¿Para qué sirve la costosa burocracia supervisora si no detecta a tiempo los riesgos de las entidades financieras? ¿Intervienen a las entidades financieras en problemas a tiempo para que los ahorrantes e inversionistas pongan a buen recaudo su patrimonio?
Ese amargo reclamo se ha escuchado reiteradas veces en medios y redes sociales en boca de muchos de los miles de socios y ahorrantes que se vieron afectados con la intervención y cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopemex hace cuatro años, y el reciente caso de la intervención de Coopeaserrí.
Javier Cascante, superintendente de entidades financieras (Sugef), se sacudió ante la crítica señalando las medidas de control previstas por la ley, advirtiendo a la vez los límites de su función.
No es posible prevenir totalmente los fraudes en las empresas reguladas, pues “tendríamos que estar nosotros metidos en las entidades haciendo la contabilidad a los bancos, cosa que escapa a la función del supervisor”, afirmó (ver recuadro).
REPETICIÓN
Coopemex fue intervenida en febrero de 2010 por ocultar información de morosidad y por una caída abrupta de suficiencia patrimonial en al menos ¢5.500 millones. En el 2011 se ordenó su desinscripción como entidad autorizada en el mercado financiero.
La clausura de Coopemex, la tercera cooperativa de ahorro y crédito del país, dejó hasta el día de hoy a miles de asociados esperando la devolución de sus ahorros.
Una situación similar padecen los asociados de la Cooperativa Aserriseña de Ahorro y Crédito (Cooperaserrí R.L.), que fue intervenida a inicios de este año por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) tras denuncias de supuestas pérdidas por más de ¢4.800 millones e insolvencia debido mala administración.
En febrero pasado, la Sugef denunció penalmente al gerente Erik Morales, por los delitos de peculado y administración fraudulenta, acusación que luego se amplió al subgerente Stiff Ordóñez y otros funcionarios de la cooperativa.
El caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, donde se encuentra en investigación “preparatoria” (expediente 15-000008-0618-PE), la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas.
Actualmente, las personas imputadas cumplen con las medidas cautelares de impedimento de salida del país, entregar el pasaporte, no acercarse a testigos e impedimento para acercarse a la cooperativa, según informó la Fiscalía.
Morales y Ordoñez tienen inscrita una empresa en la que figuran como gerente y subgerente, respectivamente. Se trata de una sociedad de responsabilidad limitada que posee dos vehículos y un terreno de 764 m2 en Tarbaca de Aserrí, con hipoteca de Coopeaserrí por ¢16 millones.
Personalmente, Morales no tiene bienes inscritos, mientras que Ordoñez sí posee un vehículo valorado en ¢6,1 millones y cinco lotes en Tarbaca y Aserrí centro.
Una de las propiedades de Ordoñez es un lote de 520 m2 en Tarbaca, también con hipoteca de Coopeaserrí por ¢9 millones.
Sobre la actual situación, el interventor Johnny Salazar informó que un mes antes de que finalice el proceso de intervención, el próximo 20 de diciembre, Conassif deberá decidir, previa consulta a los interventores designados, si permite a Coopeaserrí continuar con sus operaciones, o si solicita al juez competente la liquidación o quiebra.
¿Qué hay de cierto acerca de que la suma que se necesitaría para salvar la cooperativa es mayor que la que originalmente se mencionó?
La respuesta del interventor, enviada por correo electrónico, se limitó a indicar que “en marzo 2015 la Interventoría presentó a la Asamblea de Delegados una propuesta de capitalización de la Cooperativa; sin embargo, los delegados decidieron no capitalizar la entidad, que era la única opción de viabilidad financiera que tenía Coopeaserrí R.L.”.
“La supervisión no da para tanto”
Al superintendente Javier Cascante se le consultó si es verdad que Coopeaserrí venía reportando una reserva de liquidez que no poseía –y que en el caso de la cooperativa debía sería de unos ¢600 millones- y si es verdad que no existe un control cruzado con el Banco Central que permita detectar ese tipo de anomalías.
