Después de tanto estira y encoge el país tiene su combo eléctrico. Entre 30% y 47% de la producción de electricidad pasaría a manos privadas en los años venideros, con la aprobación reciente de una nueva ley a favor de las cooperativas.
La electricidad: negocio a la vista.
«Tenemos 38 años de hacer obras de beneficencia», destacó, con acento cortante, el gerente de Coopeguanacaste, Miguel Gómez Corea, al negar que dicho consorcio sirva a inversionistas extranjeros relacionados con el negocio de la producción privada de electricidad.
Si bien el negocio apenas está en ciernes, promete en un plazo inferior a ocho años ser floreciente, gracias a una ley de atropellada aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Permite a partir de ahora la inversión privada en tan estratégico recurso, a través del movimiento cooperativo.
Gómez Corea fue consultado el lunes 3 de febrero sobre afirmaciones hechas por el diputado Rodrigo Alberto Carazo Zeledón antes de aprobarse la ley «Participación de cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo».
Esta ley, a juicio de Carazo Zeledón, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), entre otras, asesta un duro golpe al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y comienza, según ellos, con el desmembramiento de éste en términos similares al del «combo», ampliamente rechazado por la sociedad costarricense en abril de 2000.
En declaraciones a UNIVERSIDAD Gómez Corea dijo desconocer las apreciaciones del diputado Carazo y consideró un «invento» de los ambientalistas la supuesta opción que tienen las cooperativas para utilizar aguas y otros recursos en reservas nacionales.
Carazo Zeledón, diputado y exdefensor de los habitantes, utilizó duras palabras contra Coopeguanacaste, en ocasión de aprobarse dicha ley. Consideró que esa cooperativa ha estado al servicio de políticos e inversionistas privados.
Gómez Corea anunció que el reglamento de la ley que publicará el Poder Ejecutivo estipulará la prohibición para utilizar recursos de zonas protegidas. «Nunca los hemos utilizados ni lo vamos hacer», sentenció.
Coopeguanacaste forma parte del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L., señalado como el principal beneficiario con la aprobación de esta ley.
Junto a Coopelesca, Coopesantos y Coopealfaroruiz, integraron desde 1989 el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L . Según el investigador y conferencista, ingeniero Carlos Rodríguez Chaves, las cuatro cooperativas tienen 89.802 socios y un total de 5.769 kilómetros de líneas primarias, con base en datos de 2001 de las cooperativas de electrificación.
Para Carazo Zeledón lo grave de esta normativa es lo que subyace en ella. Narró que hay asesores del ex presidente Miguel Angel Rodríguez, banqueros y un ministro de esa administración, entre otros, relacionados con el nuevo negocio quitado al ICE . Se calcula que en corto tiempo la privatización de la electricidad comprenderá un 47%.
Añadió que Coopeguanacaste se presta para negocios de una firma llamada Electricidad Eólica Chorotega S.A. El 35% de sus acciones son de Coopeguanacaste R. L., otro 35% pertenecen a la empresa Turbo Winds de Centroamérica S. A. y el restante 30% es de las sociedades Corporación Inversionista Cúspide IC S. A. e Inversiones Mandarín de Occidente S. A.
En su criterio, estas últimas sociedades son las propietarias de los terrenos del cerro Cacao en Santa Cruz de Guanacaste y en cuyo capital accionario tiene participación mayoritaria y relevante Rodolfo Brenes Gómez, presidente del Banco Nacional de Costa Rica, miembro de la Junta Directiva del Banco Internacional de Costa Rica, exdiputado por el Partido Unidad Social Cristiana, exjefe de la fracción, asesor directo y personal del expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; y » quien hace todas las gestiones de este proyecto eólico Chorotega es, el doctor don Carlos Vargas Pagán, persona de muchas capacidades morales y académicas, pero que también es abogado socio del bufete que dirige un expresidente de Costa Rica, don Rafael Ángel Calderón Fournier».
Para el exdefensor de los habitantes, lo que se trata es que Coopeguanacaste haga un contrato de gestión con Electricidad Eólica Chorotega S. A., por 25 años, en donde la primera pagará a Electricidad Eólica, un monto variable según la producción de la planta y las fijaciones tarifarias futuras. Electricidad Eólica Chorotega S. A. hace un contrato a su vez con Molinos Eólicos Diriá S. A., para alquilar la mayor parte de los equipos.
Además, la Chorotega S.A. contrata, llave en mano, la construcción de las obras y el montaje de los equipos alquilados de Molinos Eólicos Diriá S.A., alquilados con Turbo Winds de Centroamérica S.A., dueña del otro 35% del capital de Electricidad Eólica Chorotega S.A.
