en el caso de una de estas empresas, la SETENA emitió la resolución 658-96, del 21 noviembre de 1996, en la cual solicitó a la DGM «no autorizar futuras concesiones en el río Barranca, dada su inconveniencia económica y ambiental, al afectar obras de infraestructura nacional (puente sobre la carretera Interamericana), por considerar que desde el punto de vista ambiental esta cuenca ha sido sobreexplotada en la extracción de materiales, afectando la mecánica del cauce». Después de esto, Castro le pidió a la SETENA un estudio para poder respaldar su solicitud.
El jerarca dijo desconocer si después de 1996 se habían dado más concesiones; pero indicó que si lo hicieron, se consultó previamente a la SETENA.
Sirzabel Ruiz dijo que realiza un estudio sobre la cuenca, para determinar la cantidad de material que se está extrayendo y definir si se pueden dar más concesiones, aunque advirtió que en otras partes del río se podrían dar concesiones, y así evitar que se concentren en la zona en conflicto.
Mientras tanto, la recomendación de Esquivel es que se analice la extracción bajo un respaldo técnico sólido, manteniendo un equilibrio entre lo que se saca y se deposita.
Cabe mencionar que en 1996 un grupo integrado por especialistas de la SETENA, de la DGM, de Acueductos y Alcantarillado y de la UCR, recomendaron hacer una evaluación sobre las condiciones más apropiadas para aprovechar los materiales en la cuenca baja en forma racional, «sin afectar la protección de acuíferos, estabilidad de infraestructura vial y de los procesos hidrogeomorfológicos en la interfase río-litoral, para proteger la zona costera de Puntarenas». El documento por lo visto se quedó en las gavetas de la SETENA.
EVALUARAN LA DGM
En criterio del ambientalista Isaac Rojas, tanto en Geología y Minas como en la SETENA, hay muy pocos recursos para ejercer control y el Gobierno no se ha preocupado por asignarles más. También predomina una visión «extractivista» del recurso en la DGM, sin que eso quiera decir que no tengan una visión ambiental; pero, esto se debe a la formación de los funcionarios, acotó.
La Dirección de Geología y Minas es una instancia del MINAE no muy bien ponderada desde hace bastantes años, debido a los cuestionables controles que ha ejercido.
Por eso no es de extrañar que en marzo pasado en el «Informe de la Comisión Nacional del Agua» se pidiera al gobierno que dicha Dirección fuera intervenida. Esta comisión estudió la contaminación sufrida por el acueducto de San José a mediados de 2001, especialmente el manto acuífero bajo el Tajo Zamora, junto al río Virilla y de la empresa Pedregal.
Entre las recomendaciones que hizo esa comisión, estaba que «el MINAE deberá de intervenir la DGM por la forma desordenada, laxa, poco profesional, con que esa dirección ha tratado el asunto de los tajos en los últimos años».
Más recientemente, grupos ambientalistas como la Asociación Confraternidad Guanacasteca y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), han realizado gestiones para que el gobierno haga realidad esta intervención.
El gobierno tomó el 17 de julio una medida que puede ser interpretada como intermedia, ya que si bien no intervino la Dirección de Geología y Minas, mediante decreto creó la «Comisión de evaluación y diagnóstico de las actividades geológicas y mineras de la DGM».
Para ello se integró la comisión con personal técnico, legal y administrativo del MINAE, y de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, quienes deberán emitir en plazo máximo de seis meses un informe final, el cual servirá para tomar decisiones futuras.
El Director de la DGM negó que la comisión creada por decreto ejecutivo tuviera un carácter de intervención.
Independientemente de los factores que inciden para que los organismos del Estado no cumplan con su responsabilidad de controlar y velar por el correcto trabajo de las empresas concesionarias, la constante histórica indica que esta fiscalización es deficitaria y que las empresas actúan con cierta impunidad.
Esto fue comprobado por este Semanario, luego de una revisión somera de algunos expedientes que maneja la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de compañías extractoras en la zona de Barranca, como Pocamar y Pedregal.
Si bien se percibe que la SETENA realiza monitoreos con alguna periodicidad, lo cierto es que los problemas señalados por los técnicos en los informes de visita, se mencionan de nuevo en reportes subsiguientes, sin ser corregidos por las empresas muchos meses y hasta años después.
Un ejemplo de la lenidad con que actúan las instancias de control, se nota en los informes que deben rendir a la SETENA los encargados de la regencia ambiental de las empresas.