Cascante dijo que no podía referirse al caso concreto porque eso se está dirimiendo en las instancias judiciales, y en el proceso de intervención hay toda una serie de denuncias sobre las que debe mantener reserva para no entorpecer la investigación.
Eso sí dejó claro que la supervisión que su oficina realiza se basa en información que las entidades financieras envían a la Superintendencia.
“Los supervisores no podemos estar en todas las entidades financieras verificando que la información que nos están enviando todas las semanas es una información correcta. Eso implicaría que la Sugef tuviera no sé cuántos empleados”.
Añadió que aquí hay principios de buena fe, hay auditorías externas e internas que tienen que velar para que las entidades tengan sus buenos marcos de gobierno corporativo y envíen información adecuada.
“Uno descansa en eso y nuestras visitas periódicas a las entidades lo que permiten es hacer un contraste a esos temas.”
Enfatizó que un fraude cuesta mucho poderlo prever, es como si un banquero pudiera saber que un cajero que está abajo no va a hacer un fraude. Es hasta que se materializa eso que se da cuenta.
“Lamentablemente la supervisión no da para tanto. Tendríamos que estar nosotros metidos en las entidades haciendo la contabilidad a los bancos, cosa que escapa a la función del supervisor”, manifestó Cascante.
En el caso de Coopeaserrí, dijo que la cooperativa no envió a la Sugef ni al Banco Central comunicación alguna en la que informara sobre el uso de los fondos de la reserva de liquidez que deben tener las entidades de su tipo en los términos previstos en la regulación.
La entidad remitió el dictamen a la Superintendencia indicando el cumplimiento del requerimiento; sin embargo, ese hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para que se realice las investigaciones del caso y se establezcan las responsabilidades correspondientes, indicó.
¿Qué responsabilidad tiene la Sugef con la supervisión de Coopeaserrí?
-La Superintendencia actuó de conformidad con las potestades que le establece la Ley. Inmediatamente que determinó irregularidades y que se cumplió con alguno de los supuestos que la Ley establece para intervención de la entidad, puso en conocimiento del Conassif la información y ese mismo día dicho ente procedió a dictar la intervención de la Cooperativa.
Adicionalmente, la Superintendencia efectuó las denuncias respectivas ante el Ministerio Público, a fin de que las irregularidades detectadas sean investigadas como corresponde.
Debe enfatizarse que en los casos en que se presente una administración fraudulenta e ilícita de una entidad supervisada, el mismo ordenamiento jurídico ha previsto las acciones a tomarse, dentro de las cuales se encuentra la intervención de la entidad.
¿Qué medidas se han tomado para evitar que se repita una situación similar a la de Coopeaserrí?
-La regulación y supervisión del Sistema Financiero siempre está sometida a procesos de mejora. Desde hace más de un año, las Superintendencias trabajan en robustecer las normativas de gobierno corporativo y administración de los diferentes riesgos, porque se considera que las génesis de los problemas en las entidades empiezan por esos aspectos fundamentales para gestionar una entidad con sanas prácticas de administración.
Es prácticamente imposible para cualquier Superintendencia detectar mecanismos paralelos de información financiera, como los descubiertos en Coopeaserrí R.L., los cuales se implementaron para presentar ante este Órgano de Supervisión, a los asociados y a terceros en general, datos que hacían ver a una entidad cooperativa saludable financieramente.
Reserva de liquidez
Según las regulaciones de política monetaria, las cooperativas de ahorro y préstamo no están sujetas al encaje mínimo legal que deben mantener las entidades financieras en el Banco Central, igual al 15% de la captación, pero sí deben mantener una reserva de liquidez por el mismo porcentaje.
Dicha reserva solo se puede emplear para hacer frente a problemas temporales de liquidez, previa comunicación a la Junta Directiva del Banco Central y a la Sugef, y el empleo de dichos recursos no podrá exceder los tres meses y podrán utilizarse por una única vez durante cada año calendario.
Fuente: Sugef
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