La empresa Turbo Winds de Centroamérica firma un contrato de operación y de mantenimiento con Electricidad Eólica Chorotega S.A. y subcontrata con Coopeguanacaste la construcción y el posterior mantenimiento de las líneas de interconexión.
Diriá hace un contrato de suministro de equipo con Turbo Winds de Bélgica, empresa que fabrica los turbogeneradores. La primera es una empresa instrumental cuyo propósito es permitirle al proyecto beneficiarse de un crédito blando de exportación del Gobierno belga, según el diputado.
NEGOCIOS EN MINUTOS
Ciertos o no los argumentos de Carazo Zeledón, el diario La Nación informó esta semana sobre conflictos de interés o tráfico de influencia al más alto nivel dentro de la clase política y empresarial nacional.
El más reciente tiene que ver con un directivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), cuya empresa ganó la supervisión de una obra en el sur.
Según el descargo de este funcionario, un «olvido» provocó que él siguiera en el Registro Mercantil fungiendo como representante de la empresa beneficiada y la vez lo hacía como directivo en el CONAVI.
Ejemplar, sin embargo, resultó el trabajo de los legisladores el pasado 27 de enero,cuando en un lapso de menos de una hora el plenario legisló a favor de las cooperativas y rechazó cualquier intento de reforma a la nueva ley por 47 votos a favor y 7 en contra.
Tal como aprobaron la ley, el artículo primero otorga a las cooperativas de electrificación rural los consorcios que estas formen y a empresas de servicios públicos municipales la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica utilizando recursos energéticos renovables y no renovables en todo el país.
Mediante el artículo 9, los legisladores trasladaron potestades propias del ICE a las agrupaciones privadas.
La disposición 10 prácticamente ordena al ICE a comprar a estas firmas la producción de electricidad, en términos similares a lo hecho con las empresas privadas cogeneradoras de energía.
En relación con los cogeneradores privados de electricidad, vale recordar las implicaciones de políticos nacionales en el negocio y los altos precios cobrados al usuario, sin que haya aún institución estatal responsable del reembolsar el sobre precio cobrado.
Para el representante de FECON, Mauricio Álvarez Mora, se pretende hacer a través de estas cooperativas todo aquello que buscaban con el combo del ICE: la privatización de los servicios públicos de electricidad .
Agregó que lo más grave es que «autoriza a las entidades antes mencionadas a obtener nuevas concesiones para el uso de las fuerzas de las aguas, con lo cual revive el desarrollo de nuevos proyectos de cogeneración privada».
Hay 80 gestiones empresariales para producir electricidad, a la espera de una resolución de la Sala Constitucional.
Según la ley aprobada recientemente – artículo 11 – se exonera además del pago «de toda clase de impuestos, que pudiera pesar en los bienes y servicios para la construcción, administración y operación general de sus sistemas, que los concedidos por el Estado a sus empresas de servicios eléctricos y a las empresas de servicios públicos municipales».
VIEJO SUEÑO
Para quienes pensaron alguna vez que la producción privada de electricidad era cosa de principios del siglo pasado, cuando el alumbrado del barrio dependía del generador de la compañía bananera o del dueño de la «planta», equivocaron sus cálculos.
El viejo sueño comenzó a germinar 38 años atrás, en silencio, cuando surgen las primeras cooperativas de electrificación rural, según datos del movimiento cooperativo.
Ya en 1990 Costa Rica pasa a ser el primer país en Centroamérica que por ley favoreció la cogeneración privada de electricidad, según el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.
Ana Lorena León, coordinadora del área de desarrollo y dirección sectorial de esa cartera, dio a conocer que poco después de aprobada esta normativa, hubo 71 proyectos declarados ilegibles por el ICE, de los cuales operaron 12 .
Otras siete solicitudes de elegibilidad fueron presentadas al ICE. El 98% de los proyectos son de carácter hidroeléctricos y sobrepasaban «la capacidad total de autorización de le ley».
Según datos del ICE el negocio de la electricidad resulta tentador. De un total de 27 países latinoamericanos recientemente evaluados, el precio promedio del sector residencial en Costa Rica está por debajo del promedio. Ocupa el octavo puesto en el hemisferio con el precio de esta energía más bajo.
Por tratarse de dos recursos estratégicos – electricidad y agua- organizaciones como FECON, ANEP, Mesa Nacional Campesina y la Indígena, pidieron de inmediato una discusión nacional para definir el marco jurídico que regirá las concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico.