En el caso de Pocamar, el 20 de diciembre de 1999 esta compañía firmó un contrato con su regente, quien en la cláusula 5 se compromete a presentar informes cada tres meses a la SETENA. Sin embargo, un año después este organismo le recuerda a Peter Guevara -gerente general y hoy diputado libertario- que no han entregado ningún informe.
En una resolución del pasado 1 de noviembre (tres años después), la SETENA le reitera a la empresa Pocamar que los informes deben aportarlos cada tres meses y que el último lo entregaron el 13 de setiembre anterior. Además, la insta a cumplir con varias obras de mitigación en el área asignada.
Situaciones ambientales más graves se registraron en el 2000 con la Constructora Pedregal, la cual por esa razón fue obligada a suspender sus actividades por casi diez meses.
Esta concesionaria fue castigada por desviar el río, apilar materiales dentro del cauce, hacer cortes verticales, rebasar la profundidad de extracción (1.5 metros) y sobrepasar el volumen permitido de extracción.
Un monitoreo de la SETENA que llevó al cierre temporal de esta firma, encontró que durante un día de trabajo, su maquinaria extrajo cerca de 3.150 metros cúbicos de materiales, prácticamente la cantidad que se permite para todo un mes (3.600 metros cúbicos).
Estos excesos no son exclusivos de las concesionarias en referencia, pues ante los escasos controles de los entes fiscalizadores, las empresas actúan «a discreción» y con mentalidad mercantil.
LAS CONCESIONES
No. Concesión
Representante/Empresa
Extensión/ Detalles
630
Claudio Guevara Barahona, Pocamar S.A.
25 ha., desde 1973
48-85
José Manuel Sánchez
11 ha.
4-87
Jorge Luis Jiménez Sosa
2 ha.
2-88
José Manuel Sánchez
6 ha.
30-89
Claudio Guevara Barahona, Pocamar S.A.
20 ha.
7-90
Hacienda Cabezas / Pedregal
En 1997 se denunció explotación indiscriminada y se suspendió durante 1999.
59-94
(Suspendida)
José Manuel Sánchez
Suspendido el trámite, rechazo al Estudio de Impacto Ambiental.
2-96
Ingeniería La Rioja S.A., Manuel Antonio González Guevara
10 ha.
Temporales
-77 T-2001, 58 T-2002, 30 T-2002 y 31 T-2002, Concesiones temporales a Gerardo Solórzano, Gregory Michael Ruzicka (Two River Barranca) y dos a Carlos Chaves Gutiérrez.
Fuente: Departamento Registro, Dirección de Geología y Minas
FALLA BAJO LA CUENCA
Una falla tectónica local detectada desde 1970, es un factor que incrementa el riesgo de eventuales desastres sobre la cuenca baja del río Barranca, en donde las comunidades temen que la extracción excesiva de piedra y arena puedan originar inundaciones.
Según explicó el geólogo de la Red Sismológica Nacional (de la UCR), Mario Fernández Arce, esta falla corre casi paralela al cauce del río y estudios que se han hecho en la zona indican que pasa justo por donde se ubica el puente de la Carretera Interamericana.
De acuerdo con Fernández Arce, es una falla activa ubicada a una profundidad que no va más allá de los 15 kilómetros, lo cual desde un punto de vista geológico, es considerado como superficial.
Se calcula que esta se desplaza desde San Ramón de Alajuela, corre cercana al Barranca y sale al mar en un punto entre la desembocadura de este río y la ciudad de Puntarenas.
Estudios recientes proporcionaron indicios de que esta falla termina en la zona donde interactúan las placas tectónicas continentales Cocos y Caribe, y que por lo tanto, es muy probable que esta haya causado el terremoto de Cóbano, en 1986.
Con una longitud de casi 60 kilómetros, esta falla local podría originar sismos fuertes en cualquier momento, aseguró el Director de la Red.
Fernández dijo que no podía afirmar que existiera una relación directa entre la falla y la posibilidad de que la extracción excesiva en los tajos aumentara el peligro de sismicidad; sin embargo, comentó que en los terrenos de los tajos con frecuencia se hacen cortes muy verticales y cercanos a los cauces, lo cual en caso de un fuerte sismo puede traducirse en caída de materiales al río, un posterior taponamiento, y la amenaza de una avalancha sobre las poblaciones ribereñas.
Por otro lado, advirtió que si hay una extracción descontrolada en las áreas cercanas al puente de la Interamericana y las capas del terreno sobre las que están ancladas las bases no son estables, en caso de una fuerte correntada o de un sismo, podría afectarse con más facilidad su estructura.
