Al ingeniero José Luis Salas, director ejecutivo del Consejo Nacional de Concesiones (CONAVI), le cuestionaron en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa el abandono en que están algunos tramos de la discutida Ruta 1856, en la frontera con Nicaragua, y si va a volver a contratar empresas que están siendo investigadas por presuntas irregularidades en los cobros por trabajos en esa carretera.

En la ruta –llamada trocha fronteriza-  de 160 km y en los caminos de acceso a ella que se repararon ya se han pagado ¢22.000 millones, y hay ¢2.400 millones en facturas pendientes de pago más ¢15.000 millones en cobro. Lo que falta para terminar la obra serían otros ¢30.000 millones (para un costo total de ¢67.000 millones), según las cifras que aportó Salas durante su comparecencia el pasado de 30 de octubre.

Para lo que falta, el CONAVI cuenta con ¢16.500 millones que le depositó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), por lo que tendría que buscar financiamiento para el resto. Mientras tanto, espera que el Ministerio de Hacienda le incluya un presupuesto extraordinario de ¢16.000 millones para reponer lo dejado de hacer con los recursos utilizados por el CONAVI en la obra fronteriza, informó Salas.

El diputado Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana) le reclamó que hay tramos de la ruta abandonados, donde la inversión se está perdiendo, esto a pesar de que el funcionario se comprometió a darle mantenimiento al asumir como director del CONAVI en mayo pasado.

El legislador le presentó fotografías tomadas en una gira realizada el fin de semana antepasado, en las que se aprecia cómo se ha lavado el lastre, crece la hierba, se han formado pozos de agua o han destruido puentes en sectores de la vía, y hay alcantarillas y contenedores abandonados a la orilla del camino. Esto como parte de los contenedores de segunda mano que el CONAVI compró, a $7.000 (¢3,5 millones) cada uno, para improvisar con ellos puentes y alcantarillas que no duraron.

Este es uno de los presuntos despilfarros y actos de corrupción de los funcionarios y empresas involucrados en este proyecto estrella de la administración de la presidenta Laura Chinchilla, y que están siendo investigados en la comisión legislativa, así como en la Contraloría General de la República y el Ministerio Público (Fiscalía).

Salas se sacudió diciendo que hay que recordar que la carretera está en etapa de construcción, y que se ha seguido haciendo trabajos de “relastreo” con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mientras se reciben ofertas de empresas para labores de mitigación y mantenimiento en la vía. Por otro lado, está por publicarse un cartel de licitación para contratar el diseño y la construcción y otro para la supervisión de la obra, la cual se ha dividido en cinco secciones y se espera tener concluida en el 2014.

Cabe recordar que según han reconocido los propios responsables del proyecto que han acudido ante la comisión, la obra se realizó sin planos ni diseños, lo que justificaron por la urgencia que había supuestamente de habilitar una vía que permitiera la comunicación terrestre de las poblaciones y de la policía destacada en la frontera, tras la amenaza a la soberanía nacional que significó la invasión de la fronteriza isla Calero por parte del ejército nicaragüense en octubre del 2010.

La vía “no está concluida, le falta inversión, alcantarillas, cunetas, estabilización de taludes,  tenemos que rediseñar pendientes, curvas y contracurvas, hay que hacer un diseño de una carretera. Estamos trabajando para ponerla en el tono que venimos y esperamos que en el 2014 o más allá sea una carretera que podemos recorrer a 60 km por hora con toda tranquilidad, desde Los Chiles hasta Delta Costa Rica”, dijo Salas.

La presidenta de la comisión, Patricia Pérez (Partido Movimiento Libertario),  le discutió al director de CONAVI que se siga contratando a empresas que son investigadas por presuntas anomalías cometidas en la trocha, y habrían presentado facturas falsas según advierte un informe de la auditoría interna presentado al Consejo Directivo del CONAVI.

Salas adujo que debe respetar el debido proceso, pues no se puede excluir a una empresa mientras no haya resolución judicial que la condene (ver recuadro “Sentido común”).

Pérez cuestionó de dónde sale el costo de la obra, que ronda los ¢67.000 millones, incluidos ¢22.000 que ya se pagaron,¢ 2.400 en facturas por pagar, ¢13.000 en reclamos, y ¢30.000 que faltan para completar la obra, de los cuales el CONAVI cuenta con ¢16.500 millones donados por la CNE.

Igual que otros funcionarios que han comparecido, Salas justificó el costo diciendo que diversos informes técnicos han dicho que el costo es razonable. Uno de esos informes es el presentado por la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería  S.A. (CACISA), que supervisó la obra entre enero y mayo de este año.

El diputado Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) ha cuestionado el informe de CACISA, entre otras razones porque dice que él es de la zona y la conoce muy bien, y CACISA incluyó trabajos supuestamente hechos en tramos de carretera donde no se hizo obra alguna.

Al respecto, Pérez dijo que “la verdad es que no hemos tenido un informe de auditoría. El LANAMME (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, de la Universidad de Costa Rica) llegó nada más a un  informe de auditoría técnica, no de auditoría financiera. Vamos a traer la próxima semana a CACISA, que es la única que ha hecho aproximaciones del valor real de esta obra, y vamos a cuestionarles precisamente los precios”.

Sentido común

La diputada Patricia Pérez dijo que aunque aún no está resuelta la investigación, “usted (José Luis Salas) tiene un informe de la auditoría interna donde le dicen que hay empresas que alteraron la documentación sobre la maquinaria que tenían trabajando. ¿No cree como funcionario público que el deber de probidad se impone, y al menos debía tener un poco de cautela al traer esas empresas para que puedan terminar las obras?, inquirió.

“Es un tema constitucional y eso lo debo saber yo como funcionario público”, insistió Salas al ampararse en el debido proceso.

No obstante, la diputada remarcó que el funcionario debe considerar también el deber de probidad, que significa ir adelante y evitar un riesgo. “Es tener sentido común, y cuando los funcionarios públicos adolecen de esta parte tan fundamental, pues la verdad, entro en pánico y voy a reiterarlo (este punto de vista).

“Don Francisco Jiménez (exministro del MOPT) puede estar contento, tiene una pieza en el CONAVI y se llama José Luis Salas”, añadió seguidamente Pérez.

Esto después que la diputada le preguntara a Salas si veía a Jiménez como parte de la estructura paralela que manejó el proyecto en el CONAVI, toda vez que Jiménez ordenó empezar los trabajos en diciembre del 2010, mientras el entonces director del CONAVI, Carlos Acosta, se hallaba en vacaciones.

Salas reconoció que es amigo de Jiménez y que este lo llevó al CONAVI, pero negó que sea ficha de Jiménez, lo que le preguntó Pérez.

Salas dijo que no ve al exministro como parte de la llamada estructura paralela que manejó el proyecto de la trocha, porque en el protocolo de la unidad ejecutora de la obra Jiménez no aparece firmando los documentos. Los que firman son solo el ingeniero Manuel Serrano (director del proyecto), Miguel Francisco Ramírez (inspector) y Carlos Acosta.

Adujo que su trabajo es técnico y no político, y lo que ve es que hay tres personas relacionadas directamente, que son las que aparecen firmando y asegurando que los pagos que se realizaron son del trabajo que se estaba haciendo. Si hay otras responsabilidades más allá de eso, les tocará a los tribunales determinarlo.