La existencia de las plataformas digitales CompraRed y Mer-link para realizar las contrataciones electrónicas de la administración pública es cuestionada por el Dr. Jorge Enrique Romero Pérez en su obra Contratación electrónica del Estado. Costa Rica, publicada recientemente por la Editorial de la UCR.
“Costa Rica no ha logrado contar con una sola plataforma digital para la contratación pública, como la misma Contraloría General de la República lo ha indicado”, afirma el Dr. Romero, investigador y coordinador del Doctorado en Derecho.
La plataforma CompraRed es de carácter nacional, tiene cerca de 12 años de operación y está ubicada en el Ministerio de Hacienda, con el radio de acción en el Poder Ejecutivo; en tanto que Mer-link es de la empresa transnacional Samsung, de Corea del Sur, con dos años de operación, y está radicada en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).Al respecto, Romero señala en su libro que al país y al pueblo costarricense le convienen mucho más la plataforma nacional de CompraRed, por ser gratuita para los usuarios de los sectores público y privado, y porque ha tenido un costo razonablemente bajo en más de una década de operación. Por lo cual, en su opinión, tiene que ser fortalecida y ampliada a todo el Estado costarricense.
Mientras tanto, considera ilegítima e inconveniente a Mer-link, ya que las entidades públicas compradoras pagan un monto o una suma fija mensual calculada sobre el monto del volumen o tipo de compra.
Además, menciona la incompetencia de una entidad autónoma como el ICE para realizar la regulación de las contrataciones de la administración pública, con el soporte de la plataforma de la empresa coreana. Aparte de ello, se ha ocultado información acerca de los miles de millones que las instituciones descentralizadas han pagado en dos años a Mer-link, asegura el autor de la publicación.
Para el jurista, “no es nada conveniente que la plataforma de las compras del Estado esté en manos de una transnacional coreana del Sur, como es Samsung”. De manera que “por razones de seguridad nacional se debe proteger la plataforma CompraRed”.
En este sentido, Romero indica que el 8 de abril de 2013 se presentó una propuesta de reforma a la Ley de la Contratación Administrativa, que “tiene la intención de que exista una sola plataforma electrónica para compras públicas; sin embargo, permite que en la esfera del Poder Descentralizado se puedan tener otras plataformas digitales para estos efectos. Este proyecto no lo dice, pero la intención del Poder Ejecutivo está a favor de Merk-link”.
Añade que dicho proyecto legislativo se pasó a la comisión parlamentaria permanente de Gobierno y Administración, y aún no se sabe qué rumbo tomará.
LA INVESTIGACIÓN
Esta obra del Dr. Romero es producto de un proyecto que se registró en la Vicerrectoría de Investigación, presentado como una propuesta para optar por el Premio Catedrático Humboldt 2010, promovido por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la UCR.
La primera fase de esta investigación se publicó en 2012 en una obra bajo el título Derecho Internacional de las contrataciones públicas electrónicas, la cual comprendió una presentación del tema en Europa, América Latina y Costa Rica. La segunda fase se centró en Costa Rica y consistió en la ampliación y actualización del capítulo cuarto del primer libro, acerca de la administración pública costarricense, como gestora de contratos administrativos.
La publicación reciente consta de seis capítulos: Marco normativo, Documentación administrativa del Ministerio de Hacienda y el ICE, Acciones de inconstitucionalidad, Informes de la Contraloría General de la República, Metodología de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) y Observaciones sobre el Sistema de Contrataciones Electrónicas Públicas en la región centroamericana y el Caribe.
Además, el libro contiene un glosario con algunos términos propios acerca de la contratación electrónica de la administración pública.
En el prólogo, el Dr. Hugo Alfonso Muñoz Quesada, catedrático de la Facultad de Derecho de la UCR, plantea la interrogante de por qué no se han utilizado los instrumentos tecnológicos en algunos ámbitos fundamentales de la actividad administrativa del país, y pone de ejemplo a la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde no se quiere emplear el expediente informático en lugar del tradicional expediente físico, debido a intereses de ciertos grupos.
“Ante los atrasos e ineficiencia del sistema, se observa, además, falta de voluntad política de los dirigentes ante esos obstáculos en su aplicación. Sin embargo, esa decisión política sí existe para el campo de las contrataciones administrativas por medios electrónicos”, concluye el Dr. Muñoz.
