El mandatario Óscar Arias deberá resolver en los próximos días si se mantiene el despido de dos sindicalistas del INS.
El secretario general de la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), Luis Salas Sarkís, y la secretaria de la mujer, Alicia Vargas Obando, agotarán la vías políticas y judiciales nacionales, e incluso recurrirán a instancias internacionales, si la entidad donde laboraban hasta hace pocos meses no revierte el despido de que fueron objeto.
Así lo hizo ver a este Semanario Salas Sarkís el pasado 26 de febrero, cuando se aprestaba a participar en una manifestación de protesta y solidaridad con los despedidos, frente a la Casa Presidencial el viernes 27, actividad que contó con el apoyo de otras organizaciones sindicales.
Según informó el dirigente el lunes 2 de marzo, el viernes se reunieron con el viceministro de la Presidencia –Roberto Thompson-, el ministro de Trabajo –Francisco Morales-, y la secretaria del Consejo de Gobierno –Maristella Vaccari-, pero ellos dijeron que no podían hacer nada y los remitieron a una cita con el mandatario Óscar Arias, para que él decida. La fecha en que se reunirán está por definirse.
Para el sindicalista, los despidos obedecen a persecución política, en razón de la lucha que dieron contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y por ende contra la privatización del INS, así como por denuncias de posible corrupción que hicieron a lo interno de dicha institución.
El proceso laboral contra Salas y Vargas se remonta al 2004 y 2005, cuando esta última hizo varios viajes a Nicaragua supuestamente para recabar información de interés para la UPINS. Sin embargo, dos exdirigentes de esta organización la denunciaron tras alegar que ella viajó por asuntos personales.
Fue a raíz de esta denuncia que la Administración del INS creó un órgano director destinado a seguirles un procedimiento administrativo, el cual culminó a principios de octubre pasado con la recomendación de despido para ambos, sin ninguna responsabilidad patronal.
La investigación concluyó que el permiso de horas sindicales se utilizó para fines personales, ajenos al interés sindical o institucional.
Es por eso que la jefa de Recursos Humanos del INS –Alejandra Garrete- negó que hubiera persecución política y aseguró que el despido se hizo con causa justa, razón por la cual los funcionarios pierden el derecho a los beneficios de la cesantía (diario La Nación, 31-10-08).
Salas presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional -el cual fue rechazado- y su despido se concretó el pasado 30 de enero.
AGOTARÁN VÍAS
A pesar de su despido, el dirigente –quien tenía 28 años de laborar para el INS- puede continuar como secretario general de la UPINS y desde allí luchará –junto con Vargas- para que se les reinstale en sus antiguos puestos.
Salas defiende el alegato que han hecho, de que los viajes de Vargas fueron con propósitos sindicales, y por lo tanto, el despido fue ilegal.
Explicó que recogieron pruebas documentales con sindicatos de Nicaragua que les ayudaron a defender su tesis, pero estas no fueron tomadas en cuenta por el órgano administrativo investigador, que en su criterio irrespetó el debido proceso.
Al respecto, Salas cuestionó que este tipo de instancia adolece del defecto de que está integrado por personas que nombra el patrono, y por eso no son independientes.
Luego de que el órgano director del proceso recomendó el despido, la decisión pasó a manos de una junta asesora con integración bipartita (institución-sindicato) y al resultar dividida la resolución que pedía despedirlos, la decisión pasaba al gerente general de la entidad. No obstante, esta persona tuvo que inhibirse, pues enfrentaba acusaciones de la UPINS.
Por lo anterior, el caso pasó a manos de la Junta Directiva del INS y su recomendación de despido fue apelada por Vargas y Salas, razón por la cual debería resolver entonces la instancia superior: el Consejo de Gobierno, que ahora pasó la responsabilidad de decidir al mandatario Arias.
De acuerdo con Salas, aún no está definida la fecha de esta reunión, pero continuarán sus gestiones para que se eche atrás en el despido.
En caso de que esto no se logre, recurrirán a los mecanismos judiciales del país, y no descarta denunciar al Gobierno ante la Defensoría de los Habitantes, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
