En la televisión digital, con el sistema japonés-brasileño ISDB-Tb, se codifican las señales de forma binaria, y se habilita la posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos. (Foto: Katya Alvarado)

No hay voluntad política para incluir el enfoque social en el seno de la Comisión Mixta de Televisión Digital, denunció la representante del Consejo Nacional de Rectores  (CONARE) y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, Guiselle Boza, periodista y abogada.

Mostró preocupación por la actitud restrictiva de la Comisión, ante los insistentes planteamientos de la Universidad de Costa Rica  (UCR) para incluir este y otros temas en la discusión que actualmente discurre en el país, sobre la transición a la televisión digital.

El pugilato se remonta al  2009, cuando el Gobierno creó la Comisión Mixta de Televisión Digital, con el objetivo de analizar un estándar aplicable al país y las implicaciones tecnológicas, industriales, comerciales y sociales de transición.

La comisión estuvo integrada por el Viceministerio de Telecomunicaciones, que la preside; la Cámara de Infocomunicación; la Cámara Costarricense de Tecnología de Información y Comunicación (CAMTIC); la Universidad Veritas; y un representante de las instituciones de educación superior estatal (CONARE).

En esa oportunidad, la Rectoría y el Consejo Universitario de la UCR exigieron su participación, así como de los sectores sociales, en cualquier instancia de discusión sobre el tema, tras argumentar que se trataba de un bien público y, por lo tanto, que era necesaria su discusión pública bajo la premisa del derecho a la comunicación.

Así, mediante una ampliación del decreto ejecutivo, en el 2010 el Gobierno accedió a incorporar a la UCR en la comisión.

Sin embargo, para Boza, desde entonces la UCR ha tenido un fuerte pulso con las autoridades de gobierno, por la incorporación en la discusión del tema social, más allá de lo estrictamente tecnológico.

“Desde un inicio se planteó que este proceso no estaba siendo abordado desde una perspectiva del derecho a la comunicación, sino como una simple innovación tecnológica,  lo que implica necesariamente que se dejen de lado aspectos medulares”, mencionó Boza.

Entre estos aspectos importantes, alertó que actualmente la discusión está dejando por fuera temas cruciales para la sociedad, tales como la posibilidad de contar con más actores en el escenario mediático nacional, de estimular contenidos de producción local, la visibilidad de otras realidades y voces, y de promover la diversidad cultural e ideológica en el país.

Según datos de la UCR, actualmente un 72 % de las frecuencias están dedicadas a servicios privados.

REPLANTEAR ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

El tema de la transición de la televisión analógica actual a la televisión digital −prevista para el 2017− roza,  en opinión de Boza, una discusión necesaria sobre la concesión de las frecuencias y del uso del espectro radioeléctrico.

Las concesiones de radio y televisión fueron adjudicadas a un plazo de 20 años, prorrogable por otro tiempo igual, en razón del Reglamento de radiocomunicaciones del 2004.  

Los canales de radio y televisión, públicos y privados, ya tienen asignado su lugar y el uso de estas en la programación actual. Según los expertos, en el modelo analógico ya no hay espacio para nadie más. 

Por otro lado, el aprovechamiento de la radiodifusión (radio y televisión) está establecido  como una actividad privada de interés público, según la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642, y los servicios  de estos “son de libre acceso”.

“La Universidad no se opone a que existan medios comerciales; lo que está es manifestando su preocupación y tratando de incidir en el proceso de discusión, para volver los ojos hacia un modelo que reequilibre esta modalidad planteada, un modelo donde exista mucho más rentabilidad social, más plurales y más participativos, sobre todo desde las sociedades locales, y esto no ha sido considerado”, afirmó.

Boza también externó su preocupación porque la comisión −a pesar de haber logrado entrar a ella− “está siendo muy restrictiva y mantiene la misma línea; es decir, que el enfoque social de derechos, la posibilidad de hablar sobre cómo están distribuidas las frecuencias en el país, la posibilidad de hablar sobre políticas de contenido, la posibilidad de cuestionar incluso el escenario mediático de la televisión en el país,  no está siendo atendida por los distintos representantes que hay allí, excepto por la UCR”.

“Tenemos otra preocupación: ellos quieren ampliar el decreto, incorporar en la comisión una nueva cámara, donde toda la discusión se está planteando desde la perspectiva de los operadores; lo que se pretende únicamente es atender el proceso de migración, visto desde el punto de vista de los operadores. Y los que reciben la señal, son vistos únicamente como consumidores”, reprochó.

Por su parte, un oficio de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa de Costa Rica (Red MICA) hizo eco de esta preocupación en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

En el documento, alertan de “la exclusión” de la sociedad civil en la discusión y señalaron que las decisiones tomadas en el proceso de digitalización de la televisión “tendrán profundas implicaciones en la redistribución del espectro de frecuencias y en la atención de los intereses públicos y privados involucrados”.

Además, denunciaron la ausencia en Costa Rica de un marco jurídico “que permita radios y canales comunitarios”.

Mientras tanto, un informe (DFOE-IFR-IF-6- 2012) de la Contraloría General de la República alertó sobre  “la falta de liderazgo en la gestión del espectro, por parte del Ministro del MINAET como Rector del Sector Telecomunicaciones; ineficaz coordinación y colaboración MINAET-SUTEL; un Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) que requiere ajustes, no se han definido y atendido los cambios requeridos y carencia de un plan para ejecutar dichos ajustes; y de procedimientos y plazos para su debida revisión y actualización”. 

 No fue posible obtener al cierre de esta edición (lunes 11), una respuesta del presidente de la Comisión Mixta.

“Nosotros sabemos que la tecnología posibilita una serie de servicios; la televisión digital permite un uso más eficiente del espectro (dividendo digital), pero buscamos  un modelo donde el Estado tenga claridad hacia dónde ir, que haga reserva del espectro para medios y canales que tengan un valor social; por ejemplo, plantearse desarrollar en CR una buena televisión educativa o la posibilidad de tener una red de radios culturales de servicio público, estímulo a productores independientes, la posibilidad de que los músicos locales tengan cuotas de participación, televisión interactiva de acceso para todos”, afirmó Boza.

“Debemos aprovechar los beneficios de este adelanto tecnológico y no limitarlo a un asunto técnico de mejor calidad de imagen y sonido, pues si no como país no ganamos nada”, aseveró.

De analógico a digital

La televisión tradicional en uso actual es el sistema NTSC, que codifica los datos de manera analógica. En la televisión digital, con el sistema japonés-brasileño ISDB-Tb, se codifican las señales de forma binaria, y se habilita la posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos.

El profesor de producción audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Costa Rica, Aaron Mesén, enumeró los beneficios de la televisión digital en cinco áreas.

-El video trae audio y sonido de altísima calidad.

-EPG −guía electrónica de programación−. Se puede manipular la programación a gusto y  la identifica cuando aparece. Esto dependerá de las características del aparato que se compre en el mercado.

-Multiprogramación. Se puede transmitir simultáneamente varias señales. Eso implica un cambio total de la tecnología.

-Permite aplicaciones interactivas, que pueden ser con conexión a Internet o sin ella. Se puede ver un documental y recibir información complementaria, participar en  encuestas o videojuegos.