La creación de la «Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley» ha despertado la oposición de diversos sectores, los cuales la ven como un peligro para la paz del país y como una instancia que servirá para preparar cuadros policiales represores en la región.
Las academias policiales del continente han servido tradicionalmente para formar los cuadros represivos de cada nación.
Costa Rica, con fama de tener más maestros que soldados, pronto podría cambiar ese lema y decir que en su suelo se forman más policías que maestros, gracias a la proyectada instalación de la «Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley», auspiciada por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.).
La creación de este centro internacional de capacitación policial, no es visto con buenos ojos por diversos sectores nacionales, al considerar que no es más que una academia encubierta de instrucción militar, semejante a la Escuela de las Américas que operó en Panamá y Estados Unidos y que sirvió para preparar a numerosas fuerzas de represión en Latinoamérica.
Aunque sus promotores costarricenses y estadounidenses han asegurado que en ella no se impartirá formación militar, quienes se oponen consideran que su instalación atenta contra la tradicional imagen del país de vocación pacifista, y advierten del peligro que implica albergar personas que se encargarán después de reprimir a la población en sus naciones.
También cuestionan que el personal estadounidense gozará de privilegios de inmunidad, equivalentes a los que disfrutan los funcionarios diplomáticos, y que Costa Rica deberá gastar más de ¢200 millones anuales para mantener las instalaciones.
Algunas de estas críticas han sido expuestas por el exmandatario y presidente del Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI) -Rodrigo Carazo Odio-; por el coordinador nacional del organismo no gubernamental Servicio Paz y Justicia-Costa Rica (SERPAJ-CR) -Johnny Quirós Burgos; y el exlegislador José Merino.
Se intentó conocer el criterio del jerarca de la Defensoría de los Habitantes -José Manuel Echandi, pero a través de su oficina de prensa comunicó que aún no tienen una posición oficial.
El acuerdo inicial que en este sentido firmaron el pasado 6 de junio los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos (ver UNIVERSIDAD No.1487: «Maquila de militares»), ha despertado interés en otros países y en Uruguay el semanario Brecha le dedicó el pasado 2 de agosto la información «Jugar con fuego».
«Brecha» destacó como hecho contradictorio que Costa Rica se convierta en sede de dicha academia, mientras es «el único país del continente que abolió constitucionalmente el ejército».
«Todavía -dijo ese semanario- es un enigma descifrar por qué la administración Bush ha escogido Costa Rica como puerto de atraque de decenas de buques de guerra, después como centro de entrenamiento para que los militares de la región -bajo la tutela del Comando Sur del Pentágono- «protejan» el ambiente, y ahora como hogar de una escuela internacional de policía dirigida por militares estadounidenses que tendrán rango de diplomáticos».
EL ACUERDO
La creación de la academia deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa y por ahora lo que existe es el acuerdo suscrito el 6 de junio por el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos; el embajador de Estados Unidos, John Danilovich; y el presidente Abel Pacheco, en calidad de «testigo de honor».
Entre los objetivos del proyecto está «brindar formación de calidad y asistencia en el fortalecimiento institucional para combatir delitos transnacionales, incluyendo el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, los delitos financieros, el delito cibernético, el tráfico ilegal de armas de fuego, el tráfico de personas y de inmigrantes».
La academia será dirigida por un director de programa nombrado y costeado por EE.UU., mientras que la administración y manejo de las instalaciones estará a cargo un costarricense designado y pagado por Costa Rica, que también asumirá el costo de la infraestructura y su mantenimiento.
El ministro Ramos detalló al diario La Nación (26-07-02), que el país destinará un presupuesto cercano a los ¢200 millones por año para operar esa escuela, en tanto esperan conseguir $1 millón con una fundación para comprar el terreno.
Los materiales y equipos que sean importados para el funcionamiento de la academia, estarán libres de cualquier impuesto. Asimismo, a los instructores o estudiantes no se les cobrará por visas y permisos de residencia.
EN DESACUERDO
En relación con la eventual apertura de esa escuela en territorio nacional, el expresidente Rodrigo Carazo Odio dijo que «desde el punto de vista de un país civilista, no veo las razones de tener un arreglo de educación policial con un país altamente militarizado, y por ello, considero que los dos socios son incompatibles».
Para Carazo, la presencia de militares estadounidenses en suelo de Costa Rica no es conveniente, pues podría convertirla en objetivo de fuerzas políticas o terroristas.
El presidente del CDI espera que el plan de la escuela no cuaje y en caso contrario, que nunca sean utilizados los conocimientos allí aprendidos para reprimir protestas sociales.
Un criterio similar expresó Johnny Quirós Burgos, coordinador nacional del Servicio Paz y Justicia. Esta entidad es miembro del SERPAJ-Latinoamérica, la cual posee estatuto consultivo en Naciones Unidas.
Quirós Burgos estima innecesario traer a Costa Rica esa academia, en vista de que aquí hay capacidad por parte del Ministerio de Seguridad para dar capacitación.
En su opinión, los puntos del acuerdo «son lesivos para los intereses del pueblo costarricense», y «lo que más me ha chocado es que se establezca inmunidad para los funcionarios que allí trabajen».
No cree que el país obtenga algún beneficio con esta escuela, ya que «nosotros hemos podido subsistir sin ejército u organizaciones de este tipo», y el gobierno cuenta con suficientes recursos para mejorar la seguridad ciudadana. «No tiene que venir EE.UU. a implantarnos una escuela de este tipo».
Quirós instó a gastar los ¢200 millones que destinaría el país por año a dicho proyecto, en mejorar otros campos que requiere la población.
Por su parte, el exdiputado José Merino percibe intereses geopolíticos y militares tras la idea de abrir aquí dicha escuela. Podría deberse -comentó- a la fama pacifista del país, y que por ello «se piense que mayores son también las condiciones para edulcorar y enmascarar el rearme de la nueva estrategia intervencionista en la región».
Al argumentar su posición, explicó que «América Latina está convulsionada y precisamente eso es lo que inquieta al gobierno de Bush, como lo ha reconocido en su reciente gira Otto Reich, el subsecretario de Estado para América Latina».
«El Plan Puebla-Panamá y el ALCA -añadió Merino- tienen un componente militar: los mercados y el libre comercio pueden funcionar sin la regulación de los estados nacionales, pero protegidos por la fuerza policial y militar, que hay que aplicar contra subversivos y clases peligrosas: esos 250 millones de pobres que se resisten a globalizarse».
El exdiputado sostiene que «difícilmente pueden estar estos señores (EE.UU.) en condiciones de cumplir con el primer objetivo de la Academia de Policía que reza: «Apoyar el fortalecimiento institucional de la justicia criminal en América Latina, haciendo énfasis en el estado de derecho, los derechos humanos, la democratización y la construcción de capacidad para el cumplimiento de la ley».
Alegó que «un gobierno soberbio y prepotente que se niega a ratificar la Corte Penal Internacional, la Convención de la Niñez, el Protocolo de Kyoto, armado hasta los dientes, que no respeta los derechos de sus propios ciudadanos y ejerce de gendarme internacional al margen de cualquier imperativo ético o legal, ¿ puede, en verdad, venir a Costa Rica a enseñar a policías y militares de la región los principios y las prácticas de los derechos civiles y políticos?».
La creación en suelo nacional de la «Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley» está en manos de la Asamblea Legislativa, y por el momento el mandatario Pacheco no la ha incluido en la agenda de las sesiones extraordinarias que terminan el 31 de agosto.
