Tribunal Ambiental investiga legalidad en corta de árboles vedados en trocha fronteriza

Árboles de almendro, cuya tala está prohibida por ley, se encuentran derribados y cortados a lo largo de la ruta 1856. (Foto: Informe TAA)El

Árboles de almendro, cuya tala está prohibida por ley, se encuentran derribados y cortados a lo largo de la ruta 1856. (Foto: Informe TAA)

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) investiga si el decreto de emergencia que se aplicó para la construcción de la trocha fronteriza 1856 permitía la tala de especies de árboles vedados como el almendro amarillo.

Así lo confirmó el presidente del TAA, José Lino Chaves, quien en una entrevista con UNIVERSIDAD comentó los hallazgos de la visita que realizaron los técnicos del tribunal, para verificar daños ambientales en esta vía fronteriza.

El informe del TAA da cuenta de la tala de especies de árboles vedados por ley, destrucción de zonas aledañas a la trocha, afectación a humedales y problemas de sedimentación en los cauces cercanos a esta carretera que deben ser corregidos.

El TAA dio diez días hábiles al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a otras entidades involucradas para que presenten un plan de reparación y mitigación del daño.

AMBIENTE PERJUDICADO

José Lino Chaves detalló que la inspección, llevada a cabo por el TAA durante los días 27, 28 y 29 de julio, se realizó de oficio, pues hasta el momento no hay una denuncia presentada por ninguna persona en el tema de la trocha.

“En el recorrido, se ubicó extracción de materiales, afectación de bosques producto de la apertura de la trocha y una ampliación que los ingenieros del tribunal consideran innecesaria e injustificada, de terrenos aledaños a la misma”, comentó Chaves.

Según Chavea, uno de los temas que preocupó al TAA fue encontrar fincas que cambiaron el uso de suelo, en una zona que por ley es reserva natural del Estado y, por tanto, es un bien inalienable, situación que no es nueva y se estaba produciendo antes de la construcción de la carretera.

El recorrido puso en evidencia que varias zonas de humedales se vieron seriamente afectados por la tala de los árboles y la vegetación que los protegían, así como por la construcción de canales que drenaron las aguas.

Se desviaron algunos cursos de agua para la construcción de puentes (con contenedores y con madera de almendro, de acuerdo con el informe), modificando también las áreas de protección de estos cuerpos de agua.

“Importante hacer referencia en diferentes lugares y donde al parecer existen cuerpos de agua, cuya naturaleza se desconoce y que han sido entubados, empalizados o se ha realizado algún trabajo, como en las posibles áreas de protección se ha depositado materiales presentando surcos, grietas enormes o cárcavas y se está desplazando hacia los posibles cuerpos de agua, lo anterior al no existir obras de conservación de suelos y ángulos de reposo definidos”, dice el documento.

Chaves comentó que por no ser de jurisdicción del TAA, no se analizó a profundidad si había afectación en el río San Juan de Nicaragua, pero sí se encontró sedimentación y caída de materiales sólidos hacia los cauces en suelo nacional.

PRECARISTAS

En el recorrido del Tribunal Ambiental, también se hallaron construcciones de costarricenses y nicaragüenses que pretenden asentarse en la franja que quedó entre la carretera y el río San Juan.

El informe detalla que durante el recorrido se encontró en los ranchos a dos sujetos que se identificaron como vecinos de Santa Rosa de Pocosol, quienes afirmaron haber sido contratado por “un señor” para cuidar esas construcciones a cambio de comida. Los sujetos negaron que la corta de árboles, las quemas y la siembra de productos como plátano, yuca, maíz y frijol la hicieran ellos. “Se apreciaron otras pequeñas construcciones al parecer donde en el pasado reciente tenían encerrados cerdos y gallinas. El rancho se ubica a unos 30 metros del cauce del Río San Juan”, señala el documento.

El recorrido también puso en evidencia la contaminación que se produjo durante la construcción de la carretera, como sucedió en una de las zonas de extracción de materiales. Allí, se hallaron los desechos de filtros de aceite de los camiones que trabajaron en esas labores.

ÁRBOLES PROHIBIDOS

Uno de los principales aspectos que deberá investigar el TAA es si el decreto de emergencia con que se facilitaron los recursos y se eximió de trámites la construcción de la carretera, también facultaba a talar especies vedadas.

El informe está lleno de reporte sobre hallazgos de árboles de almendro y otras especies protegidas que se encontraron cortadas, incluso con tamaños adecuados para su comercialización.

“Se encontró la corta y aprovechamiento de 6 árboles de almendro y uno de la especie Tabebuia ochraceae (corteza amarilla) totalmente fuera de los límites de la trocha; en estos, realizaron un camino forestal para extraer la madera, además causaron un fuerte impacto al bosque, por el método rústico de extracción y sin una caída dirigida de los árboles cortados; el arrastre se realizó con equipo pesado”, señala el documento.

Sobre este punto, el abogado ambientalista Álvaro Sagot comentó que un decreto de emergencia es un estado de excepción, con el que prácticamente se puede pasar por encima a cualquier norma o trámite.

Sin embargo, en su criterio, el pasar por encima a una veda de especies protegidas debería estar bien justificado en el decreto, y contar con los estudios que respalden ese estado de excepción.

“Debería estar justificada, que se diga ‘se justifica el levantamiento de la veda de los arboles tales por tal y tal estudio’, para que uno entendiera que hay una previsión”, aseguró Sagot.

Para el abogado, es claro que el Estado buscó la protección de estas especies por una razón en particular, por lo que desatender este objetivo no debería ser un asunto que se tome a la ligera.

PRONTA MITIGACIÓN

El presidente del TAA indicó que tras, la inspección y el informe, se ordenó al CONAVI, a la Comisión Nacional de Emergencias, al SINAC, a la Dirección de Aguas,  y Geología y Minas que realicen un plan de mitigación y remediación de las zonas afectadas.

Para esto, las entidades tendrán que conformar una comisión y realizar los estudios técnicos respectivos, que permita atender los daños a la mayor brevedad posible.

“Este plan tiene que ser absolutamente inmediato; se le dio un plazo —que ya está corriendo— de 10 días por la Ley de Administración Pública. Ese fue el tiempo que dimos de ese cronograma de actividades para que sea aprobado por el tribunal”, declaró Chaves.

También, se ordenó al SINAC que disponga de 20 funcionarios, para que conformen una comisión técnica y hagan un inventario del daño a lo largo de toda la construcción.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de algún representante del Sistema de Áreas de Conservación (SINAC), pero al cierre de esta edición no hubo respuesta a la consulta canalizada por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Ambiente.

José Lino Chaves aseveró que el daño encontrado corresponde a cerca de 34 hectáreas del terreno inspeccionado, pero descartó que sea la situación ambiental más grave que tenga el país en la actualidad.

“Lo fundamental es que estamos a tiempo para realizar las acciones de mitigación en esas 34 hectáreas. Esta no es la situación más grave que tiene el país; tenemos por ejemplo la destrucción de 300 hectáreas de manglar en Puntarenas o una finca que hace poco el TAA cerró en Guanacaste, donde se afectaron hasta 150 hectáreas. El Estado debe procurar la pronta reparación de este daño”, estimó el funcionario.

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