Hace un año la casa club utilizada por Johnny Araya para la elecciones de alcalde en San José lucía signos visibles de su campaña. (Foto: David Chavarría)

La escasa claridad al investigarse la manera en que fue financiada la casa club utilizada en los pasados comicios municipales por el actual alcalde y candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya, hace que un año después el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantenga abierta una indagación en su contra.

El hecho fue puesto en conocimiento del órgano electoral luego de una publicación de UNIVERSIDAD en febrero del año anterior, en la que se dio a conocer que existían contradicciones sobre cómo se financió la propiedad utilizada durante cuatro meses por Araya como club político, antes de ser reelegido como alcalde de la capital.

Luis Diego Brenes, asesor político del TSE, confirmó que las pesquisas en contra de Araya avanzan, “hay una investigación en el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal”, la cual continúa al “no haberse confirmado, ni descartado el hecho”.

Pese a que se envió un cuestionario al encargado de prensa de Araya, las respuestas las dio el jefe de la campaña arayista, Antonio Álvarez Desanti, quien se limitó a decir: “Por respeto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los procesos de investigación de este órgano, no nos vamos a referir a este tema hasta tanto no concluya la investigación que aún está abierta y en curso”.

“Esperaremos a que el TSE emita el informe correspondiente antes de referirnos al caso o determinar las acciones convenientes a seguir», agregó Álvarez Desanti.

POCA CELERIDAD

La investigación en contra de Araya está completa en un 70 %, según Luis Diego Brenes, del TSE, quien dijo no saber cuánto tiempo más se demoraría dicho órgano para emitir un informe y con ello valorar si descartan la denuncia o la elevan a la Fiscalía General.

“Hay conciencia de la premura y atención del expediente. Sin embargo, ha sucedido en otros casos que se estima un tiempo determinado para la resolución, pero luego aparecen detalles que atrasan;  de allí la prudencia de no indicar un plazo”, puntualizó el funcionario.

La poca celeridad del ente electoral es criticada por el ciudadano Douglas Caamaño, quien denunció el año anterior la gran mayoría de casos de supuesta corrupción en el manejo de las finanzas del PLN, y que provocó la acusación de más de 90 dirigentes de este partido, así como recientemente el levantamiento de cargos penales a tres diputados de esa agrupación (véase recuadro: “Fiscalía acusa penalmente a diputados del PLN”).

“Tengo que entender que el Tribunal lo que está prácticamente es aletargando los tiempos de una manera muy delicada, para cuando entre el proceso electoral de lleno dediquen sus esfuerzos en los comicios y quede en una segunda estancia el resto de las investigaciones”, criticó Caamaño.

Esta afirmación fue desmentida por el asesor del TSE, Luis Diego Brenes, para quien “las denuncias se toman el tiempo que tiene que tomarse”, ya que los informes que se trasladan al Ministerio Público tienen que ser sólidos y no una “ocurrencia”.

CONTRADICCIONES

En la edición 1935 de UNIVERSIDAD, Orlando Guerrero, tesorero de la pasada campaña municipal del entonces candidato por el PLN, Johnny Araya, reconoció haber alquilado el edificio donde antiguamente se ubicaba la sede de la empresa Lachner & Sáenz, localizado en el Paseo Colón, con el fin de utilizarlo como casa club del alcalde josefino desde setiembre a diciembre del  2010.

Dicho local se empleó, pero sin que este se encuentre registrado ante el PLN, según lo manifestó en su momento Alex Sibaja, subtesorero de la agrupación. Asimismo, en los reportes financieros entregados al TSE no fue posible localizar el gasto realizado por Liberación Nacional para sufragar el alquiler.

No obstante, Orlando Guerrero aceptó que él puso el dinero para subsanar el pago de la renta, y que posteriormente Johnny Araya pagó lo adeudado. El acuerdo entre Guerrero y Araya fue verbal y la transacción se hizo en efectivo, tal y como lo admitió el tesorero de esa campaña municipal.

