A tres años de la lucha contra la ley que intentaba privatizar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la entidad requiere flexibilidad en los mecanismos financieros y por eso apuesta por una reforma a la ley que la creó.
Las amplias protestas populares contra el combo del ICE, hace tres años, frenaron los intentos de abrir el mercado de las telecomunicaciones y de la energía.
El tercer aniversario de las protestas sociales contra los intentos privatizadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), coincide con el nombramiento de una Comisión Mixta Especial que analizará una propuesta de ley para fortalecimiento institucional, cuyo texto inicial cuenta con el aval de 40 diputados de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el ICE enfrenta serios problemas financieros por el retraso en la aprobación de empréstitos, faltante en el flujo de caja, críticas por la calidad en la cobertura de teléfonos celulares y es desangrado por empresas de cogeneración privada que consumen parte importante de su presupuesto.
En la mira de las transnacionales que buscan la apertura de las telecomunicaciones en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la institución requiere de instrumentos que la fortalezcan internamente y de la decisión política para evitar su privatización.
El ICE fue creado en 1949, luego de una larga lucha social para lograr una solución a la escasez de energía eléctrica y de pérdida de soberanía en la explotación de recursos hidroeléctricos. En 1963 se le encomendó el desarrollo de telecomunicaciones y de los servicios telefónicos, telegráficos, radiotelegráficos y radiotelefónicos.
Sin embargo, desde finales de la década de los 80 los gobiernos han intentado la apertura o privatización del mercado.
En diciembre 1999 el gobierno de Miguel Angel Rodríguez impulsó la fusión de telecomunicaciones, energía y radiofonía en uno sólo: «Proyecto de Ley para el mejoramiento de los servicios públicos de electricidad y de telecomunicaciones y de la participación del Estado», conocido popularmente como el «Combo del ICE».
El plan presentando el 23 de diciembre de 1999 en el plenario, fue aprobado el 21 de marzo siguiente por 47 diputados del PUSC y del PLN, con el rechazo de los de partidos emergentes y de amplios sectores sociales, y con los jardines de la Asamblea Legislativa llenos de policías del Ministerio de Seguridad.
La protesta popular obligó al entonces presidente Rodríguez a retirar el proyecto, que luego fue declarado inconstitucional por la Sala IV.
AVANCES Y OBSTÁCULOS
Para Jorge Arguedas, coordinador del Frente Interno de Trabajadores (FIT) del ICE, en estos tres años el plan de contingencia que nació de la Comisión Mixta del ICE en mayo de 2000 permitió importantes avances.
Entre ellos la adquisición de centrales telefónicas fijas, 400.000 nuevas líneas celulares, avances en la Red IP, la implementación del proyecto «Frontera a frontera», instalación de líneas de transmisión, avance de proyectos hidroeléctricos como los de Pirrís, Peñas Blancas y Cariblanco.
Sin embargo reconoció problemas en puestos estratégicos de la institución donde hay funcionarios identificados con las políticas neoliberales que obstruyen acciones a favor del ICE. Hay un
ingeniero mecánico que no tiene la capacidad para ser subgerente administrativo y falta nombrar un tesorero institucional, subrayó Arguedas.
Por su parte, el exdiputado José Merino, uno de los principales opositores del Combo, reconocer tres años después que «hay sectores de las cúpulas político-empresariales neoliberales que intentan desprestigiar a la institución para que las industrias de la energía y de las telecomunicaciones pasen de manos públicas a las privadas».
«Esas fuerzas han colocado en la Junta Directiva a parientes, amigos y compinches en los negocios, que paralizaron la institución. Son los mismos que hacen negocio con la cogeneración eléctrica privada y quienes han tejido alrededor del ICE una telaraña de leyes que lo asfixian y le impiden ejercer sanamente la autonomía», agregó.
Una de las mayores amenazas es la apertura de las telecomunicaciones que se propone en las negociadores del Tratado de Libre Comercio de estados Unidos con Centroamérica.
Según Merino, se presiona al gobierno costarricense para que se entregue a las transnacionales las industrias y los mercados de la energía y de las telecomunicaciones.
Por su parte, los sindicatos del ICE consideran que la oposición al TLC es fundamental. «La apertura obedece a los intereses transnacionales que desean servirse de lo que el ICE ha construido a lo largo de su historia. Además el tratado se negocia de espaldas al pueblo y sin transparencia; afecta no solo a las telecomunicaciones sino al agro, a los pequeños y medianos empresarios y en general a toda la población», consideró Arguedas.
COGENERADORES
Otro de los grandes desafíos que enfrenta el ICE son los efectos de la generación privada de electricidad que aporta el 16% de la energía total, pero que demanda solo en 2003 la suma de ¢31.000 millones, que se reparten en 28 empresas.
Sin embargo, este año solo se presupuestaron ¢21.000 millones para el pago a los generadores privados sin que a la fecha se tenga claro cómo se obtendrán los ¢10.000 millones restantes.
El año pasado el ICE pagó ¢29.929 millones a 28 empresas de generación privada de electricidad, pese a que la Contraloría General de la República ordenó a la institución emprender juicios de lesividad contra esas empresas al beneficiarse desmedidamente con el pago de tarifas cada vez más altas.
Para ese órgano, los cambios en las fórmulas tarifarias que favorecieron a ese grupo de empresas generadoras a finales de 1994 e inicios de 1995, habrían sido ilegales.
Sin embargo, el ICE no ha iniciado los juicios de lesivisidad y trasladó la responsabilidad a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), a pesar de que las tarifas para compra de energía son parte del contrato formalizado entre el ICE y las generadoras privadas y que la parte lesionada es el ICE y no la ARESEP.
El 28 de octubre pasado, la Contraloría General estableció que la Subgerencia del Sector Eléctrico debía acatar el acuerdo del Consejo Directivo del ICE en cuanto a solicitar a la ARESEP se modifiquen esas tarifas «con el fin de garantizar que ni en la actualidad o a futuro las mismas fueran lesivas al interés público y que su evolución no comprometiera la estabilidad financiera del sector eléctrico».
El 11 de noviembre de 2002, el regulador general Herman Hess, cuestionó la pretensión de que la ARESEP cambiara las tarifas a los generadores privados cuando ya habían pasado diez años y el ICE no había reaccionado. Hess añadió que la ARESEP no las modificaría pues eso implicaría para el Estado pagar fuertes sumas por concepto de indemnización a las generadoras privadas.
Diez días después la agencia estadounidense «Overseas Private Investment Corporation (OPIC)», advirtió al país que si el gobierno no frenaba la intención de cambiar las tarifas a los generadores privados, el Estado costarricense pagaría las consecuencias económicas.
REFORMA A LA LEY
El coordinador del FIT dijo que el proyecto de ley que se discute esta semana en una Comisión Especial Mixta «es una reforma consensuada que cuenta con el apoyo de casi 40 diputados. Sin embargo, el sector empresarial y el Movimiento Libertario quieren la apertura y algunos grupos ambientales desean solucionar sus problemas concretos a través del la Ley del ICE», agregó.
Por otro lado, los sectores ambientalistas y los representantes de comunidades ven en el texto una propuesta que no satisface las necesidades de los usuarios y externaron su oposición a la reforma.
Al respecto el exdiputado Merino considera que el proyecto puede ser una excelente oportunidad para forjar un amplio frente político y social en defensa del mejoramiento de la institución.
Por eso abogó por «un diálogo nacional franco, abierto, sin restricciones, alrededor de ese proyecto, que sirva también de marco para el análisis del ICE, no aisladamente, sino en el contexto nacional e internacional».