El edificio fue adquirido a inicios del 2010 por la sociedad Dinámica de Transportes, que pertenece al diputado Óscar Alfaro, aunque la sociedad Avenida de las Américas S.A. posee un poder especial sobre el inmueble en calidad de fiduciaria. Es así como el alquiler del local Guerrero lo realizó con dichas sociedades −a través de su empresa Continental de Componentes− y lo puso a disposición de Johnny Araya por la suma de ¢500.000 mensuales.

Ahora el caso está en conocimiento del TSE, por la supuesta donación en especie proveniente de una sociedad anónima y en favor de Araya, situación penalizada por el Código Electoral con cárcel, que iría de dos a seis años. 

Fiscalía acusa penalmente a diputados del PLN

El haber recibido presuntamente contribuciones en especies de sociedades anónimas y que favorecieron al Partido Liberación Nacional (PLN) llevó al Ministerio Público a encausar a tres diputados de la agrupación verdiblanca: Óscar Alfaro, Antonio Calderón y Alicia Fournier.

Jorge Chavarría, fiscal general de la República, solicitó a la Sala III iniciar el proceso en la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad a los tres legisladores, y que con ello afronten la querella.

A Antonio Calderón –quien además es secretario del PLN− se le acusa por haber recibido la donación de un inmueble utilizado como casa club para los comicios del 2010 y que no fue reportado al Tribunal Supremo de Elecciones, como lo exige el Código Electoral.

Dicha propiedad pertenece a Chicharrín S.A., del legislador Óscar Alfaro, a quien se le imputa por ofrecer la contribución en especie.

Por la acusación, Alfaro tildó el accionar del Ministerio Público como de “un absurdo”, porque “no se puede pretender que la utilización de un inmueble propio sea  cuestionado”.

Por su parte, Antonio Calderón defendió la labor del PLN, al considerar que actuaron con total transparencia durante la última campaña, y en su rol de secretario del partido fue que inscribió el club a solicitud de Óscar Alfaro.

“Tengo el acta donde se me solicitó la inscripción de ese club, así como lo hice con el resto del país, siguiendo el protocolo dictado por el Tribunal”, alegó Calderón.

Otra de las presuntas irregularidades señaladas por el TSE se da en la manera en que fue inscrito el Balcón Verde, edificio utilizado como sede central del partido oficialista. La Fiscalía determinó que dicha propiedad fue traspasada de la sociedad Verdiblanco S.A. a Bernal Jiménez, presidente del PLN, quien posteriormente donó el inmueble al partido.

Por este caso figuran como imputados Antonio Calderón y Alicia Fournier; esta última figuraba como tesorera del PLN en ese momento, y tuvo bajo su responsabilidad el registro de la sede.

A pesar de que se intentó conocer el criterio de Fournier, no fue posible localizarla en su despacho, ni por su teléfono celular. Respecto a este caso, Calderón adujo que el comité ejecutivo del partido actuó “apegado a la legalidad” y que “no hubo ninguna intención de violentar ninguna norma electoral”.

El hecho por el cual ahora se les acusa a los legisladores del PLN fue denunciado por Douglas Caamaño, quien acudió al TSE; posteriormente el órgano electoral  trasladó el caso a la Fiscalía.

Caamaño manifestó estar complacido a medias por la denuncia interpuesta en la Fiscalía; “siento que se pudo haber ahondado un poco más con todas las sociedades que manejó el diputado Óscar Alfaro”, añadió.

En el caso de la denuncia en contra de la diputada Alicia Fournier, Caamaño considera que se estaría culpando a “la que puso todo a derecho”.

“Los verdaderos responsables no están siendo señalados en este caso; es importante ver cuál es la participación del presidente del PLN, y por qué se esperaron hasta que Alicia puso a derecho la sociedad, si el nuevo código electoral ya estaba vigente desde antes”, cuestionó.